Los habitantes de la colonia Las Flores, en San Francisco Gotera, se muestran desconsolados cuando se les pregunta por “Juancito”, como era conocido Juan de Jesús Orellana, ya que su muerte ha conmovido a todos.
“Todos acompañamos la caravana hasta el cementerio”, relató una vendedora de tortillas de la calle principal de la colonia.
Juan de Jesús Orellana vivía con su esposa, su hija de tres años y otros familiares en una casa alquilada. Él se dedicaba a la albañilería desde los 15 años, por lo que ayudó en la construcción de muchas de las viviendas de la zona.
Según su esposa, Johanna Hernández, Juan fue detenido el 30 de mayo después de volver del trabajo. Ella relata que alrededor de ocho policías se encontraban en los alrededores haciendo una redada, ya que en años atrás el lugar se había vuelto concentradero de pandilleros.
Los agentes se acercaron a su casa para averiguar quiénes vivían ahí. Uno de los policías pidió que Juan le entregara su DUI, a pesar de que el agente lo conocía bien, porque, según Johanna, vive en la misma zona. Luego de un cuarto de hora, el mismo policía acusó a Juan de pertenecer a grupos terroristas, así que fue esposado y se lo llevaron.
Johanna relata que su esposo se mantuvo sereno todo el tiempo, aun cuando de la situación se estaba volviendo preocupante, probablemente porque como se sabía inocente, pronto se aclararía que lo era y saldría libre. Ella comentó que no se sentía preocupada por el hecho de que se lo llevaran detenido, sino que por su estado de salud.
Juan llevaba años enfermo, pero debido al nacimiento de su hija decidió poner en control su salud.
Según el médico internista Roberto Eliduk Flores, del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, Juan tenía una nefropatía perdedora de potasio, una enfermedad renal la cual genera mareos, desmayos o incluso un para cardíaco si la enfermedad se complica, además de insuficiencia renal crónica (Etapa II). Él fue diagnosticado con estas enfermedades en marzo del 2021.
Su esposa y su madre se encargaron desde el momento de su captura de hacer todos los trámites en diferentes instituciones para lograr los arraigos (constancias de residencia y trabajo) y otros documentos. Ellas, junto a un defensor público de la Procuraduría General de la República (PGR), lograron obtener cartas y documentos como pruebas, las cuales fueron entregadas en el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel.
No ejecutan orden de juez
El 12 de junio, el juez David Ernesto Sigüenza Chávez le concedió la libertad a Juan debido a los documentos que presentó su esposa Johanna, demostrando el deterioro de salud. “Se ordena poner en inmediata libertad al procesado”, consigna la carta de libertad, aunque pide que sea liberado después de investigar si tiene otro delito aparte del que se le acusó al ser detenido, de lo cual sus antecedentes penales demuestran su inocencia.
A pesar de eso, a Juan se le negó su libertad en cuatro ocasiones.
Según Johanna, ella fue al penal de Izalco el 13 y 21 de junio. El 28 de junio, un reo liberado contactó a Johanna. “Él me dijo que les avisara que ya le entregaron su carta de libertad, que por favor vayan a traerlo”, les dijo el reo, por lo que el 29 volvió a ir al lugar y se le negó por tercera vez su libertad. La última fecha en que visitó el penal fue el 11 el de julio. Todas estas visitas las hizo Johanna junto con su suegra. El abogado de la Procuraduría General de la República no se hizo presente, según dijeron ellas.
La infausta noticia
Durante un tiempo decidieron esperar a que les llamaran desde Centros Penales avisándoles de la liberación; no fue hasta el 25 de agosto que recibieron la llamada de una funeraria que les informó que Juan estaba muerto. Su esposa logró reconstruir los últimos días de Juan por medio de documentos del hospital público Mazzini de Sonsonate, donde fue llevado desde la cárcel el 11 de agosto, luego entró en coma el 14 de agosto y falleció el 25 de agosto.
Después de varias horas de haber recibido la llamada de la funeraria, llamaron desde Centros Penales confirmándole la muerte de su esposo. “Para esto sí me llaman, pero las cuatro veces que fui al penal con carta de libertad en mano no me atendieron”, recuerda Johanna que le dijo a la persona al otro lado de la línea.
El defensor de la PGR, una clave
El defensor público del caso de Juan de Jesús Orellana, según Johanna, no se presentó con su nombre sino con un código que la PGR le proporciona. Ella comenta que nunca tuvo un contacto directo con él, ya que él no le proporcionó un número telefónico al cual llamarlo directamente. “Llamaba a la Procuraduría y decía el código del abogado que se me asignó y después le pasaban la llamada, si es que estaba disponible”.
El abogado, cuyo código no quiso compartir la esposa de Juan, es uno de los 274 empleados especializados de la Unidad Defensoría Pública Penal de la Procuraduría General de la República. La función general de esta unidad es “dar fiel cumplimiento al mandato constitucional de brindar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en la defensa”.
Cuando El Diario de Hoy intentó buscar por medio de la Gerencia de Comunicaciones de la PGR, información sobre cómo es el funciona esta unidad y cuántos casos ve cada uno de los defensores, para entender mejor que pudo haber fallado en el proceso que llevó a la muerte de un hombre enfermo que tenía carta de libertad de un juez.
La institución respondió con el envío de una copia digital de una memoria anual de labores para la Asamblea Legislativa, publicada en agosto de 2023. En el documento dice que en año la unidad dio 548,078 asesorías a familiares, abrió 38,804 expedientes, dio 78,235 asistencias, benefició a 46,261 personas y obtuvo 12,726 resultados favorables.
No se detallan los tipos de delitos de los que estaban acusados los defendidos, ni la cantidad específica del personal de dicha unidad que trabaja directamente en los juzgados acompañando a sus defendidos.
Pero haciendo un cálculo aproximado, considerando que todos los 274 empleados atendieron a 46,261 beneficiarios, cada uno vio 169 casos en un año, 14 al mes.
El Diario de Hoy consultó con una abogada, investigadora de campo y criminóloga que ha llevado múltiples casos de capturados durante el régimen de excepción, sobre cómo se están haciendo los defensores públicos su trabajo y ella comentó que un caso puede abarcar a un grupo de alrededor de 300 personas, porque cada expediente del régimen de excepción se abre, por ejemplo, después de una redada en un lugar en particular, es decir, un detenido puede estar en un caso junto a otras decenas de personas.
Según la fuente consultada que prefirió el anonimato, la sobrecarga laboral que presenta cada uno de los 274 defensores de la PGR, institución dirigida por el procurador René Gustavo Escobar Álvarez, es inmensa y darle seguimiento adecuado a cada uno de los casos se vuelve complicado, pero esto no es excusa para dejar en el olvido a un cliente que ha logrado obtener carta de liberación y que su familia ya ha pagado una fianza.
Además, las autoridades del penal de Izalco, donde estaba preso Juan, debieron de dejarlo en libertad al contar con una carta firmada y sellada por un juez ordenando su liberación inmediata. “Ellos estaban conscientes del mal estado de salud del reo y aun así decidieron no dejarlo salir”, advirtió la experta.
Actualmente, Johanna intenta mantenerse activa en la iglesia y con algunos trabajos que consigue. Ella no cuenta con estudios, así que solamente puede optar por trabajos de limpieza o domésticos para tener ingresos para cuidar a su hija.
