Tras la reciente publicación del informe sobre los continuos peligros de vivir en El Salvador y Honduras, expertos nuevamente han retomado el llamado para redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS), en afán de lograr un amparo para la población de ambas nacionalidades.
El documento elaborado por la socióloga Cecilia Menjivar y el economista William Pleites con el respaldo de la Alianza Nacional TPS, expone las condiciones de inestabilidad económica y social, entre las que resaltan los continuos peligros, situaciones de violencia y denuncias por desapariciones a las que actualmente se enfrentan los salvadoreños.
Considera, además, que la migración de estas naciones seguirá afectando a la región a medida que no superen dichas condiciones. Los miembros de la Alianza recalcaron el esfuerzo realizado por los migrantes para impulsar la economía estadounidense, incluso durante los meses más críticos de la pandemia por Covid-19.
Inseguridad y violencia
Aunque las muertes violentas han disminuido drásticamente en los últimos meses, pasando de tener un índice de 35.6 homicidios por cada 100,000 habitantes a 7.8 en el año 2022, según los datos presentados por InSight Crime en 2023.
Sin embargo, los expertos observaron que se ha presentado un incremento significativo en el índice de desapariciones durante los últimos años. Aunque las víctimas de estos casos hayan perdido la vida en situaciones de violencia, los datos no se encuentran reflejados en las estadísticas de homicidios que ocurren diariamente.
El informe resalta investigaciones independientes realizadas de forma previa en las cuales se observó cómo la población se vio obligada a abandonar el país tras recibir amenazas, tomando como referencia los trabajos presentados por El Faro.
El Observatorio de Derechos Humanos, centro de investigación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), expuso que en 2022 hubo aproximadamente 1,016 muertes violentas y 308 casos de desapariciones, además de 86,046 personas detenidas sin acusación.
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Inestabilidad económica
Uno de los puntos destacados en el reporte es la fragilidad de la economía salvadoreña debido a que no está generando los empleos necesarios para absorber en el mercado laboral a toda su población. Desde 1989 la economía formal ha presentado una creciente disminución.
Actualmente el 60% de la fuerza laboral está subempleada, debido a que los empleos existentes no corresponden al nivel educativo predominante según los datos presentados por el Banco Central de Reserva en 2022.
El economista William Pleites expone que durante los últimos 25 años la economía salvadoreña ha generado un promedio de 13,000 empleos anuales, mientras que 50,000 personas ingresan al mercado laboral cada año. “La economía debería generar 106,000 anuales en los próximos 20 años para absorber esta mano de obra”, señaló Pleites.
En cuanto a las estimaciones de la migración salvadoreña los datos varían significativamente desde alrededor de 1.5 millones según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (2021), a 2.5 millones según las estimaciones de la OIM (2017), y 3 millones según las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
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Deportación de salvadoreños
La deportación de inmigrantes tendría un efecto negativo profundizando problemas socioeconómicos del país, generando condiciones propicias para un clima de mayor inestabilidad política y desestabilización.
Se estima que las remesas disminuirían en más de $1,200 millones de dólares. Mientras que las tasas de pobreza incrementarían hasta 10 puntos porcentuales.
Mientras que otros dos tercios de la población económicamente activa podrían verse afectados con el desempleo y subempleo.