María Aguilar regó sus chiles, berenjenas, ayote y hierbas aromáticas. Admiró los cogollos de unas matas esa mañana del 1 de julio. Pero tres horas después de regarlos, mostró lo que quedaba: unos tronquitos verdes, cercenados a ras de tierra. Un grupo de iguanas de buen apetito se comió en segundos el trabajo de tres meses o más, en el cantón Garita Palmera, Ahuachapán, El Salvador.
Raúl García, en la aldea La Mina de Jocotán, en Chiquimula, Guatemala, ha rellenado de urea al pie de cada mata de milpa con la esperanza de que crezcan. Ya perdió la primera cosecha después de 22 días seguidos sin lluvia. Su primer cultivo, al que llama huatal, se achicharró al sol.
Martín Mercado también perdió su cosecha en la comunidad San Antonio Montaña, de Erandique, Honduras. Pero no por un sol ingrato. Las tormentas de 2022 arrasaron su milpa y después de la lluvia tuvo que recoger las matas arrancadas, quebradas. Perdió su cosecha y la comida de un año.
Los tres viven en aldeas que forman parte del Corredor Seco, la franja más vulnerable al cambio climático en Centroamérica: las sequías, la temporada de lluvias y los vientos los golpean con más severidad. Son 113 los municipios más vulnerables a la sequía que están en el Corredor Seco del Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, según un estudio de la organización para Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Se estima que entre 10 y 11 millones de personas habitan el Corredor Seco Mesoamericano, y en las últimas décadas se ha ido ensanchando.
Las comunidades de María, de Raúl y Martín podrían ser de los cientos de lugares beneficiados con el Fondo de Pérdidas y Daños, acordado en la 27 Conferencia de las Partes (Cop27) de Naciones Unidas sobre cambio climático, organismo creado en los noventa para alcanzar acuerdos mundiales para esta problemática. Pero el tema no es prioridad en ninguno de los tres países del Triángulo Norte.
Los fondos gubernamentales dedicados a atender los riesgos climáticos han ido en picada en El Salvador, mientras que en Honduras y Guatemala los esfuerzos no han sido suficientes para disminuir la desnutrición, la migración climática o la pérdida de cultivos. Ninguno de los tres países ha tenido aumentos considerables en los últimos años en sus presupuestos para la cartera de medio ambiente.
Los residentes del Corredor Seco temen los efectos de la sequía esperada entre julio y septiembre por el fenómeno de El Niño, que modifica las temperaturas en el Oceano Pacífico y modifica el clima en todo el mundo. Hay cosechas que ya están perdidas. Según cálculos de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), en la cosecha de 2023 van 6,000 manzanas de cultivos perdidas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador admite que hay pérdidas, pero no brinda cifras. En Guatemala, el 30% de los agricultores prevén disminución de cosechas entre el 30% y el 50%; y en Honduras, las pérdidas se calculan ya en 25%.
Los tres países están entre los más vulnerables al cambio climático en el mundo, según los análisis que año con año realiza la organización de derechos humanos y desarrollo sostenible Germanwatch. Aunque ninguno de los tres está en el top de países más vulnerables, sí se encuentran dentro del rango de las banderas rojas.
El Salvador tiene 25 municipios potencialmente afectados por la sequía severa; Guatemala, 54 y Honduras, 34, según el estudio de la FAO que caracterizó el Corredor Seco.
Las comunidades de María, Raúl y Martín padecen los mismos problemas, pero con distintos niveles de severidad. Mientras Erandique, en Honduras, está limitado por más de 20 kilómetros de una calle terrosa y en mal estado; algunas de las aldeas de Jocotán, en Guatemala, carecen de agua potable, electricidad y, casi siempre, de comida. En Garita Palmera, El Salvador, las altas temperaturas no permiten variar los tipos de cultivos: solo siembran los aptos para crecer en una tierra ardiente. La mañana que las iguanas devoraron las hortalizas de María, la temperatura se mantuvo arriba de los 38 grados centígrados.
Ella forma parte de un grupo de 12 mujeres que en los últimos dos años recibió entrenamiento e insumos en un proyecto de resiliencia a la crisis climática. Desde 10 años atrás, las organizaciones y Gobiernos de la región, con fondos externos, han apostado a capacitar a residentes de algunas comunidades a aprovechar con astucia los pocos recursos, según se desprende del documento de la FAO.
“A pesar de que los proyectos realizados por gobiernos y organizaciones internacionales son numerosos e importantes, no resultan suficientes para abordar todos los desafíos en el CSC (Corredor Seco Centroamericano), dada la magnitud de los problemas enfrentados. Se requiere una combinación de esfuerzos que involucren a múltiples actores, incluyendo la participación activa de las comunidades locales, enfoques integrales y sostenibles”, comentó vía correo electrónico Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO.
