La reforma al Código Penal aprobada el pasado miércoles por la Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por el oficialismo, busca que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriban obligadamente la candidatura de Nayib Bukele a la reelección, a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe reiteradamente.
Así lo advirtieron tres especialistas del Derecho a El Diario de Hoy.
Se trata de una enmienda al artículo 295 del Código Penal con la cual se aumentan penas hasta a 15 años de prisión por el delito de fraude electoral y que incluye a las personas que “obstaculicen la inscripción de candidaturas”.
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“El que por cualquier medio impidiere u obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia, la elaboración de credenciales, el registro electoral o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades o interfiera en el escrutinio de votos”, será sancionado con pena de prisión de 10 a 15 años, dice la iniciativa.
El magistrado del TSE, Julio Olivo, calificó tal reforma como “peligrosa”. “Directamente penaliza a los magistrados y va con dedicatoria a aquellos que razonamos nuestros votos. Dicen que van a aplicar de 10 a 15 años de prisión por negarnos a inscribir una candidatura. Nunca se había visto eso en la historia del país”, reprochó Olivo.
A juicio del juez electoral, esta normativa va dirigida para los magistrados del Tribunal y para integrantes de Juntas de Vigilancia Departamentales (JVD) que inscriben a los candidatos a concejos.
“Eso es peligroso, porque es como que el juez estuviera resolviendo como yo lo dije en una ocasión: con la pistola en la frente, porque lo meten preso si usted no inscribe la candidatura”
Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral
Y es que precisamente esta reforma penal se da luego del polémico anuncio del presidente Bukele sobre su interés en la reelección presidencial inmediata en 2024, pese a a que la Constitución lo prohibe y ocurre después de que en septiembre del 2021, la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo le dio luz verde para optar a la reelección.
Al preguntarle a Olivo si esta enmienda penal va en esa dirección, el magistrado respondió: “Esto va para quien diga que no se puede inscribir (la candidatura de Bukele) porque es inconstitucional, es para cerrar ese bolado (asunto).
También con la candidaturas que quieren inscribir y que no cumplan con los requisitos que dice la Constitución para concejos o diputados, pero principalmente quieren cerrar ese círculo (inscripción del presidente)”, explicó.
Cabe mencionar que anteriormente Olivo declaró que había más de un magistrado que al igual que él quería “razonar” (objetar) ese voto (sobre candidatura de Bukele ). Según el funcionario, esa es la razón por la que el oficialismo “está penalizando si alguien quiere obstaculizar la inscripción de candidaturas”.
Para que el mandatario salvadoreño pueda ser inscrito en la nómina de candidatos presidenciales se necesitan cuatro de los cinco votos de los magistrados del TSE. Es decir, sin el voto de Olivo y de otro magistrado, Bukele no podría participar.
“Con uno que dijera que no, de los cuatro restantes, le complica la inscripción a Bukele y por eso están poniendo esa regla y una pena bien alta e irracional, porque ni por amenazas a muerte existe esa penalidad, pues son solo tres años”, criticó el juez electoral.
¿Qué dicen los especialistas?
Según el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, la enmienda busca “salvaguardar” la decisión de los salvadoreños en las próximas elecciones. Sin embargo, el abogado constitucionalista Enrique Anaya coincide con el magistrado Julio Olivo y consideró que la iniciativa busca sancionar penalmente a quienes expresen “inconformidad” con la segunda candidatura inmediata presidencial de Bukele.
“Es un evidente mensaje para dos grupos: uno, para aquellos magistrados del TSE, ya sea el Señor Olivo o cualquier otro magistrado que se opusiera y no autorizara la inscripción del mandatario, y también va dirigido a todos aquellos que expresemos nuestra inconformidad con esa candidatura, es decir, cualquier persona decente y que como yo comenté, todo constitucionalista en este país se opone a semejante disparate de la reelección inmediata”
Enrique Anaya, abogado constitucionalista, en declaraciones a El Diario de Hoy
Luego explicó la idea del oficialismo para aplicar tal normativa: “Van a decir que no es que uno esté cometiendo el delito ciertamente, pero que está incentivando a que el delito se cometa”.
“Así que estoy convencido de que esa reforma dictada en el momento que se está dictando es expresión de que el régimen tiene claro que la candidatura para la reelección presidencial inmediata es inconstitucional, es ilegal y por lo tanto pues tienen como garantizarse que cualquier persona que exprese negativa de inscribirlo, ya sea formalmente en el TSE o todos aquellos que digamos que legalmente no procede nos puedan sancionar”, manifestó.
Para Anaya, esa pretensión es una aberración, es una violación a la libertad de expresión, a la independencia y autonomía de los magistrados del Tribunal Electoral, pero esto es una expresión más del régimen por quererse garantizar la reelección.
“Es la reafirmación del miedo a perder el poder”.
Por su parte, la también constitucionalista Ruth Eleonora López opinó que “esa reforma es la reafirmación del miedo que Bukele y su grupo de poder tiene de perder el control del país”.
Luego de eso consideró que tal enmienda “es un ridículo salbeque” teniendo en cuenta que los magistrados están obligados a hacer un análisis constitucional y legal “así como los ciudadanos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, que claramente no permite la reelección inmediata”.
Además, expuso que el mismo artículo 295 del CP establece que deben cumplirse los requisitos legales para poder inscribir y tanto en los organismos electorales de cada partido para las internas, como las JED (a cargo de la inscripción de los concejos) y los magistrados deben verificar que las personas que se postulen constituyan una oferta electoral que se apegue a los criterios legalmente establecidos. Por ejemplo, si inscriben a un ministro religioso o a un militar de alta, esa candidatura se puede impugnar y el órgano electoral tendría que revocarla.