Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron este martes una nueva prórroga de 30 días al régimen de excepción, vigente desde el 14 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2023, con la que se llegaría a 19 meses de mantenerse suspendidas algunas garantías constitucionales.
Autoridades del gabinete de Seguridad presentaron al Órgano Legislativo la propuesta del Consejo de Ministros de prorrogar la medida, la cual, como ya es costumbre, se aprobó por medio de dispensa de trámites. La prórroga aprobada en agosto finaliza el 13 de septiembre de 2023.
El régimen de excepción es utilizado por el gobierno como principal mecanismo de combate a las pandillas desde el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana de aumento de los homicidios atribuidos a estos grupos criminales.
Y pese a la reducción de los homicidios y a las denuncias de organizaciones internaciones y nacionales de violaciones a derechos humanos, capturas arbitrarias y torturas, el régimen se ha mantenido durante un año y medio.
El régimen implica que se suspenden los derechos y garantías constitucionales de las personas de ser informadas inmediatamente de las razones por las cuales se les detiene, el derecho de defensa técnica; amplía la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días y suspende la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
“Vamos a seguir revisando toda la estructura legal que nos heredaron, precisamente para poder tener hacia el futuro las herramientas necesarias para combatir la delincuencia, sea común u organizada”,
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública
El funcionario aseguró que sobre el delito de homicidio tienen “una efectividad” del 90%.
En el marco del régimen de excepción, también se aprobaron varias reformas penales para endurecer las penas a los miembros de agrupaciones ilícitas y reformas procesales que, a juicio de organizaciones, violentan el debido proceso, la presunción de inocencia.
Además, se emitieron disposiciones transitorias que permiten a la Fiscalía General de la República agrupar a detenidos bajo el régimen por tipo de estructuras criminales para ser procesados, lo que implicaría juicios masivos.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, mencionó que el régimen de excepción va a finalizar cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, “considere que El Salvador está en una condición está totalmente segura”.
Indicó que pandilleros “han tratado de disfrazar” la pertenencia a pandillas de diferentes formas, “unos a través de la región, otros a través del arte” y que con la información de la Policía han podido detenerlos.
Sostuvo que al final del año terminarían con una tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes de 2.2 o 2.5.
Reparar el daño a inocentes
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, recordó que de acuerdo a cifras divulgadas por el mismo gobierno, de 72,000 capturados durante el régimen se han liberado más de 7,000 personas.
“Al menos, el 10 % de las personas capturadas que son las cifras oficiales, ha sido declaradas inocentes y han tenido que pasar por situaciones injustas, de tortura, de limitaciones a su integridad física y moral aún habiendo sido inocentes”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Agregó que el Estado “se niega” a aceptar su responsabilidad “de reparar el daño” ocasionado a estas personas. “¿Cuántas personas más no estarán injustamente guardando prisión? Porque el régimen, mas allá de ser una política de seguridad ha sido una política de que paguen justos por pecadores”, expresó.
Insistió que existe legislación en el país para detener y procesar a las pandillas.
Marleni Funes, del FMLN, señaló que el gobierno y la Asamblea Legislativa “han tenido las herramientas jurídicas y económicas bastas y suficientes para poder enfrentar el crimen en nuestro país de manera frontal. Recursos que debo decir están disponibles sin ningún escrutinio público, ya que están bajo reserva”.
Agregó que mantienen el régimen porque no hay una política de seguridad pública que garantice resultados permanentes.