La licencia para que Nayib Bukele se dedique a la campaña de su candidatura y dejar la administración del Ejecutivo en manos una persona de su círculo de confianza son las recientes expresiones de la ruptura al orden constitucional que experimenta El Salvador, lo que expertos califican como un “estado de facto” o “estado de hecho”.
Permitir el camino hacia la reelección presidencial inmediata no solo se refleja con la aceptación de su candidatura por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino que vendría desde “el golpe de Estado técnico” en contra del Órgano Judicial, específicamente contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde hace más de dos años.
“Yo creo que El Salvador vive en un estado de inconstitucionalidad, pero a veces se habla de estados de facto, es decir, de estados que no actúan por la legalidad, sino que actúan por arbitrariedad. Entonces creo que estamos viendo ese estado”, dijo Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal.
El último nombramiento sin seguir un procedimiento legal fue el de la secretaria Privada de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, como designada y quien asumió la presidencia, al menos en la parte administrativa, desde el pasado 1 de diciembre, fecha en la que inicia el período de licencia otorgado para Bukele.
“Estamos viendo un estado irregular, un estado de facto que no está funcionando en base al marco constitucional. Es lo que esta predominando ahorita”, afirmó.
También señala que cada acto inconstitucional que realiza el oficialismo genera otro acto inconstitucional que vuelve más compleja la situación jurídica del país.
“Los actos que son ilegales, inconstitucionales deberían anularse; pero van produciendo efectos y vuelven más complejo”, expuso.
También Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, analizó que hay una situación de “estado de hecho” y no estado de derecho. “Estamos en un estado de hecho, porque cuando hablamos de estado de derechos rige el derecho, rige la Constitución, se respeta el debido proceso. Pero cuando hablamos de un estado hecho, es todo lo contrario, todo está al arbitrio de la voluntad del gobernante”, expresó.
Esto también se manifiesta en que no se ejercen contrapesos al poder. “En esa medida el que no tengamos un estado de derecho elimina la existencia de garantías, elimina el correcto ejercicio del derecho y queda todo a expensas de la arbitrariedad de las autoridades públicas”, reiteró.
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Afirma que el acto de nombramiento de la designada, haya sido juramentada o no en el pleno legislativo, proviene de un acto inconstitucional e ilegal. “Desde la raíz va el veneno, entonces la fruta que podría ser esta candidatura y todas las implicaciones administrativas que lleva de nombrar un designado y todo esto, va envenenado, es inconstitucional”, manifestó.
La primera ruptura
Para el experto de Cristosal, “el origen de la artimaña” es la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021, como primer acto de la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas, y el posterior nombramiento de nuevos magistrados sin respetar el procedimiento establecido en la Constitución.
“Porque ahí se confabula el fraude. Se nombran funcionarios que están más cercanos al gobierno, entonces toman esta decisión”, expresó.
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Ábrego explicó que tanto el gobierno como la conformación de la Asamblea Legislativa llegaron de forma legítima; pero que fue ese primer acto del Legislativo el que “empieza a romper con el estado constitucional” al eliminar la separación de poderes.
Opinión similar comparte Escobar, en el sentido que todos los actos que han seguido luego de la destitución de magistrados mantienen ese “vicio de origen”, que son el nombramiento de sus sustitutos, la resolución que “habilita” la reelección, la participación de Bukele en las elecciones internas de Nuevas Ideas, su inscripción como candidato, la licencia para hacer propaganda y el nombramiento de la designada.
Inscripción de candidatura
Fueron estos magistrados impuestos que en septiembre de 2021 emitieron una resolución dentro de un proceso de demanda de pérdida de ciudadanía que dio una interpretación diferente a las inhabilitaciones para ser candidato a la Presidencia y “habilitó” que Bukele pueda buscar un segundo mandato.
Pero no fue sino hasta un año después, el 15 de septiembre de 2022, que Bukele anunció que competirá en las elecciones de 2024 para seguir en el cargo.
No obstante, Ábrego considera que otra “ruptura” del estado constitucional fue el comunicado emitido por el TSE el 4 de septiembre de 2021 en el que adelantó que cumpliría con dicha resolución, la cual se dio en un procedimiento de pérdida de ciudadanía que no tiene efectos vinculantes.
“En ninguna forma el TSE debería haber acatado, aún cuando hubiera sido una resolución de la Sala que violara el precedente, el Tribunal tenía elementos para decir no la voy a cumplir; pero ahí es cuando se da la ruptura”, expuso.
De hecho, los argumentos de cuatro magistrados propietarios para justificar la inscripción de Bukele hacen referencia a la mencionada resolución.
Sin embargo, Escobar especificó que estaría “contaminada” la candidatura del partido oficial y no el proceso de elección presidencial ni la participación de otros candidatos.