Para el sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, no hubo justificación para decretar régimen de excepción a finales de marzo y menos para prorrogarlo, de acuerdo con declaraciones hechas esta mañana durante una entrevista en la radio YSUCA.
“Me parece que el régimen de excepción no se justifica, porque no se cumplen los requisitos que establece la Constitución en el artículo 29”, afirmó el rector.
Según Oliva, si bien a finales de marzo hubo un incremento de homicidios ya en abril no lo hubo. “No hubo una justificación para aprobar el régimen de excepción, ni mucho menos para que hubiera una prórroga”, señaló.
La posición de Oliva coincide con la de abogados penalistas, constitucionalistas y dirigentes de organizaciones sociales que velan por el cumplimiento de Derechos Humanos, en el sentido de que el gobierno no necesita régimen de excepción porque ya tiene las herramientas jurídicas para poder perseguir a pandilleros y grupos criminales.
Oliva también se pronunció por la cantidad de personas que han sido arrestadas de manera arbitraria, es decir, sin tener vínculos con pandillas; y refutó lo dicho por el presidente Nayib Bukele quien ha sostenido que solo es el 1% de error.
“Respecto a los errores que dice el presidente que se dan en las capturas, lo que está ocurriendo es que no se está siguiendo un proceso con base en una investigación previa, sino por una presunción de pertenecer a pandillas”, puntualizó.
Según el rector, el margen no es pequeño, puesto que la Policía y la Fuerza Armada, que está actuando como policía, están capturando a quien se les antoje. ”El margen no es pequeño; se está deteniendo a una gran cantidad de personas que no tienen vínculos con pandillas”, afirmó.
Además, Oliva mencionó el nombre de seis personas que han fallecido debido a agresiones sufridas mientras estaban detenidas. Aseguró que, en estos casos, el Estado es responsable de esas muertes.
Oliva considera que la respuesta del Estado no es la adecuada y que más bien es la misma que ya se han ensayado en otros períodos gubernamentales.
“Nosotros sostenemos que la respuesta violenta del Estado, como las manos duras, las medidas extraordinarias en centros penales, lo que hacen es generar más violencia”, indicó.
Oliva también reprochó que el ministro de Trabajo criminalice a las organizaciones sociales, sindicales y a la sociedad en general , tildándolas de defender pandilleros cuando lo que buscan es defender sus derechos.
“Eso me parece a mí totalmente inaceptable; es una amenaza de parte de un funcionario gubernamental a la sociedad, a las organizaciones sociales de que no pueden manifestarse el primero de mayo, pero además, no solo que no pueden manifestarse el Primero de Mayo porque se les amenaza de que pueden ser detenidas sino que ya se dice que aquellos que se manifiesta es porque están apoyando a las pandillas o que son sus financista”, puntualizó Oliva.