La Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se mostró preocupada por el impacto en los derechos fundamentales de los salvadoreños que podría tener la implementación del régimen de excepción, ordenado por el presidente Nayib Bukele desde el pasado 27 de marzo, y que ya va en su séptimo período.
“Preocupa particularmente el cierre de espacios de participación y diálogo a nivel nacional, las limitaciones en la práctica al trabajo de defensores de derechos humanos y en el ejercicio de la protesta social, así como las condiciones de detención de las personas privadas de libertad”, señala puntualmente la Comité en un informe aprobado y publicado el 14 de octubre.
Sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad diversas organizaciones sociales ya han denunciados malos tratos y posibles casos de tortura mientras permanecen bajo custodia del Estado en los penales.
Natalia Ponce, la investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), detalló en agosto pasado, que según un informe de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) fueron identificados 306 casos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes, entre el 27 de marzo y el 7 de julio.
Ante la preocupación por el respeto de los derechos humanos, el Comité de la ONU hizo una serie de observaciones al Estado salvadoreño con el fin de preservar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro del régimen de excepción.
La ONU pide al Estado que garantice que la declaratoria, prórroga e implementación del régimen de excepción sean conformes con los principios de temporalidad, proporcionalidad, necesidad y otros principios establecidos por los estándares internacionales de derechos humanos, y esté sujeta a revisión judicial.
Desde que fue ordenado el régimen de excepción bajo la justificación de una abrupta ola de asesinatos, ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas.
El director de acceso a la justicia de Fespad, Héctor Carillo, explicó durante una entrevista en julio pasado que el régimen de excepción y sus prórrogas no se han decretado bajo los parámetros constitucionales y de jurisprudencia establecidos.
Carillo explicó que cuando se decreta un régimen de excepción, no debe ser una medida que se esté tomando en sustitución de otras medidas.
Para el especialista en ese sentido, si bien, el régimen se justificó por las alzas en los homicidios, “pero en realidad consideramos que ha sido instrumentalizado para opacar el fracaso de las acciones impulsadas por el Gobierno en el marco del denominado Plan Control Territorial, que se le atribuyó en gran medida la reducción de homicidios, pero abruptamente volvieron a dispararse”, aseguró Carillo.
Trabajo de defensores
Por otra parte, la ONU recomendó no restringir el trabajo de los defensoras y defensores de derechos humanos, garantizar el derecho de asociación y manifestación pacífica y restablecer el diálogo “con todos los actores a nivel nacional, incluyendo representantes de la sociedad civil, del sector académico, del sector privado, representantes y líderes de pueblos indígenas, y defensores de derechos humanos”.
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Sin independencia judicial
El Comité de la ONU también mostró su preocupación por la información recibida sobre la falta de independencia, en la práctica, entre los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo en la gestión de Bukele.
“En particular, preocupa al Comité la destitución de los magistrados de la anterior Sala Constitucional, sin respeto del debido proceso y desconociendo la inamovilidad judicial”, expresa el documento.
El 1 de marzo de 2021 la bancada oficialista emitió un decreto legislativo para la destitución inmediata de los cinco magistrados de la referida Sala de lo Constitucional. La acción fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal antes de ser removidos, pero hasta ahora no se ha restablecido el orden constitucional.
La destitución de los magistrados ha sido criticada por organismos nacionales e internacionales, analistas y representantes de la comunidad internacional y ha sido considerada como un golpe de Estado.
Un día después, la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó las acciones de la nueva Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo a través de un comunicado.
“La Secretaría General de la OEA expresa que ante las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador rechaza la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron esas acciones”, expresaron.
Jueces impuestos
Otra de las preocupaciones de la ONU son las realizadas a la Ley de la Carrera Judicial, y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobadas el 31 de agosto de 2021, las cuales, según el Comité, presentan incompatibilidades con los principios de independencia de la judicatura y de la Fiscalía.
Por lo tanto, el Comité exhortó a Bukele a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad e independencia del órgano judicial “evitando la injerencia indebida de los órganos Ejecutivo y Legislativo en el órgano Judicial, particularmente en la selección, nombramiento o remoción de jueces”, algo que en la práctica se he hecho como el caso de la remoción del juez Juan Durán.
Otra de las instituciones señaladas es la Procuraduría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que el organismo internacional cuenta con información que hay una progresiva pérdida de independencia de esta, así como su falta de reacción ante violaciones de derechos humanos en el Estado.
La Oficina de Asesoría Legal y Anti-corrupción de El Salvador. (ALAC) denunció el lunes que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) incumplió la ley al declarar como “reservada” la información sobre la visita realizada a los centros penales por el exprocurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.
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El 5 de septiembre de este año, una ciudadana solicitó a través de la oficina de la Unidad de Acceso de Información Pública de la PDDH un informe de la visita de verificación realizada por el entonces procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar. Sin embargo, denegó el informe justificando que con esta información se pondría en riesgo los datos de ciudadanos que se encuentran dentro de los centros penales.