El proyecto de resistencia climática les ha dado capacitación sobre huertos caseros, materiales para construirlos y tanques para cosechar aguas lluvias. Pero los fondos de apoyo están por finalizar. Raquel Mendoza, una líder comunitaria, explica que han aprendido a lidiar con el clima y el suelo brutal de Garita Palmera. Orgullosa muestra, junto a otras compañeras, un banco de semillas.
Llevan ya dos años resembrando. Han formado su propio banco de semillas nativas y han participado en un intercambio con otras comunidades. Mendoza asegura que ya no dependen de las semillas preparadas – de un solo uso y preparadas con agroquímicos – y han aprendido a hacer su propio abono orgánico. En la mañana y la tarde, le dedican varias horas a limpiar el terreno, regar los cultivos, recoger semillas, seleccionar las mejores para la siguiente cosecha, preparar el abono y a espantar las iguanas.
El rechazo a la dependencia de semillas preparadas es solo una de las medidas para paliar el cambio climático en comunidades vulnerables, y que forma parte del proyecto de la Unes en Garita Palmera.
Más problema, menos presupuesto
¿Cuánto destinan los países del Triángulo Norte para sus zonas más vulnerables, como los municipios del Corredor Seco? Las cantidades son variables pero, en su gran mayoría, estas comunidades dependen de fondos externos.
En los últimos cuatro años, las carteras de medio ambiente de cada uno de los países del Triángulo Norte no han tenido variabilidades sustanciales en sus presupuestos. En el último año, Honduras y El Salvador han tenido aparentes aumentos pero, al analizar de cerca el destino de los fondos, no son tales.
El presupuesto del MARN de El Salvador, por ejemplo, en apariencia experimentó un incremento de poco más de $6 millones entre 2022 y 2023, ya que pasó de $13 millones a $19.2 millones. Pero $5.9 millones de la asignación presupuestaria anual para 2023 corresponden al inicio de labores de la Autoridad Salvadoreña del Agua, nueva institución cuyo objetivo es ser el ente rector de los recursos hídricos del país y que ha sido ampliamente criticada por su enfoque en beneficio del uso privado del agua.
Y lejos de tener un incremento, dos rubros relacionados con efectos del cambio climático, como el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales y el Fortalecimiento para la Prevención y Reducción de Riesgos tuvieron una reducción conjunta de $300 mil. Esta última área, de hecho, ni siquiera aparece en el presupuesto 2023.
Tanto Honduras como Guatemala tienen direcciones de cambio climático dentro de los ministerios de medio ambiente. El Salvador únicamente tiene una unidad de cambio climático que depende de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad, que consta de otras siete unidades y todas juntas comparten un presupuesto de $1.6 millones para 2023.
Honduras tuvo un aparente incremento presupuestario entre 2022 y 2023, ya que pasó de $9.8 millones a aproximadamente $40 millones. Según una nota publicada por el portal Criterio.hn la mayor parte de ese aumento de fondos - $33 millones – corresponde a un programa de restauración de cuencas hidrográficas. Si bien el presupuesto general tuvo una reducción, Honduras sí ha destinado fondos para restauración ecológica.
En contraste, las asignaciones no son ni la décima parte de lo que cada uno de los países ha destinado para la cartera de Seguridad en los últimos años. En El Salvador, por ejemplo, ese ministerio tiene asignado más de $588 millones para 2023.
Para Luis González y Miguel Urbina, director de incidencia y técnico de la Unes, respectivamente, los gobiernos en la región no están dándole la prioridad necesaria a las comunidades del Corredor Seco. Urbina dice, por ejemplo, que mucho trabajo de diálogo construido en años anteriores entre sociedad civil y Gobierno se ha perdido en los últimos años. Pone un ejemplo concreto: algunos planes de contingencia ante riesgos específicos como inundaciones no están siendo socializados, ni estructurados con las comunidades afectadas, “cuando son ellas las que conocen sus necesidades”, dice.
Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y exnegociador de acuerdos en la Cop, cree que existen avances importantes en cuanto a métricas sobre el mapa de riesgos que enfrenta cada país del Corredor Seco, así como los efectos producidos directamente por el cambio climático; pero también cree que hace falta una institucionalidad con más dientes.
“No vamos a poder solucionar los impactos recurrentes del cambio climático a través de declaratorias de emergencias. Es decir, los fondos de emergencia muy rápidamente se van a agotar si tratamos de manejar esos impactos como si fuera un desastre más. El cambio climático no es un desastre más, es una amenaza sistémica y requiere una respuesta sistémica, requiere de recursos diferentes para poder hacerle frente”, dice Girot.
