Para Celia Medrano, periodista y defensora de derechos humanos, el régimen de excepción es claramente inconstitucional.
Esto, pues esta suspensión de garantías constitucionales está configurándose como una medida permanente, cuando el artículo 29 de la Constitución establece que solo se puede suspender derechos “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
A su juicio, el régimen actual ya no responde a las “supuestas razones que se argumentaron” para decretarlo hace seis meses por lo que prorrogarlo va contra la ley máxima del país.
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El 27 de marzo del presente año, ante un alza significativa de homicidios, la Asamblea Legislativa decretó régimen de excepción. Esto significa que suspendió cuatro derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos.
En su momento los diputados suspendieron las libertades de asociación y reunión, el derecho a la defensa efectiva ante una detención y la inviolabilidad de la correspondencia. Además se amplió el plazo máximo de detención administrativa de tres a quince días.
Esta declaratoria ha sido prorrogada ya en seis ocasiones, aunque en las últimas dos los derechos de asociación y reunión pacífica ya no están suspendidos.
Violaciones a los derechos humanos
Dentro del periodo de régimen de excepción, diversas organizaciones dan cuenta de múltiples y sistemáticos abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
En seis meses, Cristosal registra 2,775 casos de denuncia, de las cuales el 98% va sobre capturas arbitrarias. También hay registro de tratos crueles, hacinamiento en penales, falta de atención médica, torturas y hasta muerte de personas bajo custodia.
Ante este panorama, Medrano señala que el régimen no es solo inconstitucional, sino excesivamente punitivo y lamenta que ese sea el camino tomado por el gobierno de Bukele.
“El régimen de excepción permanente se complementa con una decisión politica ya tomada con anterioridad por los grupos de poder que controlan Casa Presidencial de violar derechos humanos y saturar a la ciudadania con la idea de que violar derechos humanos es necesario o se justifica en nombre de la seguridad”, criticó.