Como una persona solidaria y comprometida con la enseñanza describen los alumnos y padres de familia a la profesora Ada Evelyn, quien el año pasado impartió clases a los niños que cursaron segundo grado en el centro escolar Reino de España.
Por eso las personas que la conocen no salen de su asombro, tras enterarse de que la maestra fue capturada durante el régimen de excepción vigente desde marzo.
Ada Evelyn Sánchez Gómez, de 39 años, fue capturada el 10 de abril pasado, cuando un grupo de policías ingresaron a su vivienda en la lotificación La Bendición, en una zona rural del municipio de San Julián, en Sonsonate.
La maestra vivía desde hace unos seis años junto a su compañero de vida en una casa pequeña, dentro de un solar de la lotificación, en el cantón Agua Shuca.
La mañana del domingo 10 de abril ambos se encontraban dormidos, cuando un grupo de policías ingresó a la vivienda, relatan los parientes de la pareja.
“Abrieron la puerta del cuarto, los sacaron, los esposaron y se los llevaron. A nosotros nos dijeron que era una revisión “normal” y que ya iban a regresar”, cuentan familiares.
Ada Evelyn fungía como directora del centro escolar Reino de España, la única escuela en el cantón Agua Shuca, donde imparten clases desde kínder hasta noveno grado, repartidos en dos turnos.
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El año pasado la maestra, además de su trabajo como directora, tenía a su cargo a un aproximado de 30 niños y niñas que cursaban segundo grado.
“Dice mi hijo que ella era bien amable, que los trataba bien y yo siento que les enseñaba bastante porque era bien dedicada a su trabajo”, expresó una madre de familia de un estudiante de tercer grado.
Algunas madres confirmaron que en una reunión de padres y madres de familia les habían informado que otra subdirectora asumiría el cargo, debido a que Ada Evelyn sigue capturada.
Se intentó conocer la opinión de la subdirectora, pero expresó, después de consultar a su jefe en la departamental de Sonsonate, que no estaba autorizada para dar ningún tipo de información.
Ada Evelyn fue capturada junto a su compañero de vida José Manuel Lazo Cuéllar, de 28 años, de quien sus familiares aseguran que el año pasado trabajó en el programa del gobierno de donación de computadoras para los estudiantes de centros escolares públicos.
Antes de ser capturado, José Manuel laboraba en una empresa de construcción, según una constancia de empleo en poder de la familia.
Un mes después de la captura de la pareja, la Policía regresó a la misma vivienda y capturó a otro integrantes de la familia: Ismael Eduardo Lazo Cuéllar, de 22 años, cuñado de la maestra y hermano de José Manuel.
La captura de Ismael se dio dentro de su vivienda ante el llanto y los gritos de miedo de su hijo de tres años. El joven trabajaba en la misma empresa donde laboraba su hermano, aseguró la familia.
Los hermanos Lazo Cuéllar ya habían sido capturados antes, pero según relataron los parientes no tenían ninguna deuda con la justicia.
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“Nos duele a nosotros porque eso que les han hecho es injustamente. Yo quisiera que los sacaran porque ellos no deben nada”, expresó la madre de los jóvenes, quien pide la liberación de sus hijos y su nuera.
La maestra se encuentra recluida en la cárcel de Ilopango, mientras que los jóvenes, uno fue enviado al penal de Mariona y el otro a Izalco.
La familia debe viajar de un lugar a otro para poder llevar los víveres que compran con mucho esfuerzo, debido a la falta de recursos económicos.
“Aunque sea lo más necesario tratamos de llevarles, no podemos pasarles todo lo que están pidiendo”, expresan.
La familia cuenta que lo único que han podido averiguar es que sus parientes fueron capturados debido a llamadas anónimas, por lo que consideran que las detenciones han sido arbitrarias.
Según el último informe sobre violaciones de derechos humanos de Cristosal, muchas de las denuncias de detenciones que ha recibido están basadas en presuntos señalamientos anónimos.
Según la organización, la campaña publicitaria lanzada por el gobierno para recibir denuncias anónimas abre la posibilidad de más capturas arbitrarias y procedimientos policiales arbitrarios.
“Estos señalamientos (anónimos) podrían tener origen en desavenencias personales, venganzas por asuntos privados, persecución a personas identificadas como no afines al gobierno y otros supuestos”, señala el informe.
El 30 de marzo, tres días después del primer plazo del régimen de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa que aprobara la Ley de Recompensa.
Esta ley incluye la creación de un fondo de recompensas a quienes ayuden a dar información que lleve a capturas de integrantes de pandillas.“Las cantidades de dinero otorgadas en virtud del presente decreto estarán exentas de cualquier tipo de impuesto, retención o impuesto”, dice el decreto y añade que los montos serán determinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Hasta este momento se desconoce cuántas llamadas anónimas denunciando a presuntos pandilleros han sido recibidas, ni cuánto dinero ha sido otorgado como recompensa.