El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, es de la idea que si bien el régimen de excepción ayuda a las autoridades de seguridad a sustentar las capturas ante los jueces, no debería ser un mecanismo permanente en el país.
“No nos conviene acostumbrarnos a vivir en el régimen de excepción, para mí debe ser lo mínimo necesario, tengo mis dudas de si se necesita la prórroga o no, las capturas han bajado, son más específicas y eso se puede hacer sin el régimen de excepción. Prorrogar el régimen de excepción podría permitir que se cometan más abusos. Lo más sano sería no prorrogarlo más allá de lo necesario. Cuando la autoridad se acostumbra a no dar explicaciones, de repente comienzan a pasar cosas”, señaló el abogado en la entrevista matutina del Canal 21.
Según dijo, en primera instancia implementar un mecanismo más drástico era urgente, debido a que las capturas eran muchas y el gobierno requería de los 15 días que le otorga el estado de excepción para fundamentar las detenciones ante los jueces, ya que por lo numeroso de los procedimientos, 72 horas era poco tiempo.
Cree que es posible que la medida se amplíe una segunda ocasión a petición del fiscal general, Rodolfo Delgado, a pesar de que la Constitución no lo permite, de acuerdo a declaraciones recientes del jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
“Si el régimen de excepción terminara hoy, la Fiscalía solo tendría tres días para presentar los requerimientos necesarios contra los arrestados. Es probable que el Fiscal solicite al Presidente (Nayib Bukele) otra prórroga”, mencionó.
Pero más allá de prorrogar de nuevo el régimen de excepción, Bertrand Galindo, apunta a que la medida si bien es certera ampliarla por una segunda vez, para terminar de capturar a unos 10,000 líderes pandilleriles que aún faltan, tiene sus desventajas también, en el sentido de que si no es sostenible, en el lapso de un año o dos años, las consecuencias serán peores.
“En un Estado ausente, alguien llena ese vacío, si es un problema de la frontera el crimen organizado y si es de la comunidad, la pandilla. El Estado tiene que demostrar que tiene presencia real”, acotó.
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Además, apunta que en el caso de que los detenidos hayan sido capturados sin lograr fundamentar el cometimiento de un delito y después de un año salgan libres, las personas en las comunidades correrán el riesgo de represalias en su contra.
“Existe el riesgo de que, pasando el año, muchos casos no tendrían pruebas y los pandilleros podrían salir y regresar a las comunidades para actuar en contra de aquellas personas que consideren colaboraron con las autoridades”, sostuvo.
Lo anterior precisamente es parte de lo negativo del régimen de excepción, lo cual considera puede revertirse en contra del gobierno, dado que también muchos arrestos están en el límite de la inocencia, afirmó.
“Mi mensaje para el gobierno es que tenga cuidado con las cosas mal hechas, porque lo bien hecho lo van a olvidar. Al no terminar las cosas con finura, eso hace que las cosas se reviertan”, manifestó el abogado.
Por otro lado, Bertrand Galindo considera que si existía un acuerdo entre el gobierno y las pandillas de que éstos últimos bajaran los homicidios, pero algo pasó en el camino que eso se deterioró.
“Allí es una crítica de la oposición que tiene sentido ¿por qué no lo hizo en años anteriores? (las capturas), primero creo que sí había un acuerdo de un detente, ese acuerdo tuvo sus problemas, un acuerdo de este tipo es un acuerdo tensionado, la pandilla siempre trata de lograr más cosas, en la medida que se va rompiendo hay represalias, cuando los homicidios se disparan hay que reponer el equilibrio, se hace mediante una medida de fuerza y después hacer un nuevo acuerdo”, reflexionó.