Los diputados oficialistas de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea, emitieron este jueves dos dictámenes favorables para reformar la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el decreto de creación del mismo. Se prevé que éstas sean aprobadas en la plenaria del próximo 14 de junio de 2022.
En la modificación a la Ley Orgánica del Registro Nacional, se elimina la representación de los partidos políticos en la Junta Directiva del RNPN; y se autoriza a esa institución, el cobro por emisión de certificaciones de partidas de nacimiento, defunciones y cualquier otro documento que una persona solicite relativo a su estado familiar.
Los partidos ya no ejercerán vigilancia partidaria en el seno del Registro Nacional, siendo que es una dependencia que se encarga de enviar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la nómina electoral de acuerdo a los ciudadanos aptos para votar en cada elección.
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Expertos y diputados de oposición advirtieron el 21 de mayo de 2022 que, con dichas modificaciones al RNPN, se corre el riesgo de un posible “manoseo” del padrón electoral, de cara a los comicios presidenciales, de alcaldes y diputados a realizarse en 2024.
Y, además, con el antecedente de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos por la Asamblea oficialista el 1 de mayo de 2021, emitieron en septiembre de ese mismo año, una sentencia que permite la reelección inmediata presidencial.
La reforma para eliminar la vigilancia electoral de la Directiva del RNPN, establece que en esa instancia de dirección solo habrá representación de: un miembro del TSE; uno del Ministerio de Hacienda; otro por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; uno por el Ministerio de Relaciones Exteriores; otro por la Junta de Vigilancia Electoral (JVE); y uno más por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC); así como el presidente del Registro.
A pesar de que habrá un delegado de la Junta de Vigilancia Electoral, diputados de la oposición temen que esa instancia sea cooptada por el oficialismo.
En estas enmiendas, también se autoriza al RNPN cobrar cánones por la emisión de certificaciones de partidas de nacimiento, defunciones y otros documentos que la ciudadanía solicite, al igual que las alcaldías.
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Sin embargo, en la iniciativa que envió el Ejecutivo a la Asamblea, el pasado 16 de mayo, la justificación de las reformas a la Ley Orgánica del RNPN es que tienen como “finalidad actualizar, modernizar y homologar los términos, registros y procedimientos relativos a la extensión del DUI para los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y en el extranjero; así como compatibilizar la ley con los procesos de contratación relacionados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado”.
Al respecto, el diputado suplente de ARENA, César Reyes, cuestionó en la comisión de Reformas Electorales, que si eso no es atentatorio de la autonomía de las alcaldías, y externó sus dudas en cuanto a que si el dinero que recaude el RNPN en concepto de emisión de certificaciones en el exterior retornarán a las municipalidades; y sobre el costo de los servicios, ya que a su juicio, el Registro estaría cobrando una tarifa más alta que las comunas.
“Las prestaciones que dará el RNPN, en las partidas de nacimiento, las nuevas tarifas que aparecen dicen que las certificaciones de partidas en El Salvador costará $5, pero en las alcaldías cuesta unos $3.50. Se estaría nuevamente trastocando la autonomía municipal. La certificación de partidas en el exterior, en este caso el tema de agilizar está bien, son buenas intenciones, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, alegó Reyes.
El diputado José Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, le respondió que las tarifas son congruentes con las que se manejan a nivel nacional y que el dinero de las partidas de nacimiento que el RNPN emita en el exterior a través de los consulados del Ministerio de Relaciones Exteriores, regresarán a las alcaldías; sin embargo, el proyecto de reformas no lo dice tal cual.
En la propuesta original del Ejecutivo no se aclaraba si los fondos cobrados por el RNPN por la emisión de certificaciones serían de las alcaldías, pero este mismo jueves la bancada de Nuevas Ideas presentó una reforma en ese sentido, para dejar establecido que los montos percibidos por el Registro en concepto de emisión de certificaciones de partidas en El Salvador y en el extranjero, serán trasladados a las respectivas municipalidades. El Ministerio de Hacienda deberá tomar las medidas para efectuar los traslados.
En el apartado que llevó el Ejecutivo, de reformas referente a las “tasas a cobrar por los bienes y servicios que presta el RNPN” no se aclaraba el mecanismo descrito por el diputado Chamagua. Dentro de las modificaciones hechas este jueves por los diputados oficialistas, también se elimina el artículo 2-k del proyecto que autorizaba que cuando se emitiera el informe de liquidación anual del RNPN y si existiere superávit financiero, el Registro debía remitir el 25% del mismo al Ministerio de Hacienda.
Reformas al decreto de creación del RNPN
Los diputados también emitieron un segundo dictamen para reformar el decreto de creación del RNPN. En esta el cambio más drástico es que el Registro ya no estará adscrito al TSE, sino al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Lo anterior ha despertado sospechas en la clase política opositora, quienes observan que la intención del gobierno puede ser la de mantener un control sobre la información personal de la ciudadanía o de una posible “persecución política” en contra de quienes lo cuestionan.
“Lo que están promoviendo implica apoderarse del Registro Electoral por una parte y, por otra, de trasladar los datos contenidos en las bases bajo el poder del Ministerio de Seguridad en un contexto cada vez más agudo de persecución política contra disidentes”, expresó hace unos días el experto en transparencia, Wilson Sandoval.
En esta reforma también se contempla lo que el proyecto de “Ley Crecer Juntos”, presentado esta semana a la Asamblea por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, menciona como novedoso, y es sobre la generación de un número único de identificación para las personas desde su nacimiento.
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Además, obliga a las 262 alcaldías a implementar un programa digital estandarizado y diseñado por la Secretaría de Innovación del Gobierno, para que las municipalidades ingresen todos los datos de los ciudadanos y modificaciones de su estado familiar, que luego serán captados y almacenados por el RNPN.