El viernes anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo públicas las capturas de varios agentes policiales involucrados en diversos delitos: robos, hurtos y uno de ellos estuvo involucrado en el homicidio de un joven en 2021.
Lo que las autoridades no han dicho, de manera oficial, es que algunos de estos policías tenían antecedentes por varios delitos y, aún así, estaban asignados a unidades élites, como la División de Inteligencia Policial (DIP) y la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), según fuentes policiales que pidieron no ser identificadas.
La DIP maneja información muy confidencial sobre grupos delincuenciales, pandillas, narcotraficantes, y también maneja bases de datos personales de todos los ciudadanos salvadoreños, así como del registro de vehículos, refieren los informantes.
Los elementos de la DIP hacen sus operaciones de civil, en ocasiones, y en carros con placas particulares o sin placas.
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Los de la DIP son quienes alimentan con información muy confidencial a las unidades operativas agrupadas en la UTEP, que es la unidad más especializada en tácticas operativas, entre los que están la Sección Táctica Operativa (STO) y los llamados Jaguares, que visten uniformes grises camuflados.
Entre los policías capturados el viernes, según publicó la FGR, están David Orlando Cano Jacobo y David Ernesto Murga Ruiz. Ambos ya tenían antecedentes por robo, pero aún así, continuaban asignados a la UTEP, según las fuentes.
Estos dos “policías” fueron detenidos el 30 de junio de 2018 en la delegación de Santa Ana, después de que fueran denunciados de haber robado dinero en efectivo a personas a las que les practicaron un registro personal.
Reportes periodísticos indican que ambos fueron denunciados en la delegación policial de Santa Ana. Las víctimas narraron que ambos policías les practicaron un registro personal y a sus pertenencias.
Cuando los policías les dijeron a los jóvenes que podían retirarse, éstos revisaron sus billeteras y notaron que les hacían falta 50 dólares.
Los policías fueron reconocidos por las víctimas. Fueron capturados y puestos a la orden de la Fiscalía, pero salieron bien librados del proceso y continuaron sus labores en la UTEP, en labores de seguridad de la población.
Más sobre Cano Jacobo
David Orlando Cano Jacobo, según la publicación en Twitter de la Fiscalía, fue capturado por los delitos de agrupaciones ilícitas, además de tenencia, uso de traje o uniforme y robo agravado.
Pero él ya había sido llevado ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, junto a otros seis compañeros, a quienes la Fiscalía acusó de cometer cuatro homicidios agravados y ocho robos agravados.
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En una publicación de la Fiscalía, del 27 de octubre de este año, es decir, hace menos de dos meses, esa institución informó que Cano Jacobo y Éver Arnaldo Cerritos Quinteros, Arris Eleázar Pérez Cortez, Roberto Carlos García Martínez, Francisco Guardado Hernández, Francisco Eduardo Ramírez Vicente y José Alberti Ramírez eran parte de un grupo que “portando armas cortas y largas, vistiendo uniformes policiales, con mascarillas y gorros navarone” cometieron cuatro homicidios agravados y ocho robos agravados.
La Fiscalía nunca mencionó en su boletín que los capturados, o algunos de ellos, eran miembros de la corporación policial, entre éstos Cano Jacobo, de la UTEP.
El boletín del 27 de octubre detalla que “Con base a las pruebas en contra de los imputados, se les procesa por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas”, y que la jueza ordenó que se les instruyera el proceso judicial y los envió a prisión preventiva.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, según el boletín de la misma Fiscalía, los imputados cometieron tres robos en San Miguel, tres en Chalatenango, uno en La Libertad y uno en San Salvador, en perjuicio de entidades bancarias, empresas comerciales y laboratorios clínicos.
Todos estos robos fueron cometidos entre el año 2020 y lo que va del 2022. En los atracos lograron robar, en algunos casos, hasta 58,000 dólares, así como las armas de los vigilantes de las empresas y prendas personales de los empleados que encontraban a la hora de los robos.
Los homicidios agravados en los que supuestamente participó Cano Jacobo fueron cometidos en San Pedro Perulapán, Jiquilisco (departamento de Usulután), el cantón Delicias (Apopa) y San Salvador, entre los años 2018 y 2019.
El viernes anterior, la Fiscalía no aclaró si el policía Cano Jacobo había recuperado su libertad después de la audiencia que enfrentó el pasado 27 de octubre, o si fue intimado (notificado de otros cargos) en la prisión.
Policía vinculado a homicidio
Entre los policías cuya captura fue informada por la Fiscalía, se encuentra también Joel Esaú Granados, detenido por los delitos de agrupaciones ilícitas, además de tenencia, uso de traje o uniforme y robo agravado.
De acuerdo con fuentes policiales de la Delegación de Santa Ana, este policía está involucrado en el homicidio de Evani Luis Escobar Mira, cometido el 6 de febrero de 2021, en el caserío Monte del Padre, cantón Santo Tomás, municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana.
De acuerdo con fuentes policiales, el caso es bien complicado porque, al parecer , Granados fue sorprendido cuando estaba al interior de una vivienda de una familia que es reconocida por tener estabilidad económica.
Las versiones de las fuentes coinciden con las de vecinos del caserío Monte del Padre, así como con familiares de Escobar Mira, de 25 años, cuando fue asesinado de un disparo que Guardado le hizo con su arma de fuego.
La mayoría de los habitantes de Monte del Padre había dejado sus casas solas mientras asistían a una fiesta para celebrar el gane electoral del actual alcalde.
Cuando regresaban a la casa vieron a Granados dentro y trataron de increparlo qué hacía allí. El hombre emprendió la huida, pero un grupo de jóvenes le dió persecución y lograron darle alcance. Al verse rodeado sacó una arma de fuego y disparó contra Escobar Mira, quien murió de inmediato; también logró herir en un brazo a Ricardo Mezquita.
Entre todos lograron desarmarlo y la comunidad llamó a la policía de Texistepeque, avisaron de lo que había acontecido y que tenían sometido a un sujeto que había matado a un lugareño. Hasta ese momento, según los testimonios, no sabían que Guardado era policía y él tampoco se identificó como tal.
La policía de Texistepeque llegó a traerlo, supuestamente capturado, pero como a la media hora regresaron. Sostienen que mediante engaños, les ordenaron a dos jóvenes identificados como Luis Francisco Contreras Escobar y Ricardo Enrique Sánchez Carballo que los acompañaran a la subdelegación a firmar las actas de detención.
Sin embargo, ambos quedaron detenidos, pues Granados se había identificado como agente policial y había dicho que fue perseguido por pandilleros, quienes lo habían lesionado con arma blanca y le habían robado el arma de fuego.
La Fiscalía le creyó y a raíz de eso, el pasado 28 de octubre, Contreras Escobar y Sánchez Carballo fueron sentenciados, como miembros de la Mara Salvatrucha, a 18 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y robo agravado.
De acuerdo con fuentes policiales y versiones de familiares tanto de la víctima moral como de los detenidos, los dos jóvenes han sido condenados injustamente, basados en la versión tergiversada de Granados y soslayando pruebas de descargo que efectivamente ubicaban a este policía dentro de una vivienda. Contreras Escobar es primo de Escobar Mira.
De acuerdo con fuentes policiales, la Fiscalía, al parecer, está investigando a Granados por ese hecho.