A dos días de recién instaurado régimen de excepción, el exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, a través de las cuentas de esa entidad, anunciaba que permanecería “vigilante de la actuación de las instituciones del gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción”. Tal promesa no se cumplió.
“Se tiene como objetivo velar por el respeto y garantía de los DDHH, de todos los salvadoreños sin excepción alguna; la tutela, protección, asistencia y acompañamiento directo a todos los familiares de las víctimas de los homicidios”, informó la PDDH en ese entonces.
Transcurridos dos meses, fue del conocimiento de Tobar, por parte de su equipo técnico, que a algunos familiares de los detenidos que esperaban en las afueras del penal La Esperanza (Mariona) únicamente les brindaban información sobre el nombre del centro penal y número de celda de sus parientes, más no así sobre su condición jurídica o de salud.
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Aún contando con dicha información, no fue sino hasta agosto del año pasado, cuando Tobar anunciaba el primer informe sobre el manejo de medidas extraordinarias aplicadas a los detenidos. Organizaciones civiles ya denunciaban capturas arbitrarias, torturas y hasta muertes, a causa de detenciones bajo el régimen.
Si bien Tobar cumplió durante su gestión con visitas a los centros penitenciarios, estas fueron cuestionadas por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), por hacerlas en compañía de funcionarios del gabinete de Nayib Bukele.
Para Tobar no habían “suficientes elementos” para determinar que sí había atropellos contra muchos detenidos por el régimen de excepción, pese a visitar los centros penales, a los cientos de denuncias de los familiares de los capturados de forma arbitraria y que decenas de ellos han muerto en custodia del Estado.
“(Las visitas) me ha permitido girar, por medio de diversos pronunciamientos y oficios, las recomendaciones pertinentes y oportunas a las distintas autoridades del Estado”, publicaba la PDDH en julio de 2022.