Justo en el Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro Ramírez por señalamientos de corrupción.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., incluyó a los funcionarios salvadoreños dentro de una lista de al menos 40 personas y entidades que están relacionadas con hechos de corrupción o abusos de los derechos humanos en 9 países.
De acuerdo a la información oficial difundida, el Ministro de Trabajo "incurrió en actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal".
También afirma que "como Ministro, Rolando usó su cargo para influir en los sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos del Ministerio de Trabajo y participaran en actividades que lo beneficiaran a él y a sus aliados políticos a fin de recibir un procesamiento acelerado de sus credenciales".
Agrega que "algunos de los que aceptaron recibieron beneficios adicionales, como acceso favorecido para viajes internacionales, mientras que algunos de los que se negaron a alinearse con Castro enfrentaron hostigamiento, represalias y demoras en la certificación sindical".
Horas después de conocer sobre las sanciones en su contra, el ministro de Trabajo reaccionó en su cuenta de Twitter tratando de minimizar el anuncio del Departamento del Tesoro.
En tanto, sobre el secretario jurídico, el Departamento del Tesoro señala que "durante su mandato como Secretario Legal Presidencial, obstruyó las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales".
Estos funcionarios ya habían sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, e incluidos en la Lista Engel por señalamientos de socavar la democracia y debilitar el Estado de derecho en julio de 2021. En ese entonces, Castro Ramírez fue señalado por golpear el proceso democrático al asistir en la remoción ilegal de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
El año pasado también fueron sancionados Carolina Recinos, jefa del gabinete de Nayib Bukele; y Osiris Luna, director de Centros Penales.
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El comunicado explica que la OFAC está designando a Castro Ramírez y Castro entre los sancionados basándose en la Ley Global Magnitsky, la cual persigue a extranjeros acusados de corrupción y de violación a derechos humanos.
"Por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales o el soborno", detalla en el informe.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, ha sido enfático en señalar que el combate a la corrupción y los abusos contra los derechos humanos es una "prioridad máxima" para Estados Unidos.
"Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades", afirmó Nelson, según el comunicado.
¿Qué implican las sanciones para los Castro?
De acuerdo a la información oficial, como resultado de las sanciones impuestas a los funcionarios, todas las propiedades e intereses de los designados descritos arriba que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
Además les bloquean cualquier entidad en propiedad, directa o indirecta, en un 50% o más por una o más de las personas bloqueadas, individualmente o de forma agregada, a menos que sea autorizada por una licencia general o específica de la OFAC.
Las regulaciones de esa oficina del Departamento del Tesoro prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses dentro o transitando por los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de las personas designadas o bloqueadas. "Estas prohibiciones incluyen hacer contribuciones o cualquier tipo de provisión de fondos o bienes, o servicios de cualquiera de estas personas", indica.
Los funcionarios salvadoreños han sido incluidos a la par de otros de Guatemala y Malí, también por corrupción, y de personas de Corea, Irán, Guinea, Filipinas, Rusia y China por violaciones a derechos humanos.