La represión y control de la violencia vía régimen de excepción no es sostenible en el tiempo si no se transmite a la ciudadanía ni basa en el respeto a los derechos de la población, advierte el especialista en seguridad Juan Torres.
El régimen de excepción, con la suspensión de derechos constitucionales y judiciales para la ciudadanía, se ha prorrogado en siete ocasiones, desde que en marzo de este año la violencia en El Salvador costara la vida de más de 80 personas en un fin de semana.
El gobierno del presidente Nayib Bukele impuso el estado de excepción argumentando ese motivo.
Si bien las cifras demuestran que hasta ahora hay 228 días sin homicidios, expertos apuntan que aunque haya “buenas noticias” en términos de seguridad esto no garantiza que sea sostenible en el tiempo.
Los especialistas describen que hay problemas que se requieren tratar y donde el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) no pueden intervenir y se necesita una estrategia más allá de militarizar las comunidades y las calles, como por ejemplo, establecer proyectos que permitan el desarrollo de habilidades y competencias en la vida de los y las ciudadanas.
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“Bukele ha creado un modelo para combatir la violencia y está vendiéndolo como si fuera eficiente, que puede ser eficiente pero no eficaz”, apunta Juan Torres, director de la Maestría en políticas para la prevención de violencia y cultura de paz, de la Universidad Don Bosco en El Salvador.
"Si este modelo no logra esa sustentabilidad, las otras violencias no disminuirán y de allí se desarrollan los otras daños colaterales" - Juan Carlos Torres, especialista en prevención de violencia
Torres observa que la mayor eficiencia de esta medida es la reducción de los homicidios “para las personas que han vivido la guerra y violencia por las pandillas, eso es un alivio”.
Sin embargo, Torres asegura que este tipo de modelo de represión y de control no es sostenible en el tiempo si no poseen un sustento social, es decir, que de la seguridad pública se transite a la seguridad ciudadana.
Según Torres, la seguridad ciudadana hace referencia al respeto a los derechos legales, políticos y también al cuido de la vida y de los bienes, y quienes intervienen en ella es el sistema público, la Fuerza Armada, PNC, jueces, fiscales y uno de los más importantes: la sociedad civil. Por ejemplo, los líderes comunitarios, quienes son los que se encargan de que la seguridad en su comunidad permanezca en orden.
“Si este modelo no logra esa sustentabilidad, las otras violencias no disminuirán y de ahí se desarrollan los daños colaterales de este tipo de intervenciones”, explicó. Además, destacó que la niñez que ha estado expuesta a la violencia va a presentar traumas que serán reflejados en el comportamiento social, ya sea con su propia familia, compañeros o en la comunidad.
“Ahorita son niños, los comportamientos pueden ser leves pero si no se les da un tratamiento a medida vayan creciendo sin la salud mental adecuada, cuando tengan 15 ó 18 años pueden tomar el camino de la violencia y repetir ese ciclo”, expuso.
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Las otras áreas que no se deben de abandonar son la economía, abrir fuentes de empleo para que las familias encuentren sustentos. Además, realizar una intervención conjunta con las escuelas y las instituciones que trabajan por la niñez y la salud, las cuales, a juicio de Torres, se han descuidado.
El gobierno ha informado que en siete meses ha capturado a 56,716 personas a las que acusa de ser pandilleras. La Procuraduría de Derechos Humanos informó recientemente que ha abierto expedientes por 3,140 casos de presuntos abusos o detenciones ilegales.
Para Torres, las instituciones deben hacer procesos de sensibilización para que las personas que han sido capturadas injustamente no sean señaladas o acosadas socialmente como los siempre sospechosos, solamente porque fueron víctimas de una captura arbitraria, apuntó el especialista.