Organizaciones activistas por los derechos humanos de personas inocentes encarceladas bajo el régimen de excepción registran la muerte de al menos cuatro personas que estaban detenidas, en diversas cárceles, acusadas de pertenecer a organizaciones ilícitas.
Entre las cuatro víctimas que murieron entre la última semana de junio y la primera de julio se encuentra un niño de cinco meses de nacido, quien estaba junto a su madre, en la granja penitenciaria de Izalco, en la cual fue entregado a familiares en deplorables condiciones de salud, según señalaron familiares a El Diario de Hoy.
Carlitos, nombre cambiado a petición de familiares, falleció el pasado 26 de junio en el hospital de niños Benjamín Bloom, por diversas complicaciones de salud, según documentos médicos, entre esas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y neumonía.
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El niño fue entregado el 20 de junio a una tía quien aseguró que la doctora que se lo entregó le advirtió que el bebé iba mal de salud pero que con las medicinas que le estaban suministrando, se recuperaría, pero eso no sucedió pues al siguiente día, Carlitos desmejoró mucho a tal punto que le dio un paro respiratorio que duró cuatro minutos, según le explicaron a los familiares.
Ese paro respiratorio le causó mucho daño al cerebro del bebé a tal punto de que la cabeza comenzó a inflamarse. Eso, según los médicos, derivó en daños a los riñones y el hígado, según versiones de médicos, indicaron familiares del menor.
Con señales de golpiza
En el caso de los adultos, una de las víctimas fue sepultada el pasado 5 de julio, en una lotificación del cantón Metalío, municipio de Sonsonate. El fallecido fue identificado como César Bladimir Cuéllar Martínez, de 24 años, quien fue capturado el 7 de septiembre de 2022, durante un operativo en el que capturaron también a otras personas del lugar.
La razón que a la esposa le dieron los policías, es que capturaban a César porque habían recibido una llamada anónima en la que lo señalaban como colaborador de pandillas; familiares del joven negaron tal señalamiento y calificaron de injusta la detención que derivó en muerte.
Aparentemente César murió debido a una grave distorsión en los niveles de potasio en su cuerpo, padecimiento que es conocido como hipopotasemia, que se refiere a una concentración muy baja de potasio.
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El joven permaneció ocho meses en las bartolinas del 911 de Sonsonate. Mientras estuvo allí, su familia le llevó el medicamento que requería (conocido como Ultra-K) para mantener equilibrados los niveles de potasio. Sin embargo, el 18 de mayo fue trasladado al penal de Izalco, donde su salud comenzó a decaer a tal punto que fue hospitalizado varias veces durante su detención. El 3 de julio, la esposa recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que lo fuera a reconocer a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Sonsonate.
De acuerdo con familiares, el cadáver de César tenía moretones en diversas partes del cuerpo.
Una tercera víctima fue identificada como Marvin Mauricio López Flores, de 28 años, quien era originario del cantón San Antonio La Loma, municipio de San Antonio Masahuat, departamento de La Paz.
La muerte de este joven se registró el pasado 4 de julio. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario fue detenido durante el régimen de excepción y estuvo hospitalizado un largo período para recibir tratamiento por una úlcera en un pie.
El alcalde de San Antonio Masahuat, Adonis Ortiz, y el concejo municipal, expresaron su pesar por el fallecimiento del joven.
Por último está el caso de Marvin Omar Villegas Rodríguez, de 30 años, quien según Socorro Jurídico Humanitario, murió el 27 de junio, posterior a ser trasladado del penal de Ilobasco. El joven comenzó a quejarse de dolores abdominales por lo que fue ingresado a un hospital público, donde murió.
En este caso, hay fuertes sospechas de que Villegas Rodríguez fuera golpeado por policías y custodios durante el traslado de prisión, lo cual pudo haberle causado los dolores abdominales debido a posibles daños internos.
De acuerdo con Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, al menos 300 personas han muerto mientras estaban en diversas prisiones, bajo la responsabilidad de agentes del Estado, luego de haber sido capturados bajo el régimen de excepción que lleva más de 15 meses de vigencia.