¿Los que más dañan son los que más reparan?
Antonio Cañas Calderón fue jefe del gabinete técnico del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador hasta el año 2021. Formó parte del primer Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, conformado en la Cop19 del año 2013, un acuerdo que buscaba poner foco en las “repercusiones del cambio climático en los países en desarrollo”.
Para Cañas, ese acuerdo ofrece posibilidades reales a las comunidades más afectadas por el cambio climático provocado por países desarrollados. Pero señala que “es complicado” porque tuvieron que pasar 10 años para que se aprobara la creación de un fondo monetario que deberá ser alimentado por los países desarrollados. El instrumento para operativizar ese fondo está apenas iniciando. No se sabe aún el monto, ni cómo se distribuirá.
Pero el técnico pone un ejemplo: “Ellos (los países desarrollados) siempre tienen justificaciones, tienen justificaciones para no aportar lo que tienen que aportar. Ellos dijeron que a partir del 2010, bueno, acordaron en 2009 en Dinamarca que en el 2020 estarían aportando 100 mil millones en financiamiento, en apoyo al cambio climático. Vamos a llegar a 2024 y todavía estamos lejos de esa meta”, dice.
Un estudio citado por la BBC concluyó que los países que más han contribuido al cambio climático son Estados Unidos, China, Rusia, Brasil e Indonesia; después de analizar datos de entre 1850 y 2021. Carbon Brief, los responsables del estudio, tomaron en cuenta no sólo las emisiones de CO2 liberado por la quema de combustibles fósiles, si no también las emisiones resultantes de la deforestación.
Sanches Peraci, de la FAO, dice por su parte que “la magnitud de los desafíos en la región superan en mucho a la disponibilidad de recursos de los países de la región para afrontarlos”, y cita que hay estimaciones que Centroamérica contribuye apenas entre el 0.3% al 0.8% a los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global; pero, al mismo tiempo, se llevan la peor parte ante las emergencias climáticas.
Pascal Girot, el director de la Escuela de Geografía de la UCR, también ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Mecanismo para Pérdidas y Daños; y, al igual que Cañas, acumula décadas de experiencia sobre el cambio climático y sus efectos sobre los países del Corredor Seco.
Ni Cañas, ni Girot creen que los países en vías de desarrollo, como los del Triángulo Norte, tengan la capacidad para negociar acuerdos por sí mismos. La estrategia más efectiva, según ambos, es la negociación en bloque con intereses comunes. Pero ese panorama, en países con democracias débiles como El Salvador, Guatemala y Honduras, adquiere tintes más complicados, según ellos.
En la misma perspectiva coincide Sanches Peraci, quien sí considera que existe voluntad de parte de los gobiernos para resolver los problemas. El representante de la FAO considera que el proceso para el fondo de pérdidas y daños “no será corto, ni fácil”, pero apuntó a estrategias clave para una buena negociación: alianzas estratégicas con países en desarrollo, intercambio de conocimientos y “evidencia sólida de las necesidades identificadas, así como del seguimiento a los progresos realizados respecto de la acción climática”.
En la Cop27, llevada a cabo en Egipto en 2022, participaron 69 personas del Triángulo Norte, entre miembros de gobierno, ambientalistas y personas del sector privado. La mayor parte de ellos, funcionarios y directores de unidad de los gabinetes de medio ambiente. Pero los tres países también tuvieron representación de personajes que han sido cuestionados por su desempeño o su opacidad.
En el caso de El Salvador, Miguel Ángel Arvelo asistió bajo la categoría de “consejero presidencial”, según los documentos de asistencia oficiales publicados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Arvelo, de nacionalidad venezolana, es uno de los asesores del gobierno del presidente Nayib Bukele, cuyo contrato ha sido bajo reserva sin mayor explicación. Su representación del país en la Cop27 es la primera admisión pública como miembro de gabinete. Arvelo fue señalado por manejos irregulares durante la pandemia por Covid-19 en El Salvador.
Carlos Zelaya Rosales fue uno de los asistentes de la delegación hondureña a la Cop27, en su calidad de secretario del Congreso Nacional de ese país. El diputado ha sido cuestionado por su cargo debido a que es cuñado de la presidenta Xiomara Castro; y hermano del esposo de esta, Manuel Zelaya Rosales.
En 2019, como parte de la delegación de Guatemala a la Cop25, asistieron miembros de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), según consta en una respuesta a una solicitud de información realizada al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de ese país.
La gremial supuestamente promueve el cultivo sostenible de la palma aceitera, en un país donde ese monocultivo ha sido origen de una amplia deforestación y conflictividad social.
