En medio de señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales sobre vulneraciones a derechos humanos y abusos de poder de parte del Gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la cuarta prórroga del régimen de excepción, luego de la solicitud que hizo el mismo día el Gabinete de Seguridad con la justificación de “combatir la delincuencia”.
Con 67 votos de diputados del oficialismo y sus aliados, la medida que vencía el 24 de julio fue ampliada por 30 días más.
Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas, solicitó la dispensa de trámite durante la sesión plenaria para que la iniciativa ingresara en la agenda y fuera aprobada de forma exprés (sin pasar a comisión).
La extensión de la medida que aplica el gobierno desde el pasado 27 de marzo permitirá, además, mantener la suspensión de los derechos de asociación, inviolabilidad de la correspondencia y defensa ante una detención. Además, extiende el periodo de detención administrativa de 72 horas a 15 días.
“Los resultados que estamos obteniendo como gabinete, con el apoyo de la población, Órgano Legislativo y Judicial, están a la vista”, declaró Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, al argumentar la razón de la continuidad de la medida excepcional.
46,694 detenidos
desde que el gobierno aplica la medida excepcional hasta el 18 de julio, según datos divulgados en Twitter por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Villatoro junto René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, y Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron este martes al mediodía a la Asamblea para entregar la solicitud a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, para que esta fuera aprobada en la sesión plenaria.
En ese acto, Villatoro destacó los “logros” de tal iniciativa que se ejecuta por el gabinete de Gobierno de Nayib Bukele con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR).
63 muertos en penales
durante el régimen de excepción, de acuerdo con datos recopilados por organizaciones de derechos humanos como Cristosal y reportes periodísticos.
Además, detalló que al pasar más 100 días de la implementación del estado de excepción se han capturado a más de 46,000 personas, se ha decomisado más de 1,103 armas de fuego; se han incautado 1,314 vehículos; se ha decomisado más $1 millón y 49,105 porciones de droga.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo pasado luego de tres días de un repunte de homicidios que quitó la vida a 87 salvadoreños.
“Los que echan andar este régimen de excepción hipócrita. Los reto a que paguen las condenas los criminales y a los inocentes que llaman margen de error libérenlos ya, y háganse cargo del daño que le hacen a ellos y a su familia”.
Claudia Ortiz, Diputada de Vamos
Los cuestionamientos
Aunque la medida por un lado trae calma a la población ante la captura de cabecillas de pandillas, por otro, sin embargo, hay miles de denuncias de atropellos, abusos de poder y graves violaciones a los derechos humanos de salvadoreños.
Abogados, analistas y diputados de oposición han manifestado que el gobierno cuenta con las herramientas legales para combatir a las pandillas y no restringir las garantías constitucionales a toda la ciudadanía.
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Por tal razón, han coincidido en cuestionar en reiteradas ocasiones que ampliar el régimen de excepción es un acto “inconstitucional”, que no se justifica, que viola los derechos humanos, que se presta para posibles maniobras de corrupción en el gobierno y que a la larga no se convierte en una solución sostenible de largo plazo.
Organizaciones de la sociedad civil han informado sobre decenas de denuncias por vulneraciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción.
Cristosal hasta el domingo 17 de julio reportaba que había recibido 2,472 casos, “con la denuncia de vulneración de derechos de 2,579 personas”, en su mayoría por capturas arbitrarias.
Además, dicha organización y reportes de prensa han recopilado datos sobre personas que han muerto en un penal tras haber sido detenidas bajo la medida.
Organizaciones de derechos humanos han revelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) testimonios sobre torturas que han sufrido personas que han sido encarceladas durante el régimen de excepción.
Durante una audiencia virtual que desarrolló la CIDH el 23 de junio, en la que las organismos nacionales e internacionales lamentaron la ausencia del Estado, , también expusieron sobre las detenciones arbitrarias y abusos de poder.
Mientras, en el contexto de la solicitud de la cuarta prórroga del régimen de excepción, el ministro de Defensa informó que durante la aplicación de la medida han perdido la vida por lo menos “cuatro miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada”.
El debate legislativo
Pese a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, el oficialismo y sus aliados defendieron la ampliación de la prórroga.
El debate legislativo se centró en hacer algunos señalamientos contra el FMLN, entre estos de promover una iniciativa para compensar a víctimas del régimen de excepción y de quienes no apoyan la extensión de la medida.
"Nos oponemos a esto no solo porque es inconstitucional, sino porque no hay evidencia de que esto esté funcionando; al contrario, está generando un problema que podría venir a reventar en el corto plazo”.
Johnny Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo
“Mientras nosotros, la nueva Asamblea Legislativa, y el presidente Nayib Bukele está dando esta guerra contra las pandillas, los irresponsables de los diputados del FMLN están ingresando piezas de correspondencia para indemnizar a la familia de los pandilleros”, afirmó Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas.
Marleni Funes, legisladora del FMLN, reaccionó a las declaraciones y cuestionó que aún no se han aclarado los más de 80 homicidios cometidos el fin de semana violento de marzo que dio origen al régimen de excepción, así como se refirió a las denuncias de capturas arbitrarias.
“Me sorprende escuchar a abogados decir 47,000 culpables terroristas olvidándose que todavía aunque no les guste la Constitución existe la presunción de inocencia”, señaló.
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, calificó de “hipócritas” a los que “echan andar el régimen de excepción” y retó al oficialismo “ que paguen las condenas los criminales y a los inocentes que ustedes llaman margen de error libérenlos ya y háganse cargo del daño que le hacen a ellos y a su familia”.