A poco más de tres años en el poder, el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha visto caracterizado por el autoritarismo, el cierre de espacios democráticos y la poca transparencia en el manejo de los fondos públicos, pero también por la falta de ejecución de proyectos de inversión pública cuyos fondos ya han sido aprobados y heredados de gestiones anteriores, tal es el caso de la construcción del nuevo Hospital Rosales.
Esta es una obra para la que la actual administración recibió $80 millones que fueron adjudicados durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén y de la que hasta hoy no se ha colocado la primera piedra.
Pero este no es el único caso. Desde que inició su gestión en 2019, ha dado a conocer proyectos en temas de educación, tecnología y economía de los que no se ha tenido noticias, ni se ha presentado resultados o avances de los mismos.
En 2019, se habló de un sistema educativo con formación bilingüe en las escuelas a nivel nacional y de la instalación de un centro de capacitación de Amazon, que sería el primero en Latinoamérica. Otra de las deudas es la creación del centro financiero mundial con la adopción del Bitcoin.
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El analista y catedrático universitario Julio Velásquez hace un recuento de los proyectos que han sido anunciados por el actual gobierno y de los que no se conocen sus avances.
“Muchas de esas ideas son buenas intenciones, pero no pasan de ser eso y se utilizan de una forma mediática para favorecer el tema de la opinión pública respecto del presidente y su gobierno”, opina.
A su juicio, lo que está pasando es que estas ideas pueden estar excediendo la capacidad del gobierno de concretarlas y llevarlas a cabo.
“Muchas de las ideas exceden su capacidad de ejecución. No se desaprovecha el potencial mediático de tales cosas y a la hora de ejecutar hay una gran deuda “, añade.
La economista Tatiana Marroquín, por su parte, resalta que lo que se está viendo en esta gestión “no es normal”. A su juicio, los niveles de ejecución son mucho menores que en gobiernos anteriores. La experta también señala que se ha hecho modificaciones a los requisitos de contratación, los cuales vienen a ser contrarios a los procesos de transparencia y anticorrupción.
“Un matiz de estas reformas (aprobadas por el oficialismo) es que agiliza procesos, entonces a la luz de eso no hay ningún obstáculo legal que esté retrasando la ejecución de estos procesos más que la misma incapacidad del gobierno de ejecutar”, señala.
Considera que esta falta de ejecución podría estar relacionada a ineficiencia por parte de los titulares de las diferentes carteras para ejecutar fondos que ya existen.
Además, cree que se está priorizando la ejecución de otras obligaciones como cubrir remuneraciones y compra de bienes y servicios sobre la inversión pública.
“Estamos frente a un Gobierno que utiliza la comunicación para acercarse a una población que está ávida de emociones y no de razón”.
Julio Velásquez, Catedrático universitario
Pese a esto, advirtió que “los funcionarios, a todo nivel, tienen la responsabilidad de ejecutar los trabajos asignados y responder sobre la asignación de fondos para ejecución de proyectos en un periodo determinado o responder por qué no se ejecutó el dinero que se le adjudicó”.
Hacienda también debe responder si es que no está transfiriendo el dinero en el momento adecuado, añade.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, explica por su parte que cuando un Gobierno “es formal” establece políticas públicas que llevan consigo los recursos y marcos regulatorios necesarios para ejecutarse por completo.
En cambio, Escobar acota que “estamos frente a un Gobierno de la improvisación, del espectáculo y que solo hace estos anuncios como una forma de publicidad para engañar a la gente”.
Para los expertos el gobierno ha fallado en la ejecución de proyectos no solo en el ámbito económico y social, sino también en infraestructura.
Velásquez señala la construcción de carreteras y construcciones donde se ha apostados a grandes proyectos que “evidentemente” no le alcanzará la gestión para terminarlos.
“Es para mí una ineficiencia gubernamental, ni siquiera a la luz de mis expectativas, sino a las expectativas que ellos mismos se han colocado”, dice Marroquín.
Coinciden además en que este es un tema que conlleva un impacto que trasciende la opinión pública.
“La inversión pública tiene un componente dinamizador de la economía, el no estar ejecutando inversión pública está obstaculizando de mayor manera que crezca la economía, que haya empleo. Por ejemplo, si ejecutamos los fondos del hospital Rosales alguien va a tener que construirlo”, explica la economista.
La capacidad de ejecución no está siendo considerada por el gobierno de Bukele, dicen los especialistas, y argumentan que lo que se busca es generar un nivel de opinión en la gente.
”Al gobierno no le interesa tanto la ejecución de los proyectos, mucho menos la calidad de los mismos, sino contribuir a su imagen”, opina Julio Velásquez.
“Los funcionarios tienen la responsabilidad de responder sobre la asignación de fondos para ejecución de proyectos o responder por qué no se ejecutó (en el tiempo establecido) el dinero que se les adjudicó” .
Tatiana Marroquín, Economista
Transparencia, una tarea sin ejecutar
Los expertos consideran, además, que la transparencia y la seguridad social para todos son temas que están pendientes.
Para el caso, mencionan el proyecto de pensiones que se ha hecho público hace unos días.
No fue sino hasta la semana pasada que se presentó el documento oficial, varios días después de un anuncio con bombos y platillos en las redes sociales. Este ha sido un procedimiento común, especialmente desde el 1 de mayo de 2021: el oficialismo esconde las propuestas hasta el último momento en que debe ventilarlas.
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La especialista considera que transparentar los procesos y contenidos de documentos de interés para la población, pero esa es otra gran deuda del actual gobierno.
“Obstaculizan el debate público. La única razón por la no quieren mostrarlo es porque no quieren que la sociedad sepa lo que contiene, y eso es algo grave”, añade.
Velásquez, por su parte, resalta que el gobierno prometió mejorar las pensiones y dar a los trabajadores un retiro digno, algo que a su juicio no se ha cumplido. Por el contrario, dice, hay varios “retrocesos”.