Organizaciones sindicales que forman parte de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) dieron a conocer su postura ante la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa, el pasado 28 de agosto, en relación a la disolución de INJUVE e INSAFORP y la creación de la Dirección de Integración.
En conferencia de prensa, los representantes de 10 sindicatos señalaron que no están en contra de la transformación al interior de las instituciones, no obstante piden a las autoridades procesos transparentes, diálogo y respeto a los derechos de la clase trabajadora.
UNT y sus aglutinados, entre ellos, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de la Juventud (SITINJUVE), se amparan al artículo 219 de la Constitución de la República, el cual dice que se “garantizará a los empleados públicos la estabilidad en el cargo”.
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Carlos Orellana, secretario general de SITINJUVE, señala que son 172 familias las que serían afectadas con la disolución del Instituto, quienes quedarían en condición vulnerabilidad y “a la intemperie”.
172
Es el número de empleados que se verían afectados con la disolución del INJUVE, según información del sindicato de trabajadores y trabajadoras de esta institución.
Dudas y zozobra
Erick Zelaya, secretario de UNT, calificó el anuncio de estas disoluciones como “procesos abruptos” de los que no se les ha informado de manera oficial, condición que a este momento ha generado mucha preocupación entre empleados.
“No hay claridad de qué es lo que va a pasar con ellos (trabajadores)”, añadió Zelaya.
Ambos consideran que como sindicatos representan a un sector importante que debería ser invitado a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, a fin de ofrecer soluciones justas.
“Nos pronunciamos en solidaridad y hacemos el llamado a las autoridades, al presidente Nayib Bukele, y a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, a poder ser escuchados para poder plantear las propuestas de las y los compañeros del SITINJUVE”, dijo el representante de UNT.
Los sindicalistas realizaron gestiones ayer ante el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, y la Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, a quienes pidieron audiencias.
“La ley no plantea ninguna forma de resignación de los trabajadores (…) menciona que se incluirá a algún personal que se considere ‘necesario’ y que será sometido a evaluación. Sabemos cómo funciona actualmente la Asamblea, y que toda ley que llega de la presidencia no halla piedra de tropiezo”, expuso Orellana.
El secretario de SITINJUVE calificó de “escueta” y “sin claridad” la información que se maneja sobre esta disolución y la situaciónde en la que quedará cada empleado.
Los trabajadores piden a las autoridades ser reincorporados en la nueva institución. Señalan que derechos como la estabilidad laboral, la salud, la educación, derecho de la mujer, a la vivienda, son algunos de los que se verán afectados ante un posible despido de trabajadores.
Sobre este punto explican hay mujeres solteras, jefas de hogar, personas con enfermedades crónicas, cuya salud depende de un medicamento; e hijos cuyos estudios dependen de los salarios de sus padres.
Piden al Gobierno conocer los términos en los que quedarán las decenas de trabajadores, incluidos los que pertenecen a las oficinas regionales del INJUVE.
De acuerdo con la propuesta presentada por el presidente Nayib Bukele a la Asamblea, la nueva Dirección de Integración estará adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.