Ante la excusa de que el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y los otros cuatro miembros del pleno de esa institución nunca han gozado de un aumento salarial y tampoco tienen asignado gastos de representación; la Gerencia del TEG resolvió el 14 de noviembre de 2022 que a partir de 2023 esos cargos tendrán a su disposición, además de su salario, una cuota aparte para realizar las distintas actividades inherentes a su cargo.
Es así que el presidente actual, Néstor Castaneda, reelecto en ese puesto por la bancada oficialista en abril de 2022, tendrá derecho a $1,500 mensuales; y los otros cuatro miembros propietarios del pleno que integran el Tribunal de Ética recibirán $1,000 mensuales, haciendo una emisión total al mes de $5,500 de fondos públicos para cinco funcionarios cuyo uso no será necesario justificarlo, cuestionó la abogada Ruth Eleonora López, Jefa Jurídica y Anticorrupción de Cristosal, en un tuit publicado este martes 3 de enero.
“TEG decide recetarse gastos de representación: $1,500 para presidente y $1,000 para resto de miembros sin que tengan que justificar su uso. Son $66,000 anuales cuando pudieran contratarse más colaboradores para tramitar casos”, lamentó López, al publicar parte de la resolución del TEG.
Para cumplir con esa retribución económica se explica en el acta de resolución, que el presidente y el pleno de la entidad autorizaron al Gerente General gestionar ante el Ministerio de Hacienda la asignación de los gastos de representación para los miembros del pleno. La decisión fue tomada por unanimidad.
Dicho beneficio no existía hace 16 años cuando nació el Tribunal de Ética, entidad cuyo nombre justifica el objetivo para el cual fue creada, para velar porque los funcionarios públicos hagan buen uso de los recursos del Estado.
En la resolución, el Gerente General Administrativo y Financiero considera que es “factible y viable el financiamiento de dichos gastos de representación”.
Las razones que expone es que “en los 16 años de existencia del Tribunal, los miembros del Pleno nunca han tenido aumento de salarios”, que además, “los miembros del pleno no tienen asignados vehículos ni cuota de combustible para realizar sus funciones inherentes al cargo”; y que también, “no tienen asignados gastos de representación”.
Añaden que los $66,000 anuales que erogará el TEG para otorgar esos beneficios saldrán con cargo a las propias asignaciones presupuestarias de la institución para su funcionamiento en el presente año, para lo cual solicitaron a Hacienda el año pasado que asignara ese dinero.
Que la decisión está amparada en el Art.10 de la Ley de Ética Gubernamental que, asegura, les faculta de autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario.
Lo anterior contradice lo dicho por el mismo titular del Ramo, Alejandro Zelaya y por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de que ninguna institución tendría aumentos salariales, ni emolumentos este año, en aras de ser austeros con las finanzas estatales.
Sin embargo, aunque el gerente del TEG argumenta que los funcionarios en mención nunca han recibido un aumento salarial, en el Portal de Transparencia del Gobierno se revela que el presidente Néstor Castaneda, cuyo periodo vence hasta en abril de 2027, tiene un salario mensual de $5,000. Su cargo está bajo Ley de Salarios.
Esto implica que Castaneda ahora dispondrá de $5,500 mensuales, al sumarle $1,500 que tendrá adicionales para gastos de representación.
En tanto que los otros cuatro miembros propietarios del pleno cuentan con un sueldo de $4,000 mensuales, también bajo la categoría de Ley de Salarios. Ellos ahora devengarán $5,000 al mes, sumando $1,000 más para viáticos.
Pese a tener altos salarios, en la resolución el Gerente del TEG argumenta que es necesario que dispongan de más recursos para poder realizar de manera efectiva sus labores.
Los gastos de representación serán para desarrollar actividades en conjunto con otras instituciones del Estado, entre ellas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad Técnica Ejecutiva que se llevan a cabo durante todo el año.
“En este Grupo Técnico Interinstitucional Anticorrupción, se coordinan esfuerzos para combatir multidisciplinaria e interinstitucionalmente la corrupción en El Salvador”, dice la resolución.
Entre las actividades que ejecutan están: compartir experiencias y buenas prácticas para mejoramientos de procesos de investigación, desarrollar capacitaciones conjuntas en temas específicos para combate a la corrupción, presentar un frente común para coordinar acciones en materia de combate a la corrupción, compartir e implementar esfuerzos de capacitación útil para las funciones de cada entidad, desarrollo de diplomados, y atender a diferentes organismos internacionales, entre otras.
Justifican que el pleno ha tomado nuevas directrices de trabajo, tales como dar seguimiento a metas y objetivos y formas de capacitación al interior de cada municipalidad.
“Como se puede ver muchas actividades del Pleno se desarrollan fuera de la institución, lo que lleva a invertir en gastos que no tienen contemplado en sus funciones como tal”, establece el acta de la resolución tomada el 14 de noviembre de 2022.