Las reformas a la Dirección de Obras Municipales (DOM), aprobadas ayer por el oficialismo y sus aliados, facilitan la expropiación de inmuebles en El Salvador. Así lo advierten diputados opositores, quienes además señalan que tales enmiendas están articuladas entre sí para facultar que dicha entidad pueda ser oferente del Estado, contratarse a sí misma en obras públicas, endeudarse y para que funcionarios se beneficien con contratos.
De hecho, los legisladores subrayaron que estas modificaciones “legalizan la corrupción y el robo” del dinero de la gente que paga sus impuestos, a través de los recursos que se destinan para obras de las alcaldías, usando un mecanismo similar al que ocupó el FMLN con Alba Petróleos, recordó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
Tras un fuerte debate en el pleno, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles las enmiendas a la Ley de Compras Públicas, a la Ley Simplificada para la Adquisición de Obras Municipales y a la Ley de Creación de la DOM. Los legisladores de Nuevas Ideas defendieron tales modificaciones bajo el argumento que harán “más eficiente” la administración pública.
No obstante, la diputada de ARENA, Rosa Romero, formuló una serie de cuestionamientos a estas iniciativas del Ejecutivo. “Otro aspecto importante a destacar es que podrán adquirir inmuebles siempre y cuando estos sean considerados de utilidad pública y bien común”, indicó la legisladora. Añadió: “Eso de utilidad pública es otro candado que queda sin amarrar”, observó.
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La enmienda aprobada a la ley de la DOM añade varios literales al artículo 3, en donde se establece que una función de la Dirección es “desarrollar proyectos en favor de cualquier cartera de Estado siempre que el mismo signifique una inversión considerada de interés general y utilidad pública…”.
En esta reforma, se establece que la DOM podrá adquirir inmuebles que beneficien al Estado y posteriormente realizar la donación del inmueble a la institución que corresponda. Ante esto, la parlamentaria del partido tricolor recordó durante la discusión de la propuesta que eso de “utilidad pública” se escuchó cuando se aprobó el decreto de expropiación en noviembre del 2021 “cuando allí se legaliza que se puede quitar un inmueble bajo el argumento de que es de utilidad pública lo que se construirá allí”, apuntó.
Además, ella destacó que ya se han visto varios casos de esto y como ejemplo mencionó el terreno en donde se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT ), en San Vicente. “Allí a la pobre gente le han comprado los terrenos a precios de lo que las escrituras decían que lo habían adquirido”, recordó.
Es “una injusticia”
“¿Cómo se le puede llamar a eso?” se preguntó y expresó: “Si eso de aparte de ser descaradamente sin penas, es una injusticia quitarle el terreno a la gente, que a lo mejor era la forma de cómo vivían y sostenían a sus familias”, dijo la parlamentaria. En esa dirección habló de los proyectos que el gobierno ha prometido realizar en la zona oriental del país, donde los pobladores denunciaban que les querían pagar a bajo precio los terrenos para supuestamente construir el aeropuerto del Pacífico.
Los señalamientos de Romero hacen referencia a la "Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales" que fue aprobada a mediados de noviembre del 2021.
“Los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, previa declaración de utilidad pública o de interés social y con una justa indemnización”, reza el artículo 1 de la ley aprobada hace más de un año.
Con base en este enunciado, la diputada de ARENA enfatizó que con las reformas se permitirá la apropiación de terrenos sin notificar a sus propietarios que seguirán un proceso en el juzgado correspondiente y que se enterarán “hasta que el proceso esté y se lo estén quitando”.
“Esto lo aprobaron los diputados oficialistas y sus aliados y ahora viene con esta nueva reforma y en un artículo habla exactamente lo mismo, que puede adquirir inmuebles de beneficio para la población y que serán de utilidad pública”, remarcó la legisladora.
Un exceso y un abuso
Portillo Cuadra reforzó el planteamiento de su colega Romero y recalcó que cualquier tipo de concesión de obra o de servicio tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. “No puede la DOM ni ningún otro Órgano del Estado arrogarse la facultad de concesionar, porque esa solo la da la Constitución a la Asamblea. Nos parece un exceso y un abuso que la DOM pueda tener facultades de decidir sobre propiedades privadas a pretexto que es de utilidad pública”, criticó Portillo Cuadra.
Es más, el diputado de ARENA señaló que al poner capital del Estado a través de la DOM en combinación con cualquier empresa privada nacional o internacional, sin ningún tipo de rendición de cuentas, solamente están repitiendo el mismo error que se cometió con los negocios de Alba Petróleo, Alba Financiera, Alba Supermercados, Alba Gas, y todos esos negocios, que eran procedentes de dinero de las alcaldías del FMLN, y "nunca se rindió cuentas de las ganancias de esos negocios oscuros”.
“Eso es exactamente lo mismo que está haciendo la DOM, al tratar de hacer inversiones sin determinar en la reforma hacia dónde va el dinero y las ganancias de ese tipo de negocios con empresas privadas”, sostuvo el legislador.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, también criticó las iniciativas. “Digamos que un diputado tiene una empresa, la DOM compra acciones de esa empresa, pero un diputado no está habilitado para ser contratista, pero hoy estaría siéndolo por que este cambio legal, abre la puerta a espacios de conflicto de interés, al abuso de fondos públicos”, explicó. “Esta Asamblea ha permitido estos abusos, hay que darle fuerza a una alternativa que le ponga freno a esta sinvergüenzada y estos abusos”, agregó.
Finalmente, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, recalcó que el gobierno de Nayib Bukele sigue buscando endeudar al país y habilita a la DOM para que adquiera préstamos a costa de los fondos públicos, para beneficiar a unos pocos, que se llevan los contratos.
“La DOM ha estado en funciones más de un año y lo menos que ha hecho es responder las necesidades de cada municipio. Esto puede derivar en posibles casos de corrupción”, concluyó la legisladora.