El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán absolvió este martes a siete líderes comunales y defensores del agua en Hacienda La Labor, en el departamento de Ahuachapán, a quienes se les acusó de agresiones y ocupación violenta de terenos de la empresa Fénix.
Durante el juicio desarrollado en su contra la Fiscalía no se logró comprobar la existencia de los delitos para Jorge Alberto Artero Zúniga, José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco, Erika Rosmeri Solórzano de Guerra, Kefin Josué Menéndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero.
Los líderes comunales denunciaron a la empresa por supuestamente extraer agua de manera ilegal para un proyecto urbanístico que desarrollaba en 2021 y por el cual aseguraron la comunidad se estaba quedando sin agua, luego la Fiscalía los acusó de entrar de forma violenta a las propiedades de la constructora.
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El tribunal impuso medidas cautelares, no obstante en septiembre de 2022 los acusados fueron sobreseídos provisionalmente, el tribunal de Instrucción de Ahuachapán consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes para continuar con el proceso y llagar a la etapa de juicio.
En noviembre de 2022 tras la apelación del Ministerio Público, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente revocó el fallo y ordenó la apertura a juicio. Consideró que en el proceso no se valoró la declaración de tres testigos supuestamente agredidos por los acusados.
Sobre el caso
En la acusación, la Fiscalía sostenía que en octubre de 2021 tres líderes comunales y cuatro personas más entraron de manera violenta a los terrenos de una empresa inmobiliaria, en los que se construían dos pozos de agua, y lesionaron a varios trabajadores.
El Ministerio Público dio en su momento que de acuerdo a las investigaciones los acusados, "el 25 y 26 de octubre, bajo amenazas llegaron a la propiedad (donde se encuentran los pozos), agrediendo y exigiendo a los trabajadores para que se suspendiera el trabajo que hacían, causándoles lesiones”.
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La acusación se dijo luego de que ellos denunciaron la extracción de agua que hacía la empresa sin tener los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Durante el proceso, los habitantes argumentaron que no habían cometido ningún delito, y que solo luchaban por cuidar los mantos acuíferos de la zona.