Tuvieron el tiempo suficiente y la correlación legislativa para hacer una verdadera reforma integral para las pensiones que hiciera justicia con las personas que aportan con sus impuestos el pago de las mismas y que ahora con el aumento del 30% tendrán que cargar más con ese peso sin esperanza de llegar a tener una pensión para su vejez.
Así reclamó la diputada, Anabel Belloso, del FMLN, el martes 20 de diciembre en que la Asamblea aprobó la nueva “Ley Integral de Pensiones”, una normativa que le sale debiendo por mucho a los trabajadores del sector informal, siendo esta una de las deficiencias más notorias del sistema vigente y que arrastra también la nueva ley que el gobierno impulsó en la Asamblea.
La parte humana de ese enorme vacío que deja la ley la develó la diputada Belloso, pero el economista Rafael Lemus pone las cartas sobre la mesa con números, sobre el costo que implica para los trabajadores por cuenta propia tener que pagar con sus impuestos parte del aumento que ahora recibirán los “más privilegiados” del sistema antiguo que no aportan nada y que aún así recibirán incremento.
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“Este grupo es señalado por tener tasas de reemplazo (pensión/último salario) arriba del 60% y en algunos casos de hasta el 100%. Por ello, no constituyen un problema generalizado de bajas pensiones, sino todo lo contrario”, dice Lemus.
Además, el costo a futuro que tendrá en los jóvenes que con sus cotizaciones financiarán ese aumento. “La reforma por su diseño genera injusticias en la distribución entre asalariados”, ahondó.
En resumen, dice el experto, las reformas a las pensiones traen consigo un supuesto beneficio que contrapuesto con las desventajas, el resultado es más negativo que positivo. (Ver recuadro).
Además, analiza que la Constitución establece para el pago de pensiones un esquema tripartito, es decir, con aportes de los trabajadores, empleadores y el gobierno.
“Pero en la reforma, el gobierno reduce sus gastos y pasa factura a los cotizantes de las AFP. Y por otra parte, no asume incrementos de nada de aportes”, criticó Lemus.
LOS PRO Y CONTRA DE LA NUEVA LEY DE PENSIONES
| ¿EN QUÉ BENEFICIA? | ¿CUÁL ES LA DESVENTAJA? |
| Incremento generalizado de las pensiones de vejez actuales y futuras en un 30% | Excluye al grupo de invalidez y sobrevivientes (esposas, hijos o padres). No se dispone de un estudio que magnifique el costo del incremento de las pensiones del 30% y cómo se financiará de forma permanente |
| El total de la cotización pasará del 15% al 16%. De ese porcentaje un 1% pasará a la Cuenta de Garantía Solidaria. | El 1% que ahora pasará al Fondo Solidario es el que se ocupa actualmente para contratar el seguro privado que se somete a licitación para cubrir el riesgo de invalidez común y sobrevivencia cuando el trabajador fallece, pero con el cambio para incrementar el porcentaje que recibe el Fondo Solidario del 5% al 6% también se le trasladan el gasto de los egresos por invalidez y pensiones de los sobrevivientes. Del 5% que actualmente tiene el Fondo Solidario, 2% es para financiar la pensión por longevidad, es decir, cuando el trabajador sobrevive después de los 20 años que cubren sus ahorros, y un 3% para financiar gastos de pensión mínima que el gobierno no puede cubrir. Esto es un préstamo al gobierno pero con repago al cotizante cuando reclame pensión incluido los intereses dejados de percibir, pero con la nueva ley esto se anula y el gobierno se apropia de esos fondos. |
| Pensionados del ISSS y del INPEP también recibirán 30% de incremento | Este grupo tendrán aumento en su pensión sin realizar ningún aporte. Para financiar las pensiones de este grupo se utilizarán las cotizaciones de los actuales y futuros trabajadores activos. También saldrá de los impuestos que paga el sector informal, quienes no tienen derecho a pensión. |