Si hubiese que contar la historia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), esta sería muy parecida a una tragedia. No solo por su estado actual, rumbo al despeñadero de forma acelerada, sino por lo que alguna vez significó: una gran oportunidad de saber cómo se prioriza y utiliza el dinero que los salvadoreños aportan en impuestos. Además, porque sus verdugos parecen ser quienes más han ofrecido transparencia y combate a la corrupción en su campaña.
En un país acostumbrado a que sus funcionarios le oculten datos y de cuando en cuando llenen sus bolsillos con los recursos de todos, esta ley supuso desde un inicio una forma de prevenir o desenmascarar la corrupción y una luz de esperanza. Quizá una demasiado buena como para durar mucho.
A partir de su concepción, la LAIP contemplaba información que debía ser estar al alcance de la ciudadanía aun si no había sido solicitada por nadie. Además, establecía el tipo de información que puede solicitarse, plazos razonables para entregarse y límites claros a la información que puede permanecer reservada temporalmente. Además, para proteger el derecho a saber, se planteó la creación de un instituto, conformado por comisionados independientes al poder político, que podían resolver controversias entre ciudadanos que buscaban información y funcionarios que lo negaban.
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Gracias a eso, los salvadoreños pudieron conocer datos puntuales como el gasto de la Asamblea Legislativa en suntuosos regalos y botellas de licor. Pero también pudo evidenciarse algo más grande: gracias a la LAIP la Sección de Probidad tuvo que empezar a reportar a la ciudadanía el resultado de sus auditorías al patrimonio de exfuncionarios. Es así como los salvadoreños han podido ver en prisión a un expresidente, Antonio Saca; y a otro procesado por actos de corrupción, Mauricio Funes, quien se encuentra en Nicaragua huyendo de la justicia.
La fuerza de la LAIP es su vulnerabilidad
El potencial de la LAIP ha sido enorme. Para los periodistas, es un aliado importante en la búsqueda y presentación de la verdad. Para la academia, promete datos que permitan emitir recomendaciones técnicas del más alto nivel. Y para la ciudadanía, es una herramienta poderosa de desenmascarar a sus políticos y ver más allá de los eslóganes.
Pero el mismo potencial de esta ley es lo que la hizo vulnerable a ataques desde las más altas esferas políticas, las cuales desde un inicio han querido deshacerse de ella.
Y hoy, más que nunca, los salvadoreños están siendo testigos de que el gobierno de Nayib Bukele y Nuevas Ideas están haciendo esfuerzos por terminar de enterrar el derecho de acceso a la información consagrado en esta ley.
En julio de 2021, el Ejecutivo presentó un pliego de reformas a la Asamblea Legislativa que en la práctica buscan atar de manos por completo a la ley. Entre ellas, se permite ocultar la información que hasta hoy es obligatorio presentar sin que alguien la tenga que pedir, como salarios de funcionarios, gastos de viajes, planes de trabajo, entre otros. Además, adelanta sanciones a los ciudadanos que divulguen información obtenida usando la LAIP. Esto equivale a sepultar la ley.
Pero además de esto, han emprendido acciones administrativas como abusar de la reserva de información (bloqueo temporal de ciertos datos) sin justificar por qué eso es necesario. Además, acciones políticas como el nombramiento de comisionados que dependen del Ejecutivo, cuando deberían ser independientes para evitar conflicto de interés, y hasta la separación de su cargo a una comisionada que se mantuvo independiente.
Estos ataques resultan curiosos si se tiene en mente que los encabeza un gobierno que hizo campaña sobre la base del combate a la corrupción, pero que al verse confrontado por sus propios pecados ha decidido emular, pero con significativas creces, los intentos de sus predecesores de tener a la LAIP como un manifiesto de buenas intenciones pero sin intenciones reales de tomar en serio su texto y su espíritu. En resumen, buscan tenerla como adorno mientras ocultan al ciudadano cómo gastan sus impuestos.
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Este golpe a la transparencia sucede nueve años después de que el presidente Nayib Bukele criticara a su entonces partido, el FMLN, por promover reformas que debilitaban la LAIP. Reformas mucho menos ofensivas que las que sus diputados estuvieron a punto de aprobar en la última plenaria.
Además, sucede al mismo tiempo que el gobierno consolida su poder sobre el Órgano Judicial, mientras controla a la Fiscalía General de la República y se ha sacudido a la unidad anticorrupción dentro de esta y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), su principal promesa de campaña.
De gran promesa a muerte anunciada
El 3 de marzo de 2011, en un extraño despliegue de acuerdo político, 81 diputados de todas las bancadas legislativas aprobaron una LAIP trabajada por años desde la sociedad civil.
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Por sus garantías, procedimientos y alcances, en su momento se le incluyó entre las 5 mejores normativas del mundo en esta materia y el mundo entero aplaudió a El Salvador por este importante paso. La misma Sala de lo Constitucional incluyó el acceso a la información como un derecho constitucionalmente protegido. El Salvador soñó con lo que parecía imposible, que sus políticos dejaran de ser seres que nadan en la impunidad y la sombras.
Pero once años después, el país está de vuelta donde empezó: nuevamente frente a funcionarios que, creyéndose soberanos, pretenden decirle al ciudadano que no tiene derecho a saber cómo se gastan sus impuestos. Y, además, amenazando, acosando, espiando y atacando a los que luchan por la transparencia. Todo esto, en medio de aplausos ensordecedores.