Se reanuda juicio contra exministro Munguía Payés y Mauricio Funes
Ambos son acusados por el caso tregua entre pandillas. Según la Fiscalía autorizaron el traslado de reos del penal de máxima seguridad a otros de menor rigurosidad además de brindarles otros beneficios.
En el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador se reanudó este miércoles la vista pública en contra del exministro de la Justicia y Seguridad, David Munguía Payés y expresidente Mauricio Funes, quienes son procesados por el caso de tregua entre pandillas.
Según la Fiscalía, durante la gestión de Funes (2009- 2014) autorizaron el traslado de reos de penales de máxima seguridad a otros de menor rigurosidad.
La Fiscalía señala que, además de brindar beneficios a pandilleros durante la "tregua", Funes también facilitó las reuniones con miembros de pandillas que se encontraban en libertad con los cabecillas que se encontraban recluidos en los diferentes centros penales, y que el entonces presidente de la República autorizó para que se cumplieran las exigencias que hacían.
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"Estas fueron ejecutadas con el apoyo del exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Victoriano Munguía Payés”, ha puntualizado la Fiscalía.
Ambos están acusados por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, en tanto a Munguía Payés suma el delito de actos arbitrarios.
El exministro permanece detenido desde finales de 2021 cuando el Juzgado Especializado de Instrucción "A" revocó el arresto domiciliar y ordenó que fuera enviado a un centro penitenciario, así mismo dio apertura a juicio por estos delitos.
De acuerdo a las investigaciones, durante la tregua del gobierno de Funes con la MS y pandilla 18, entre 2012 y 2013, los cabecillas y otros pandilleros recluidos en la cárceles obtuvieron privilegios como ingreso de dispositivos electrónicos con acceso a internet, teléfonos, comida por encargo y realización de fiestas a cambio de bajar el número de homicidios en el país.
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Funes a juicio por lavado de dinero
A finales de febrero la Fiscalía señaló que el exmandatario, asilado en Nicaragua desde 2016, había sido enviado a juicio por el delito de lavado de dinero.
"Es enviado a juicio por aceptar una avioneta como dádiva a cambio de conceder la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, a una empresa guatemalteca", dijo en ese momento el Ministerio Público.
Señaló que la obra fue valorada en $8 millones, y que el Juzgado Tercero de Instrucción admitió más de 230 documentos, 34 testigos y prueba pericial.
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