Para este reportaje se solicitó a los tres países las propuestas de negociación e informes presentados por cada Estado ante la Conferencia de las Partes, así como los resultados obtenidos en cada negociación en esos eventos, como parte de sus compromisos ante el cambio climático. El único país que envió la documentación desglosada fue Honduras. El MARN de Guatemala se limitó a copiar la documentación general que consta en el repositorio de la IPCC de cada Cop, y el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador solo compartió los vínculos de la página web del IPCC.
Las instituciones oficiales salvadoreñas fueron las que menos información o respuesta proporcionaron de las solicitudes de información enviadas.
Antonio Cañas fue el jefe del gabinete técnico en las Cop hasta el 2021, cuando decidió renunciar. Según él, si bien los países del Triángulo Norte tienen trabajo común en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), este organismo no negocia, solo es usado para plantear posturas oficiales.
En un comunicado conjunto para la Cop26, los países del sistema SICA declararon sus prioridades de participación en el evento: la obligación que los países desarrollados asuman responsabilidades en los efectos del cambio climático en países altamente vulnerables; así como la movilización de más recursos financieros no solo para atender la mitigación de esos efectos, si no también cubrir la adaptación.
Para este reportaje se solicitaron entrevistas con los ministerios de medio ambiente de los tres países del Triángulo Norte, sobre cuáles son las actividades relacionadas para negociar y aplicar al Fondo de Pérdidas y Daños, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió respuesta. También se gestionó entrevistas con el SICA, pero no hubo respuesta.
Aunque se solicitó información a los ministerios de desarrollo local y agricultura de cada uno de los tres países datos sobre programas puntuales desarrollados en los municipios del Corredor Seco, El Salvador no proporcionó información.
El gobierno guatemalteco ha desarrollado, desde años atrás, programas específicos para lidiar con las vulnerabilidades de las comunidades en el Corredor Seco, según documentación proporcionada por ese país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) aseguró haber destinado en 2021 unos 512,121.36 quetzales (US$67,740 aproximadamente) para 207 agricultores, para capacitarlos dentro del proyecto “Industrialización del bambú en Guatemala”.
El gobierno guatemalteco también dice haber presupuestado desde años atrás bonos para agricultores, capacitaciones, aporte de semillas, becas escolares y bonos alimenticios en comunidades del Corredor Seco. Entre estos programas, por ejemplo, el municipio que más bolsas de alimento fortificado recibió en los últimos tres años (2021-2023) ha sido Jocotán, en Chiquimula, según datos del Ministerio de Salud. Pero los programas y asistencias a ese municipio no lo han sacado de la línea de extrema pobreza y necesidad. El municipio acumula más de dos décadas en alerta por desnutrición crónica.
La misma lógica se repite en otras comunidades del Triángulo Norte, como en Garita Palmera, o el municipio de Erandique, en el departamento de Lempira (Honduras). Los programas son pequeños paños de alivio en regiones con décadas de precariedad acumulada.
En El Salvador, por ejemplo, se ejecuta uno de los programas más grandes de los últimos años sobre cambio climático: $35.8 millones provenientes del Fondo Verde del Clima, mecanismo creado en la Cop que se financia con dineros aportados por los países más desarrollados. El proyecto está diseñado para ejecutarse durante cinco años y beneficiar a 50 mil familias salvadoreñas de 114 municipios. Si la distribución se hiciera de forma equitativa, a las familias beneficiarias les corresponderían $716.99 cada año, sin tomar en cuenta los costos de administración del proyecto.
Las comunidades del Corredor Seco se pelean con su existencia misma: su ubicación con altas temperaturas, suelo seco y arenoso, su aislamiento por kilómetros de caminos aterrados y poco accesibles, sinuosos, llenos de piedras sueltas, o al borde de abismos. Las asistencias no han logrado rasgar la precariedad.
Algunos habitantes prefieren irse. Según los habitantes de Jocotán y Erandique, son muchos los que optaron por migrar. Otros, como Raúl y Martín, prefieren seguirlo intentando. Volver a sembrar y resistir a la incertidumbre del vaivén climático. Más allá de lo que ellos, desde sus parcelas, pueden controlar. Más allá de lo que el gobierno de turno pueda o quiera hacer por ellos. Resisten entre la aridez y el vapor.
CRÉDITOS: Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Edición: Daniel Lizárraga, Jessica Ávalos, Investigación y escritura: Suchit Chávez Fotografía: Jessica Orellana Video: Jessica Orellana, Marvin Romero, John Galeano Edición de video: Marvin Romero Ilustraciones y concepto gráfico: Mariana Matal, diseño editorial: Edgardo Mendoza