La violencia y maltratos reportados en las detenciones, durante el régimen de excepción, cobraron víctimas mortales. Uno de esos casos fue el de Walter Sandoval, de 32 años, que fue detenido con uso excesivo de la fuerza.
“En un momento en donde su mandato y su capacidad para proteger la vida y la integridad de la población está cuestionado, necesita mostrar resultados”, dijo la psicóloga, Jeannette Aguilar, sobre el motivo que pudo tener el presidente Nayib Bukele para pedir a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, la aprobación de el decreto número 333: la implementación del Estado de Excepción. Esta dinámica de capturas, de acuerdo con la investigadora social, entra en una “lógica electoral” con vista al escenario político de 2024.
En ese sentido, se le exige a las fuerzas del orden capturas masivas que en su mayoría se ejecutan en sectores populares, explicó y, de ese modo, se busca, principalmente, a jóvenes hombres, que viven en zonas pobres, al interior de comunidades estigmatizadas, señaló.
Por este motivo, hasta la fecha, la experta cree que la gran mayoría de los detenidos no son miembros activos de pandillas, ni han cometido delito alguno, más que el de vivir en zonas estigmatizadas, analizó la investigadora.
De acuerdo con Aguilar: “esto tiene implicaciones tanto en la imagen pública de la policía, como también en el plano personal del talento humano”, siguiendo órdenes contrarias a la naturaleza de su función de garantizar la libertad y el respeto a la ley.
Esto condiciona, especialmente, a aquellos agentes que ingresaron a la formación policial “con una vocación de servicio o comprometidos con un enfoque de contribuir a garantizar la seguridad de la población”, explicó.
Añadió que, de proseguir con este tipo de conductas peligrosas, se generarían, de nuevo, las condiciones propicias para instalar una “subcultura de abusos de violencia que se normaliza”. Además, indicó que “la ley orgánica de la policía y la ley disciplinaria les prohíbe expresamente infligir torturas y tratos crueles e inhumanos”.
El abuso de violencia o uso excesivo de la fuerza en detenciones, que podrían calificarse como “arbitrarias”, llevará a los agentes a tener conflictos internos que pueden traducirse en una carga de estrés adicional al ejercicio de su labor, ansiedad y miedos. “Miedo a, eventualmente, ser juzgados o ser sometidos, en el mediano plazo, a procesos judiciales debido a estas acciones arbitrarias e ilegales”, explicó Jeannette Aguilar.
“Saben perfectamente (los policías) que están incurriendo en un delito”, esto, según Aguilar, debido a su formación en materia legal internacional, en donde se incluyen convenios que incluso prevalecen sobre leyes secundarias. Eso constituye “una conducta delictiva” y a la vez una “falta disciplinaria”, señaló la experta.
Sin embargo, “las condiciones físicas bajo las cuales cumplen estos turnos extenuantes, digamos, durmiendo en el suelo, mal alimentados, sin condiciones óptimas para descansar,” ayudan a configurar lo que llamó “una condición biopsicosocial favorable al cometimiento de abusos”, que los encausa hacia cometer, también, “violaciones a los derechos de la población”, dijo.
Para Aguilar, la desaprobación pública de los sectores populares que, sin ser miembros de pandillas, observan la detención de personas de sus núcleos familiares terminen, en el mediano y largo plazo, “respaldando las acciones violentas de estos grupos como un mecanismo de sobrevivencia, pero también como una reacción frente a la indignación que estos abusos y esta estigmatización”, concluyó.
Policías exhaustos
“Hablamos de unos 30,000 policías de todos los niveles”, indicó Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Según él, esa cifra corresponde al cien por ciento de los agentes que integran la institución pública, encargada de velar por la seguridad y el orden.
A juicio del agente policial, la permanencia del total de agentes de la PNC, en las sedes donde han sido asignados, implica que no disponen del espacio y condiciones suficientes para descansar ya que “son muy pocas las bases policiales que reúnen las condiciones necesarias”.
Pese a que se distribuyeron colchonetas en las delegaciones policiales, Marvin asegura que muchos agentes todavía duermen en el suelo o en sus vehículos. “Hay una situación caótica a la hora de usar el baño para el aseo personal. Dichos problemas son propios del hacinamiento de personal que implica el contexto del Régimen de Excepción", lamentó, durante la semana posterior a la aprobación de la medida, por iniciativa del Ejecutivo.
Marvin reveló que, en algunas delegaciones, los agentes “todavía no han salido después de 12 ó 13 días”. En otras, se han girado instrucciones de mantener turnos de tres días, con un descanso de 24 horas.
Marvin asegura que el ánimo de los agentes se mantiene en niveles estables, a la vez que lamenta que en la institución, los programas de atención psicológica han sido precarios históricamente, y que según las autoridades policiales, en la coyuntura de emergencia, “no hay lugar para atender ese tipo de detalles”, señaló.
Según la experiencia del exagente sindicalista, la condición mental de los agentes podría verse comprometida por el encierro (permanencia) en las delegaciones y por la constante exigencia de resultados en capturas de perfiles determinados de presuntos delincuentes.
“Hay que tomar en cuenta y considerar que el policía es un ser humano y se cansa física y mentalmente, al exponerlo a períodos prolongados de exigencias, puede ocasionar algún colapso”, remarcó.