El año que terminó estuvo marcado por vulneraciones constantes a la libertad de prensa, acoso a periodistas independientes, una mordaza y el exilio de una decena de personas que temen las represalias de un Estado enemigo de la rendición de cuentas y de las preguntas incómodas. Nada nuevo bajo el sol, pero no por ello menos grave.
El 2022 inició con un muy mal augurio. En enero se confirmó que al menos 31 periodistas salvadoreños habían sido infectados con el software de espionaje Pegasus. Su fabricante, NSO Group, solo lo vende a Estados, por lo que hay indicios fuertes de que el gobierno salvadoreño está empleando recursos públicos para seguir a periodistas e invadir su privacidad.
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Además, con el advenimiento del régimen de excepción, se aprobó una reforma al Código Penal que castiga con hasta 15 años de cárcel el publicar información relacionada a pandillas que pueda generar “zozobra y pánico”. Rápidamente, esto fue calificado como una mordaza por organizaciones que velan por la libertad de prensa, dentro y fuera del país.
Esta reforma ha promovido la autocensura en medios independientes que temen represalias legales a nivel de compañía o consecuencias para periodistas individuales.
Asimismo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) da cuenta de la salida del país de al menos 10 periodistas por temor a represalias por sus publicaciones.
La Asamblea Legislativa, además, aprobó un pliego de reformas que le permiten al Estado intervenir las telecomunicaciones con menos filtros. Una de estas llevó a la creación de jueces cuya única misión será conocer y decidir sobre solicitudes de intervención de la Fiscalía. Con un aparato judicial cooptado por el Ejecutivo, hay pocas garantías de que estos jueces no serán simples tramitadores de las solicitudes del Ministerio Público.
Algunas de las amenazas al periodismo y cierres del espacio cívico parecían lejanas en un El Salvador que intentaba construir una joven democracia. Sin embargo, el ímpetu autoritario del oficialismo salvadoreño ha devuelto al país a viejos vicios y la búsqueda de una voz única y hegemónica: la del gobierno.
Acoso, estigmatización, arbitrariedad policial
Además de los nuevos desafíos al trabajo de la prensa independiente, algunos de los comportamientos usuales del gobierno en sus primeros años se mantuvieron en el 2022.
El oficialismo siguió invirtiendo recursos en mantener granjas de troles que atacan, desde el anonimato, a quienes hacen preguntas, pero también a quienes exigen rendición de cuentas en el país.
Uno de los objetivos principales de estas operaciones digitales es crear temor y disuadir las críticas al programa de gobierno. Esto se ha agravado con el régimen de excepción, pues ahora información básica sobre el desempeño de este y las cifras de violencia están bajo reserva.
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En este año que terminó, siguió habiendo vulneraciones al ejercicio periodístico por parte de la Policía Nacional Civil, que impidió el trabajo de algunos medios. Además, agentes policiales intentaron retener de forma arbitraria a una fotoperiodista de El Diario de Hoy, quien fue auxiliada por colegas que se aproximaron al lugar.
Cifras alarmantes
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dio cuenta de 125 agresiones a periodistas independientes, hasta el 21 de diciembre.
“La mayoría de los casos”, según detalló a El Diario de Hoy Angélica Cárcamo, presidenta de APES, “son ataques digitales, sin dejar de lado los casos más graves de espionaje con Pegasus y la salida preventiva de 10 colegas, la mayoría en el marco del régimen de excepción”.