José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), es contundente en decir que no hay ninguna circunstancia que admita la reelección inmediata. Además, sostiene que los cinco abogados que lo avalaron no gozan de legitimidad, pues fueron impuestos en la Sala de lo Constitucional y solo actúan como magistrados. Esto es lo que dijo a El Diario de Hoy:
¿Puede bajo alguna circunstancia reelegirse el presidente?
El presidente no puede reelegirse de forma continua. Sé que hay voces que están diciendo lo contrario, algunas por desprevenidas y otras con un interés, pero nuestra constitución contiene al menos seis disposiciones que implican una prohibición directa o indirecta de la reelección continua presidencial.
Es una protección que busca evitar que los presidentes permanezcan en el poder más de un periodo o que esto derive en una dictadura.
¿Son esas prohibiciones sugeridas, sujetas a interpretación o explícitas?
Son prohibiciones bastante claras, siempre lo han estado. Entre las disposiciones hay una que obliga a la ciudadanía a la insurrección si el presidente pretende permanecer más de un día en su cargo. Hay además un principio fundamental que es la alternabilidad en el ejercicio del poder, tan importante que los constituyentes decidieron incluirlo en las partes que no pueden ser modificadas, las cláusulas pétreas.
¿Y entonces por qué se está abordando como una posibilidad real?
La duda no ha surgido de la literalidad de las normas, sino a partir de una decisión de la Sala de lo Constitucional “impuesta” por el oficialismo (el 1 de mayo de 2021) que apenas unos meses después de ser nombrada decide, sin que nadie se lo haya pedido, reinterpretar interesadamente estas mismas disposiciones que nadie estaba discutiendo y concluir de manera disparatada que la reelección continua del presidente es posible.
Además empieza a activarse la maquinaria estatal de cara a preparar lo que no es otra cosa más que un fraude en cámara lenta que no ha terminado de darse y se va a consumar cuando el árbitro electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) termine inscribiendo la candidatura del presidente actual para la reelección en 2024.
Hablemos de la Sala impuesta. ¿Tienen legitimidad sus resoluciones?
La resolución nace de una Sala que ha sido impuesta apenas unos meses atrás por el oficialismo, violando la Constitución al destituir una Sala legítima y luego al imponer por la fuerza a cinco personas que simulan actuar y usurpan el rol legítimo de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta es una decisión encargada en la lógica del oficialismo para permitir la continuidad en la presidencia de Bukele.
Al oficialismo le interesa que se nos olvide que esa decisión no tiene ningún valor jurídico, pero la decisión de autorizar la reelección no tiene ningún valor jurídico.
¿Ninguno?
No, y no es solamente una opinión política, sino jurídica. El mismo día que el oficialismo destituyó a los magistrados, la Sala de lo Constitucional legítima emitió una decisión que invalida su remoción porque no se ha seguido ningún proceso ni condiciones en la Constitución que se haya cumplido.
Si esa destitución es inconstitucional, por lo tanto el nombramiento de la nueva Sala es contrario a la Constitución y todo lo que haga esta nueva Sala impuesta es completamente ilegítimo, es inexistente, están firmando papeles cinco personas que están simulando ser magistrados.
Ilegal o no, parece que lo harán por la fuerza. ¿Hay algo por hacer?
No tenemos árbitro de la Constitución en este momento, al árbitro el oficialismo lo pretendió destituir y fueron obligados a renunciar.
En este momento el oficialismo ha cerrado las vías de control institucional y se ha tomado no solo la justicia, sino la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, ha silenciado a otras instituciones (TEG, IAIP, Corte de Cuentas).
Tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana sin restricción, regulación o consecuencia. Si se equivoca o comete ilegalidades, nadie lo puede controlar.
¿Qué hay del Tribunal Supremo Electoral en este tema?
Creo que los magistrados del TSE deben saber que serán responsables de su participación en este esquema. Algunos de ellos ya se han pronunciado, hay señales preocupantes de cómo el TSE se reunió con el asesor jurídico de Presidencia el día antes de conocerse la resolución que autoriza la reelección, hay señales preocupantes de la injerencia que puede tener el Ejecutivo en el árbitro electoral.
