Han pasado ya dos años desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, comandó un pelotón fuertemente armado de soldados y policías y se tomó de forma violenta la Asamblea Legislativa.
Bajo excusas de presionar por un préstamo, haciendo uso de una interpretación tergiversada de la Constitución y acarreando gente de diversos puntos del país en vehículos del Estado, el presidente de la República cruzó el 9 de febrero de 2020 varias líneas que nadie se había atrevido a cruzar.
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La primera es la más obvia. Nayib Bukele sustituyó el diálogo político por la fuerza bruta. Lejos de lograr con habilidad política y astucia su objetivo –el financiamiento de un crédito– el mandatario recurrió al atajo simple y barbárico: el de aparecer con fusiles en la sede del Parlamento.
La segunda es la desnaturalización de los cuerpos de seguridad que desde los Acuerdos Paz están mandados a seguir un rol apolítico, profesional y no deliberante. Ese día, el presidente Bukele los trató como su guardias personales y ejecutores de sus caprichos.
Finalmente, el mandatario demostró cómo mira e interpreta su propio poder. Lejos de verse como el administrador temporal de un cargo enmarcado en la Constitución y leyes secundarias, Bukele demostró que se ve a sí mismo como una suerte de nuevo monarca. Y así, auxiliado por las armas y su popularidad coyuntural, pretende estar encima de las normas.
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El 9F no terminó el 9F
Dos años han pasado desde la toma armada del Congreso. Desde que el presidente dijo, franqueado por un pelotón armado, que “ahora ya sabemos quién tiene el control”. Pero no el control que se gana con la habilidad de un estadista, sino el que se obtiene a punta de matonería y amenazas.
Y lastimosamente, el golpe a la democracia que casi se fraguó ese día no terminó ahí. Por el contrario, los sucesos del 9 de febrero fueron una premonición de lo que estaba por venir. A decir, un mandatario que no respeta límites en el poder y que gobernará de manera abusiva y poco transparente.
Un año después de su incursión en la Asamblea Legislativa, el partido del mandatario, Nuevas Ideas, se sometió a sus primeras elecciones. Tras violar varias normativas electorales y bloquear fondos y proyectos para la oposición, el partido cyan obtuvo una mayoría de dos tercios en el Congreso, lo suficiente como para aprobar casi cualquier iniciativa sin necesidad de negociar con nadie. Y así lo hicieron.
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El golpe 2.0
En su primer día de trabajo, la bancada que prometió saldar deudas del pasado y corregir vicios históricos hizo exactamente lo contrario y devolvió al país a su pasado autoritario al aprobar de forma exprés un golpe a la Constitución.
Sin seguir lo que manda la ley, los diputados cyan destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, mismos que el 10 de febrero de 2020 emplazaron al presidente por utilizar a los soldados y policías para su consolidación de poder. Además, destituyeron al fiscal general que se encontraba investigando posibles hechos de corrupción en las filas del gobierno actual.
Los nuevos magistrados, como se hizo en Honduras, corrieron a avalar la reelección presidencial que la Constitución abiertamente prohíbe, zanjando el camino para la permanencia en el poder de Bukele.
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Los diputados de Bukele también removieron sin autorización legal a un tercio de los jueces y han auxiliado la consolidación del aparato judicial, además de otros abusos de poder.
La historia de los últimos dos años es la del poder total en torno a una persona y sus caprichos. Para los cercanos del presidente, esto implica ventajas; para sus críticos, riesgo de persecución y acoso.
Dos años han pasado del 9F y los abusos de poder están más vivos que nunca. Y ese presidente que ofreció un salto al futuro y la modernidad, cada vez más emula los vicios del pasado: gobernar sin límites, acuerpado por las armas y promovido por un oneroso aparato de propaganda.