El 6 de mayo, el procurador de Derechos Humanos dio una conferencia para presentar un documento denominado “Informe de Verificación en el Contexto del Régimen de Excepción Producto del Incremento de homicidios y feminicidios acontecidos en la última semana del mes de marzo”. Sin embargo, ni difundió el documento ni lo publicó en su página web, por lo que Cristosal tuvo que presentar una solicitud de acceso a la información pública para acceso al mismo.
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, llamó la atención sobre el hecho de que en dicho informe la PDDH solo da datos sobre las inspecciones llevadas a cabo en ciertos centros de detención, pero no detalla los hallazgos.
“En este informe se afirma que se basa en datos recolectados entre el 27 de marzo y el 25 de abril a partir del despliegue de un ‘Plan Nacional de Verificación’, y da cuenta de cientos de gestiones institucionales realiza-das. Así, se establece que la PDDH realizó 2,143 gestiones institucionales, 951 orientaciones penales y penitenciarias, 231 acciones inmediatas, 239 entrevistas a autoridades y 445 gestiones telefónicas durante el período mencionado. Estas actividades incluyeron, según el reporte, 164 verificaciones en centros de detención (monitoreo de condiciones de personas detenidas), pero ‘principalmente bartolinas policiales y centros de resguardo de adolescentes’”.
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El informe, subraya Ábrego, no menciona verificaciones en los centros penales de Mariona, Izalco y Cárcel de Mujeres, pese a que hay miles de personas recluidas ahí en condiciones de hacinamiento y pese a las muertes ocurridas en los dos prime-ros centros penales.
No obstante, Cristosal también cuenta sobre las acciones positivas que la PDDH dice: “Seguimiento a casos de personas en situación de vulnerabilidad tales como mujeres trans, personas enfermas, adultos mayores, mujeres embarazadas y madres lactantes, para a que fuesen atendidas necesidades específicas de estas. Igualmente, la institución reporta haber realizado recomendaciones para que se llevara un registro de los de-tenidos y a partir de este se proporcionara información a familiares; además, asegura haber brindado servicio de atención psicológica a familiares. La PDDH también consigna que verificó 27 audiencias judiciales”.
Entre los datos que Cristosal considera más relevantes en el informe de la PDDH están: 817 casos atendidos sobre violaciones de los derechos humanos durante el régimen de excepción; 732 de los cuales corresponden a violaciones a la libertad personal, 24 a violaciones a la integridad y 5 a violaciones a la vida, entre otros. Pero el hecho violatorio más recurrente habrían sido las detenciones arbitrarias con 566 casos.Pero la PDDH no da detalles sobre esas “violaciones a la integridad” y en sus conclusiones hace recomendaciones someras, como la sugerencia de diseñar una política de atención a las víctimas, “pero en ningún momento hay algún señalamiento sobre violaciones a derechos humanos”, advierte Ábrego.
Una PDDH que inspecciona, pero guarda silencio
En el Tercer Informe de Cristosal sobre “Violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador”, se explica que desde que empezó el régimen “Cristosal ha activado a la PDDH presentando casos de detenciones arbitrarias y de otras graves violaciones a los derechos humanos que se han descrito en este reporte, especialmente ingresando los casos a una plataforma especial en el sitio web institucional denominada ‘PDDH en Vigilancia del Régimen de Excepción 2022’”.
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Al cierre del tercer informe, Cristosal había presentado ante la PDDH 77 casos, que representan a 82 personas. También ha realizado gestiones ante las áreas técnicas de la PDDH por numerosos casos. “De esta forma, Cristosal constató que personal de las áreas técnicas de la PDDH en general recibían la información y, en diversos casos, procuraron obtener información adicional o realizar diligencias, por lo que se verificó que las unidades sí esta-rían generando datos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen”. Sin embargo, los hallazgos que el personal técnico de la PDDH pudo haber encontrado dentro de los centros de detención visitados no fueron consignados en el informe.