Pero es la única vía institucional vigente y abierta de control del poder político. Una vez termine de cerrarse, no habrá ningún camino institucional de control del poder político.
¿Cómo pasará a la historia el TSE si avala la reelección inmediata?
En este fraude en cámara lenta hay partícipes involuntarios y luego hay cómplices. Si el fraude se consuma en el momento en que se inscriba la candidatura de Bukele en 2024, los magistrados pasarán a la historia como cómplices de este fraude preparado desde el oficialismo.
Los magistrados deben recordar que también velan por el cumplimiento de la Constitución y son responsables de protegerla. Los magistrados tienen el conocimiento jurídico suficiente para saber que la resolución que autoriza la reelección es ilegítima.
¿En ellos está detener esto?
Aún hay tiempo para que los magistrados del TSE reflexionen sobre el valor que van a darle a esta supuesta decisión de la Sala impuesta. Creo que además es un deber de la ciudadanía hacer observación, veeduría e insistir por que se respeten las reglas del juego.
Nayib Bukele no se ha pronunciado en todo este proceso. ¿Será parte de la estrategia?
Sí. Hay una preparación de la opinión pública, luego una institucional con la resolución y la respuesta del TSE. Habrá que ver en qué momento el partido presenta la candidatura.
En la opinión pública se ha usado el aparato de propaganda gubernamental, pagado por la propia ciudadanía, para decir que es la misma ciudadanía la que quiere la reelección sin importar que se esté rompiendo las reglas.
¿Ves probable que al final decida no buscar la reelección?
Me encantaría estar equivocado en mi preocupación por la reelección. De pronto puede haber un reconocimiento de que una candidatura a la reelección sería el rompimiento definitivo de la línea electoral, una participación cargada y con las reglas cambiadas hacia el oficialismo para que su candidato pueda repetir. Pero si no rectifica, sería una elección de cuestionable integridad y validez.
¿Crees que venía el tema reelección antes de la resolución?
Los mensajes de la reelección se pueden encontrar incluso antes del 1 de mayo. Esto no es accidental, sino un ejercicio deliberado para ir colocando el tema en la mente de la ciudadanía, ahora con más intensidad, con el aparato de propaganda, pero también con personas que opinan o desprevenidos o interesados y dicen que la reelección es posible.
¿Pueden quienes promueven y quienes han avalado la reelección enfrentar consecuencias legales?
Creo que sí, aunque en este momento las condiciones materiales, políticas y jurídicas lo hacen ver absolutamente lejano, remoto e improbable. De hecho vale la pena recordar que una de las disposiciones constitucionales que habla sobre reelección dice que pierden los derechos de ciudadanía quienes promuevan la reelección continua.
¿Qué tan comparable es la forma en que se avaló la reelección aquí con la forma en que se hizo en Nicaragua y Honduras?
Perfectamente comparable. También pasó en Bolivia y en Venezuela, donde también usaron a los tribunales constitucionales para permitir lo que la Constitución prohibía, asumiéndolo como un derecho del ciudadano presidente a reelegirse. De hecho, así lo dice la decisión de esta Sala impuesta. Hay frases que se parecen un montón a lo que se decidió en Honduras. Es el mismo guión. En lugar de permanecer en el poder por la vía de las tanquetas o de los fusiles, lo hacen con la aparente legitimidad que da la vía de la justicia constitucional. Aún los autoritarismos más duros necesitan el velo de la legitimidad.
La comunidad internacional ha aislado a quienes se reeligieron de forma ilegítima. ¿Qué deberían hacer en El Salvador?
Ni la ciudadanía ni la comunidad democrática internacional deben normalizar lo que está pasando en El Salvador. La captura del poder institucional por parte del oficialismo es real, no importa cuántas veces se repita lo contrario. Yo haría un llamado a que no admitan la normalización de un régimen que está repitiendo ejemplos de otros países y ya sabemos en qué terminan eso.
Un régimen autoritario, por más que lo diga, no está ahí porque le interesa mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.