Antes de aprobarse la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas, advirtió a los diputados su preocupación de que la reforma podría convertir a los jueces en “pasapapeles”.
Chicas llegó la tarde del pasado martes a la Comisión de Seguridad Pública y combate a la narcoactividad mientras se estudiaban las propuestas de reformas, donde la magistrada hizo varias observaciones al proyecto de decreto.
El texto incluye que en cualquier fase del proceso el fiscal pueda solicitar al juez que reciba una declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos y que el juez estaría obligado a ordenar la práctica de la diligencia “con la sola vista de la solicitud”.
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“A mí, honestamente sí me preocupa esta parte. Yo solo se los dejo para que lo piensen con la almohada, porque dice que quien ‘con solo la vista deberá ordenar la práctica’, ¿qué pasa si falta un requisito, qué pasa si no ha motivado? Pareciera ser que el juez como que solo va a ser pasapapeles y no va a poder valorar”, dijo a los diputados.
Y sugirió que no se reformara el artículo 8 donde se incluyó esa disposición; pero esta recomendación no se tomó en cuenta en la reforma que se aprobó en la sesión plenaria del miércoles
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, coincide que la reforma y otras anteriores aprobabas por la actual legislatura desnaturalizan el rol de la Fiscalía, de la Policía y de los jueces en la posibilidad de control de los procesos. “Esto no es nuevo, este rol que están llevando los jueces a ser pasapapeles no es nuevo, hay reformas del año pasado que hacen eso. Pero la reforma esta que menciona la magistrada, prácticamente anula el rol que tiene el juez de controlar las garantías”, dijo Ábrego.
Además de considerar que le resta equilibrio a la defensa frente a la Fiscalía en el proceso.
“Estos juicios violan el principio de la presunción de inocencia al presuponer la culpabilidad de los acusados sin que se haya probado su responsabilidad penal. Es evidente que las reformas resultan contrarias a los compromisos internacionales ”
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas Amnistía Internacional
Colaboradores extranjeros
Otro aspecto que señaló con preocupación la magistrada es que la Policía Nacional Civil (PNC) podrá auxiliarse de colaboradores extranjeros que podrán participar en operativos encubiertos.
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“La parte que me inquieta un poco es que dice que van a venir extranjeros acá a colaborar como una especie de agentes encubiertos”, manifestó la magistrada Chicas.
Cuestionó que pasaría si alguno de ellos se sale de las líneas que le establezca la Fiscalía General de la República.
“¿Cómo queda el tema de la responsabilidad si viene un extranjero que actúa como agente encubierto y se sale de las líneas de trabajo?”, expresó la magistrada.
Mencionó que el país se rige en este tema por la Convención de Palermo, la cual señala que se deben celebrar acuerdos bilaterales entre los Estados parte y que dichas técnicas de investigación se adoptan sobre la base de cada caso en particular. “Pudiera ser que ustedes valores, sopesen, si este artículo 5-A le hacen como alguna salvedad previa existencia de acuerdos, lo cual estaría en sintonía con la convención”, sugirió.
Dicha observación tampoco fue tomada en cuenta en la reforma aprobada, tampoco la de dejar la posibilidad que se pueda recurrir al testimonio de peritos.
“No había habido un retroceso tan fuerte como a partir de las reformas del año pasado, ya prácticamente han cambiado el diseño del procedimiento penal, devolviéndolo o retrotrayéndolo a un modelo inquisitivo”
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal