Representantes de la sociedad civil y parientes de personas desaparecidas están preocupados porque la delegación oficial de El Salvador negó en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las desapariciones forzadas en el país y tildó de “falacias” las exigencias de las víctimas.
Madres de jóvenes desaparecidos dicen que continuarán buscando a sus parientes aun sintiéndose en "completo abandono por parte del Estado"
“Es una cuestión preocupante porque está ampliamente documentado que la desaparición forzada existe”, dijo Juan Carlos Sánchez, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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Sánchez ve perjudicial que el Estado salvadoreño llegó a justificar que la política de persecución del delito, expresada en el Plan Control Territorial, está garantizando los derechos de la población que ha sido víctimas de las pandillas y la criminalidad, dejando de lado las desapariciones de las que las organizaciones tienen registro.
Sánchez señala como otro aspecto de alarma que el Estado cuestiona las cifras de las organizaciones porque no son oficiales