El impacto psicosocial y el socavamiento de los derechos de la niñez y la adolescencia por parte del régimen de excepción en El Salvador fueron expuestos este martes por una representante de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia denominada “Cierre de espacios cívicos y derechos de niñez en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”.
Georgina Villalta, representante de RIA, expuso que las medidas excepcionales implementadas por el Estado salvadoreño desde marzo de 2022 han tenido un impacto psicosocial negativo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, de manera diferenciada según el género.
“Tenemos evidencia de varios casos de niñas que su papá y su mamá fueron encarcelados. La niña tuvo que dejar la escuela, ya no pudo seguir estudiando, además de eso, tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanitos”, detalló Villalta con relación a una menor de 15 años que asumió el papel de tutor de sus hermanos menores tras la detención de sus padres.
Villalta, también, manifestó su preocupación por la falta de programas específicos de atención psicosocial inmediatos y concretos para niños y niñas que han quedado huérfanos en el régimen de excepción, lo cual, según la especialista, agudiza otras problemáticas como el desplazamiento forzado y la desintegración familiar.
Una investigación periodística realizada por la plataforma regional Connectas y publicada en junio de este año reveló que unos 100,000 niños, niñas y adolescentes habían quedado sin uno o ambos padres, tras las capturas realizadas en el contexto del régimen de excepción hasta esa fecha.
Este dato está basado en una aproximación realizada por Cristosal tomando como base el dato de las últimas Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de El Salvador que detallan que en cada hogar hay en promedio entre uno y tres menores de edad.
Por otra parte, la representante de RIA se refirió al impacto que tienen las reformas implementadas durante el régimen en el tema de justicia penal juvenil, las cuales aumentaron el tiempo de las penas.
Villalta detalló que el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Comité de Familiares de presas y presos políticos en El Salvador (Cofappes) han denunciado que, en el marco del régimen de excepción, se encuentran en detención 918 niños y 164 niñas, además, se han reportado dos bebés que fallecieron a poco días de su nacimiento en el penal de Apanteos.
Sin embargo, Villalta expuso que los datos de las organizaciones son los únicos disponibles debido a la falta de acceso a información pública por parte del Estado salvadoreño.
“En El Salvador hay una reserva de información, si hoy usted quiere acceder a los espacios de transparencia de información pública no existen (...) la información disponible es del trabajo que realizan las organizaciones de sociedad civil”, explicó.
Para Villalta la falta de información pública debilita el sistema nacional de protección de la niñez y adolescencia.
“Toda esta situación de no contar con información debilitan el mismo sistema, porque la información concreta nos permite actuar, focalizar y tomar medidas preventivas y oportunas (...) se requiere esa articulación, respuestas inmediatas, descentralización de los servicios y una mirada integral con enfoque de derecho y género”, manifestó.
Criminalización y restricción del espacio cívico
La representante de RIA también se refirió a la concentración de poder en El Salvador que está llevando al país a la impunidad frente a la ausencia de pesos y contrapesos institucionales, acompañados de la censura y criminalización a la oposición y los organismos de la sociedad civil.
“En El Salvador el mecanismo constitucional que debería ser considerado de manera excepcional es la regla, ahora el régimen permanente de excepción, el uso discrecional de las instituciones públicas, el poco o nulo acceso a la información pública y el uso del aparataje estatal dejan en evidencia el proceso del deterioro de un Estado democrático de derecho y de la latente amenaza del cierre al espacio cívico”, explicó.
Villalta agregó que durante el régimen de excepción se han registrado 27 detenciones de defensores de derechos humanos. Asimismo, desde enero a marzo de este año, se documentaron 12 agresiones a ese sector, cometidas por funcionarios públicos como parte de la política de criminalización y estigmatización contra los defensores de derechos humanos.
En la audiencia, en la que también representantes de organizaciones de Guatemala, Hondura y Nicaragua plantearon la situación de la niñez, pidieron a la CIDH solicitar a los países con medidas de estado de excepción la implementación urgente de un plan integral de atención psicosocial para la atención de niños, niñas y adolescentes que han quedado en orfandad como consecuencia que uno o ambos padres han sido encarcelados.