Las familias de las personas detenidas bajo el régimen de excepción, vigente desde finales de marzo a raíz de una ola de asesinatos, temen y desconfían de las instituciones "designadas para protegerlos", indicó este viernes el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
Una escalada de la violencia homicida se cobró la vida de 87 personas a finales de marzo, por lo que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, decretó la suspensión de garantías constitucionales, que estará vigente hasta finales de junio.
"Bajo este régimen de excepción, muchas de las personas que se han dirigido al Idhuca desconocen los motivos de la captura de sus familiares y esto les ha hecho perder la confianza en las Instituciones Estatales que están designadas para protegerlos a ellos" y "tienen temor cada vez que se acercan a sus viviendas", indicó en un informe divulgado hoy.
El Idhuca, que ha atendido denuncias por violaciones a derechos humanos de 70 personas, señaló también que los familiares de los detenidos "desconocen a qué otras instancias pueden dirigirse para que su voz sea escuchada y que sus familiares puedan ser liberados", dado que "no están vinculados a pandillas y no hay motivos para estar capturados".
“Se consolida la militarización”, afirma Celia Medrano
También indicó que "es importante mencionar la gran afectación que se está realizando a estas familias, no solo a nivel económico, sino también en temas de salud mental, la cual se está viendo afectada en todas las personas que conforman estos grupos familiares".
Con estas denuncias procesadas por el Idhuca suman más de 1.400, de las que más de 700 fueron recibidas por la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y en un número similar por la organización no gubernamental Cristosal.
El Congreso aprobó la noche del miércoles una segunda extensión del régimen de excepción implementado desde el pasado 27 marzo.
Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se continúa sin saber si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
