La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla la acusación contra tres exfuncionarios de la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén y un empresario, tras ser acusados por irregularidades en el proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
La FGR también presentó la solicitud para que continúen en prisión provisional mientras siguen las investigaciones a los exfuncionarios: Edwin Ernesto Flores Sánchez, exdirector de Tránsito del Viceministerio de Transporte, acusado de actos arbitrarios y Miguel Ángel Díaz Castaneda, presidente de la Unión de Empresas Sipago-Subes y SITRAMSS, a quien le imputan el delito de extorsión agravada.
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"Ambos son acusados de haber actuado de manera ilegal en la ejecución del SITRAMSS", indicó La Fiscalía General de la República.
Sin embargo, en el reporte judicial del caso se detalla sobre dos involucrados más, quienes se encuentran prófugos de la justicia, entre ellos están: Gerson Martínez, el exministro de Obras Públicas, acusado por incumplimiento de deberes. También, Nelson García, exviceministro de Transporte, acusado por el delito de extorsión agravada. El ente fiscal solicitó órdenes de captura para ambos.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FGR, en el 2015, el exfuncionario Edwin Flores "concedió de forma irregular el proyecto de SITRAMSS a la empresa de Miguel Castaneda sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa y pasando por alto los requerimientos legales", se afirmó en el informe fiscal. Mientras que Castaneda se habría beneficiado cuando le permitieron ejecutar el proyecto del SITRAMSS sin seguir los pasos que establece la ley.
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El incumplimiento de deberes y los actos arbitrarios se deben a la imposición del proyecto sin el consentimiento de la Asamblea y en contra de lo que mandaban normativas como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Según la Fiscalía, la extorsión agravada consistió en conminar con actos de intimidación a transportistas que prestaban servicio en esa arteria a que entregaran sus líneas de transporte y sufrir perjuicios económicos.