Edgar Iván adolece de enfermedad renal crónica en etapa terminal, según documentos médicos. Para sobrellevar tal enfermedad, debe hacerse hemodiálisis dos veces por semana. Pero para costearse ese tratamiento, hace un baile todos los sábados para recaudar dinero con qué pagar las hemodiálisis. La alcaldía del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, le ha dado permiso para esa fiesta semanal y muchos habitantes del municipio de y otros aledaños, asisten a la fiesta para colaborar con él.
Yonny Alcides Lobos Díaz, de 42 años, y un adolescente de 17, quienes residen de manera legal en Estados Unidos, vinieron a pasear a El Salvador a principios de febrero y decidieron ir a la fiesta para colaborar con Edgar Iván.
A ambos los acompañó otro de sus parientes, Heyber Josué Zelaya Lozano, de 24, quien hace poco más de un año obtuvo su licenciatura en Idioma Inglés.
A la fiesta llegaron como a las 9:30 de la noche. Pero no había transcurrido ni una hora cuando el lugar, donde había entre 75 y 100 personas, fue cercado por elementos policiales y militares que procedieron a capturar a 44, entre éstos a 10 menores de edad, incluyendo al adolescente que acompañaba a Lobos Díaz.
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Ese mismo sábado, al mediodía, en el cementerio de Santa Elena, René Humberto Díaz, de 50 años, había sido asesinado mientras trabajaba en la construcción de una sepultura. Su esposa resultó herida en el mismo ataque. Los policías y militares dijeron que la fiesta era para celebrar el homicidio de Díaz.
Para el momento de la redada, eran aproximadamente las 10:00 p.m. del 26 de marzo, aún no se había aprobado el Decreto Legislativo 333, que a primeras horas del domingo puso en vigencia el estado de emergencia, solicitado por el presidente Nayib Bukele para contener la ola de homicidios iniciada el viernes 25.
Por más que explicaran que era una fiesta que se hacía todos los fines de semana para recoger fondos en beneficio de Edgar Iván para que este pudiera hacerse las dos hemodiálisis semanales, los policías y militares hicieron oídos sordos, afirman familiares.
A pesar de que la captura de Yonny, el adolescente de 17 años, Heyber y 41 personas más fue el sábado 26 a las 9:30 de la noche, los policías consignaron en sus informes, que las capturas las habían hecho en la mañana del domingo, cuando ya había sido aprobado el régimen de excepción.
Yonny y Heyber fueron enviados al centro penal de Izalco, mientras que el adolescente, por ser menor de edad, lo mantuvieron en una bartolina de Usulután.
El menor de edad fue llevado a audiencia el 1 de abril donde le decretaron detención provisional y fue enviado al centro de detención de menores de Ilobasco, según afirmó Doris Yanet Benavides Lobos, familiar del adolescente.
Doris afirma que durante la audiencia presentaron una serie de documentos con los que se puede fácilmente comprobar que el menor de edad no reside en El Salvador, que solo había venido como turista, y que cursa estudios en Estados Unidos.
Pero el juez del caso no les prestó atención a los documentos y la Fiscalía, por su parte, dijo en la audiencia que todos los que estaban en la fiesta donde fue capturado eran pandilleros que celebraban el homicidio de Díaz, el albañil asesinado el 26 de marzo en el cementerio de Santa Elena.
“Si es así por qué solo capturaron a 44 y no a los demás, que eran entre 75 y 100 personas”, cuestionaron a los fiscales en la diligencia judicial. No respondieron nada; igual que no respondieron cuando alegaron que la captura del menor de edad, Yonny, Heyber y 41 personas más había sido antes de que se decretara el régimen de excepción.
En esa diligencia les dijeron que en 45 días podría ser revisado el caso del menor de edad, quien es residente permanente en Estados Unidos con trámite de la ciudadanía por parte de sus familiares.
En cuanto a los dos adultos, la audiencia de imposición de medidas estaba programada para este lunes a las 10:00 a.m.
En cuanto a Yonny y Heyber, Igual que en el caso del adolescente, el abogado particular y la familia han recopilado cuanto documento han podido para probar que no son pandilleros.
Yonny tenía ocho años de no venir a El Salvador, cuando al fin pudo, fue porque consiguió un permiso de las autoridades estadounidenses, ya que él está acogido al TPS, es decir, que tiene permiso temporal para trabajar en aquella nación.
“Sinceramente yo estaba de acuerdo en que el presidente hiciera las redadas pero no estoy de acuerdo en que mantengan presas a personas inocentes, que no acepten pruebas a favor de esas personas, poniendo trabas para que ellos no salgan”, dijo Doris, familiar de Yonny y del menor de edad.
Este lunes por la tarde, la familia informó que uno de los dos adultos había sido liberado.