Ante la falta de transparencia sobre datos de personas fallecidas bajo custodia del Estado por parte de las autoridades gubernamentales, diversas organizaciones sociales, entre estas Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario, han creado sus propias bases de datos a partir de los casos documentados por los medios de comunicación.
Según el informe elaborado por Cristosal sobre violaciones a derechos humanos, a un año del régimen de excepción, se han documentado 132 casos de personas que han muerto bajo custodia del Estado.
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En tanto, el Socorro Jurídico Humanitario informó en una conferencia de prensa que han registrado 126 muertes de personas mientras permanecían detenidas en centros penales y bartolinas policiales.
El reporte del Socorro se basa en casos denunciados directamente en sus oficinas por los familiares de las víctimas y publicaciones en medios de comunicación.
“Esta no es una cifra oficial, porque muchos casos no salieron a la luz pública ya que algunas familias prefirieron callar”, enfatizaron los representantes del Socorro.
Los datos del Socorro Jurídico sobre el primer año del régimen, revelan que el mayor número de muertes se dio en junio de 2022, en el que murieron 41 personas, seguido por mayo en el que se reportaron 20 muertes.
Presuntas torturas
Según las investigaciones realizadas por personal de esa organización humanitaria, en muchas de las muertes registradas bajo custodio del Estado, las autoridades les entregaban los cadáveres bajo sospechas de muerte por Covid-19. Pero cuando los familiares abrieron los ataúdes, se dieron cuenta que estos presentaban signos de violencia, de posibles torturas y malos tratos.
De acuerdo a los datos recopilados por Cristosal, en su cuarto informe del régimen, a través de testimonios de personas que estuvieron detenidas, de parientes de los que fallecieron “un número importante fueron golpeados al momento de la detención; otros sufrieron lesiones graves y no se les dio atención médica y en otros casos fueron víctimas de abuso y tortura en el interior de los centros penales”.
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Para Ingrid Escobar, representante del Socorro, la responsabilidad de estas muertes cae bajo la Dirección de Centros Penales por permitir que “custodios golpeen a las personas que van ingresando a centros penales y por la falta de un adecuado sistema de administración de medicamentos para aquellas personas con enfermedades crónicas”.
Escobar expuso que estas muertes pueden considerarse de lesa humanidad de acuerdo al Estado de Roma, el cual se refiere en el literal “e” a la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
En cuanto al lugar donde estaban recluidas las personas que murieron, los datos del Socorro muestran que un 43% se encontraba en el penal de Izalco, en Sonsonate; un 29% en el penal La Esperanza, en San Salvador; el 9% en Apanteos, Santa Ana. Un 4% en el penal de Quezaltepeque, La Libertad, y el 4% en otras penitenciarías.
Sin embargo, el sitio de fallecimiento, en el 71% de los casos documentados, fue al interior de los hospitales públicos, entre ellos el Hospital Jorge Mazzini en Sonsonate, San Juan de Dios en Santa Ana y los hospitales Rosales y Zacamil, en San Salvador. Un 25% murió en un centro de reclusión y un 4% en sus viviendas recién liberados con padecimientos graves.
¿A qué se dedicaban las víctimas?
El reporte del Socorro establece que el 92% de las personas que murieron tras ser capturadas durante el régimen de excepción no pertenecían a pandillas. “La mayoría eran comerciantes informales, propietarios de tiendas, operarios de molinos, taxistas, picacheros, agricultores, cuatro pastores y un sindicalista”, se lee en el informe.
La edad de las víctimas se han documentado ocho casos de muerte de personas de más de 60 años de edad, mientras que el 54% de los muertos tenía entre 18 y 40 años.
En cuanto al delito atribuido, el 94% estaban señalados de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, el 6% estaba siendo procesado por otro tipo de delitos.
En cuanto a la distribución geográfica de los casos según el lugar de origen de la víctima, el departamento con más casos ha sido San Salvador, con un total de 16. Le siguen Usulután con 15 y San Miguel con 10. Sin embargo, en 23 casos el Socorro no logró documentar el lugar de origen.
Otras violaciones
Siete organizaciones de la sociedad civil han registrado 4,723 casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado, durante el primer año del régimen de excepción en el país.
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El reporte incluye 211 casos de uso excesivo de la fuerza, 925 denuncias por amenazas, 22 torturas, 402 tratos crueles, inhumanos o degradantes; 213 malos tratos y 147 denuncias por lesiones.
Entre las poblaciones vulnerables afectadas se contabilizan 34 violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes; cinco violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+; 169 casos donde se usó engaños para facilitar detenciones arbitrarias; y 30 casos de acoso policial.