En el marco de un recorte de presupuesto del programa de Ciudad Mujer, un modelo de atención integral para las féminas, el cual ha tenido un recorte de más de $5,000,000 para este 2022 con respecto a 2019, en el cual había una partida presupuestaria de 11,674,540, lo cual ha provocado que haya una disminución en la calidad de servicios de salud, educación y atención a la violencia que se da en las seis sedes del programa de Ciudad Mujer que hay en el país.
Milagro Alvarado argumentó que la disminución en el presupuesto ha provocado una deficiencia en la atención a las víctimas de violencia sexual, violencia de género y el transporte gratuito que servía para movilizar a las mujeres para realizar diligencias en los juzgados, agregó que no hay casas de acogidas para resguardar a mujeres que sufren de violencia, lo que limita el acceso a la justicia de víctimas.
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“El principal punto es en los servicios de atención a víctimas de violencia, porque primero no han caracterizado casas de acogidas para mujeres que salen en situación de crisis por estar enfrentando estas situaciones de violencia y que tienen la necesidad de tener un lugar de resguardo que les garantice seguridad, garantice una atención psicológica pertinente y no solo la atención por visitas, sino garantizando una atención más integral”, sostiene Alvarado.
Entre 2019 y 2022 el presupuesto para Ciudad Mujer ha tenido una reducción constante que alcanza los más de $5 millones. Esa reducción ha afectado a mujeres de zonas rurales.
Indicó que un bajo presupuesto para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) se evidencia en las oficinas departamentales, “en el territorio se visualiza la disminución y la precariedad en que funcionan, no hay recursos para hacer una rectoría del cumplimiento de las políticas y las normativas a favor de los derechos de las mujeres”, lo cual recorta las acciones de Isdemu para capacitar a funcionarios que puedan exigir a las entidades de Gobierno que cumplan con las normativas, lo cual “tiene un impacto negativo porque las instancias comienzan a ver el cumplimiento de los derechos de las mujeres con un tema de menor importancia en sus programas de trabajo”, subrayó Alvarado.
El mismo Isdemu reconoce la falta de presupuesto como un factor que disminuye su accionar: según su Memoria de Labores 2021, la disminución de asignaciones del presupuesto para cubrir necesidades prioritarias del combate a la pandemia del covid-19 y la falta de personal para fortalecer equipos multidisciplinarios en las sedes a nivel departamental de Isdemu limitan el brindar atención integral a mujeres que enfrentan violencia.
También argumentó que al suprimir la Secretaría de Inclusión social, el Isdemu debe tener un rol más proactivo en el desarrollo de las estrategias institucionales y de las políticas públicas en derechos de las mujeres.
Cuando Nayib Bukele eliminó la Secretaria de Inclusión Social, en junio 2019, diferentes programas sociales de atención al adulto mayor, de reparación para afectados por la masacre de El Mozote, programas para la población LGBTI y Ciudad Mujer quedaron a la deriva y fueron asignados a otras carteras del Gobierno.
En el caso de Ciudad Mujer, pasó a ser responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Local (Mindel), el cual dirige María Chichilco.
Bajo su gestión, Ciudad Mujer ha pasado de ser un programa modelo de atención integral para las mujeres a ser un proyecto que agoniza por falta de presupuesto.
“Al haber un espacio que integre a las instituciones para que puedan dar estos servicios de forma integral, pero que no cuenta con los recursos, hace que el servicio se vea disminuido y por lo tanto las mujeres no van a tener acceso a ellos. La precariedad de condiciones en las que ellas viven se profundiza, de cómo las mujeres y la situación que enfrentamos en el país es cada día más difícil”, lamentó Alvarado.
Mientras que el programa de Ciudad Mujer está desfinanciado en El Salvador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo promueve como un modelo de programa integral para el desarrollo de las mujeres y está siendo implementado y replicado en México, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Bolivia.