No hay duda que la Fiscalía General quiere mantener en detención al empresario de microbuses Catalino Miranda, a quien este viernes el jugado Décimo de Paz le decretó detención por el delito de desórdenes públicos, un delito que no puede recibir medidas alternas a la detención, porque así está estipulado en la ley, por lo que seguirá detenido
“ Esta tarde, la @FGR_SV emitió una nueva orden de captura en contra de Catalino Miranda por atribuírsele el delito de Ventas a Precio Superior, vinculado al incremento del pasaje ocurrido desde el pasado 11 de marzo”, tuiteo la Fiscalía luego de notificar a Miranda el nuevo delito al terminar la audiencia inicial en el juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
Eso significa que la Fiscalía presentará ante el tribunal el nuevo delito con las evidencias en contra de Catalino Miranda.
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Defensa: caso con muchas arbitrariedades
Catalino Miranda fue enviado a prisión por el Juzgado Décimo de Paz, de San Salvador, mientras sigue el proceso en su contra por el delito de desórdenes públicos.
La resolución de la jueza se dio luego que la Fiscalía presentó capturas de pantalla (imágenes) de un microbús de la ruta 152 propiedad de Miranda supuestamente obstruyendo la vía pública en la Avenida Independencia.
“El Ministerio Público fiscal se encuentra satisfecho por el resultado obtenido, la jueza tuvo a bien”, afirmó un fiscal al cierre de la audiencia inicial. Sin embargo, para la defensa de Catalino, solo se valoró una imagen que presentó la Fiscalía y no se tomó en cuenta un video de las cámaras de seguridad de la oficina del empresario donde se evidencia que no generó ningún desorden público.
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“La Fiscalía ha traído como prueba la foto de un microbús estacionado, en la avenida Independencia pero qué tiene que ver eso con la resistencia, un delito de resistencia, con un delito donde se establezca desórdenes públicos”, afirmó el defensor de Miranda, Rolando Aparicio.
Aseguró que “el delito que menos pudo haber cometido es el de desordenes públicos, que altero la paz social, la tranquilidad de la población, qué fue lo que vino a desestabilizar al gobierno por medio de un actuar de él, eso no existe, pero en la ley existe que por ese delito no puede tener ningún tipo de medidas”, explicó el abogado.
Añadió que la ley considera que en este tipo de delitos, desórdenes públicos, no puede existir la libertad condicional.
“El delito de desórdenes públicos tiene en la ley tiene una restricción que dice que por ese delito no pueden haber medidas, entonces esa fue la base por lo que la juzgadora inclinó su decisión”, explicó el defensor.
Según la defensa del empresario Catalino Miranda, la detención de él se da con una serie de irregularidades por parte de la Policía Nacional Civil.
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“Desde la captura de él hay una deficiencia, si dicen que fue por resistencia y le leen el acta de captura en la División de Tránsito Terrestre, entonces a dónde se resistió, a quién se resistió, en qué momento se resistió, en qué lugar, desde ahí iniciamos con una serie de anomalías en este proceso”, cuestionó.
Catalino Miranda fue llevado con un fuerte dispositivo militar al estilo de un narco, policías con armas largas, cascos blindados y trajes de fuerzas elites.
Miranda enfrentó la audiencia inicial por los delitos de resistencia y desórdenes públicos tras ser capturado el domingo luego de que el Gobierno de Nayib Bukele interviniera las instalaciones de la cooperativa Acostes, de R.L., de la cual es parte el empresario detenido.
De acuerdo con el Código Penal, el delito de resistencia es castigado con pena de prisión de seis meses a dos años, mientras que el de desórdenes públicos, con prisión de dos a cuatro años.