Todos los datos de los salvadoreños que manejan por ahora las alcaldías, serán concentrados en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), a través de un sistema digital que el gobierno comenzará a estandarizar en las 262 municipalidades, informaron a los diputados de la comisión de la Familia el 26 de mayo de 2022, el secretario de Innovación, Vladimir Hándal y el subsecretario, Fabrizio Mena.
Los funcionarios ampliaron información sobre la solicitud que hizo llegar a la Asamblea, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, el 16 de mayo del presente año, para reformar el artículo 187 del Código de Familia.
En la modificación se plantea que los encargados locales de llevar el Registro del Estado Familiar serán los municipios, quienes deberán ingresar a los sistemas informáticos del RNPN los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos en el momento de su registro, para que la información pueda ser consultada y utilizada en tiempo real, so pena de responsabilidades administrativas en caso de inexactitud de la información por falta de actualización en dicho sistema.
En este sentido, será el RNPN la entidad responsable de centralizar y administrar con sistemas informáticos modernos, toda la información relativa al estado familiar de las personas naturales que las alcaldías ingresen al nuevo sistema digital que será regido por el Registro Nacional, llamado “Registro de Estadísticas Vitales y Familiares”.
Al respecto, Mena explicó a los parlamentarios que tienen trabajo adelantado. Informó que hay unas 105 alcaldías que ya están usando ese nuevo programa, pese a que la reforma apenas fue presentada por el Ejecutivo el 16 de mayo a la Asamblea y su discusión en la comisión de la Familia inició el 26 de mayo de 2022.
“Nuestra visión es que, para finales de 2022, tengamos 250 alcaldías ocupando este sistema. Queremos que se realice un proceso más dinámico. Nosotros nos vamos a hacer cargo de capacitar al personal para que puedan utilizar el sistema”, aseveró Mena.
Señaló que casi todas las alcaldías ocupan un sistema distinto para emitir partidas de nacimiento y defunciones, entre otros documentos, entre ellos, tienen un programa específico que el RNPN les trasladó, pero que no era funcional, dijo, el cual es usado por el 40% de las alcaldías.
Otro sistema digital que es utilizado por el otro 40% de las municipalidades es uno que fue desarrollado por la Corporación de Municipalidades de la República (COMURES); otro 10% de las comunas tienen sistemas digitales propios; y el resto del 10%, usan un sistema que les fue proporcionado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
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Por ejemplo, detalló que la alcaldía de San Salvador ocupa un sistema propio que fue aprobado por el RNPN y que abarca casi al 90% del registro del Estado Familiar de todo el país, ya que el registro de los salvadoreños en el exterior llega a la alcaldía capitalina.
“Lo que hicimos es un sistema específico, estandarizado, que usen todas las alcaldías, que es el Registro de Estadísticas Vitales y Familiares. Este sistema lo comenzamos a implementar con distintas alcaldías, haciendo diferentes convenios con el RNPN. Con estas modificaciones de la ley (reforma al Código de Familia) se pretende que sea obligatorio para las alcaldías, para que se apeguen a los nuevos estándares”, planteó Mena.
Mencionó que el gobierno dotará a las municipalidades del equipo necesario, pues son conscientes que muchas comunas no cuentan con recursos.
Mena habló de entregarles un kit que comprende una computadora, el escáner, un UPS y los instrumentos tecnológicos necesarios para usar el sistema y, además, serán capacitados por la Secretaría de Innovación.
Hándal justificó que se decidieron por el nuevo sistema, debido a que observaron desde 2019 que llegaron al gobierno, que existe un desfase de 23 años en la información que deben compartirse entre las alcaldías y el RNPN.
“Hay alcaldías que tienen como 10 años de no reportar nacimientos ni defunciones y todo esto conlleva a atrasos en el Registro, problemas en herencias, créditos, adopciones, es un tema bien complejo”, añadió.
Destacó otras ventajas, como el hecho de que al estar centralizada la información, cualquier ciudadano que necesita de una certificación de su partida de nacimiento la podrá solicitar en cualquier alcaldía de cualquier municipio, sin importar que haya nacido en otro lugar.
Esta medida también servirá para la apuesta del gobierno de colocar un número de identificación a las personas desde que nacen y con base a esa información, proyectar planes sociales, de asistencia médica y educativos, aseguró.
Sin embargo, para algunos diputados opositores, centralizar la información ciudadana en el RNPN cuando esta entidad ya no estará adscrita al Tribunal Supremo Electoral, sino al Ministerio de Justicia y Seguridad, es un signo de alerta.
Junto a la petición de la reforma al Código de Familia, el Ejecutivo también mandó el pasado 16 de mayo, otras dos solicitudes de reformas al RNPN, una para eliminar la representación de los partidos políticos en la Junta Directiva de esa institución; y otra para trasladar la rectoría de la misma al Ministerio de Seguridad.
Algunos expertos en transparencia, también alegaron que se corre el riesgo de un posible “manoseo del padrón electoral”, que podría derivar en un posible “fraude” de cara a las elecciones de 2024, aunque las intenciones que el Ejecutivo plantea es que es para modernizar el registro del Estado Familiar.
Esto, a juicio de Wilson Sandoval, experto en transparencia, sería una puerta abierta a un posible “fraude electoral”. “Ahora van por recortar completamente la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Es urgente posicionar el fraude que se está articulando de cara a las próximas elecciones”, manifestó el experto en su cuenta de Twitter.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que llama la atención por qué se quiere poner adscrito al Ministerio de Seguridad un tema relacionado a la identidad de las personas.
¿Acaso es un tipo de deseo de control? Estamos en un régimen de excepción, que ya hay discursos para renovarlo (fue extendido por los diputados oficialistas por 30 días más el pasado 25 de mayo), hemos visto violación a derechos de personas inocentes que se están dando, un Estado que está dispuesto a poner la seguridad por encima de cualquier otro derecho y ahora que se pretenda tenernos adscritos al Ministerio de Justicia, nos levanta ciertas alarmas”, argumentó Ortiz.
Para Sandoval, lo que el gobierno está promoviendo implica apoderarse del registro electoral por una parte y, por otra, de trasladar los datos contenidos en las bases bajo el poder del Ministerio de Seguridad “en un contexto cada vez más agudo de persecución política contra disidentes”, valoró el experto.
Al respecto, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas y presidenta de la Comisión de la Familia, sostuvo que la centralización de la información permitirá que no existan errores en el registro del Estado Familiar.
“Hay un montón de difuntos votando o gente que aún no ha nacido”, explicó.