La Policía Nacional Civil declaró como “reservada” (secreta) la información sobre los guardaespaldas pagados con fondos públicos asignados a los ministros del gobierno de Nayib Bukele, según denunció a través de su cuenta de Twitter la periodista Karen Moreno.
En la solicitud presentada por Moreno, en calidad de ciudadana, se había solicitado el número de agentes supernumerarios asignados a 14 ministerios, así como los designados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
El jefe de la División de Protección a Personalidades (PPI) informó a la unidad de acceso de información “que no es procedente brindar la información solicitada debido a que se declaró reservada a partir del 15 de junio de 2022”.
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Por lo tanto, la Unidad de acceso de información de la institución denegó la información de carácter pública solicitada por la periodista.
Moreno explicó en sus redes sociales que anteriormente la Policía declaró de carácter reservado por siete años la información sobre agentes de la seguridad de funcionarios públicos.
Lo anterior se dio después que la revista Gato Encerrado reveló que el Estado gasta mensualmente 194,936 dólares para los salarios de 472 guardaespaldas asignados a los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. Esto a pesar de que, antes de llegar al poder, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró en redes sociales que “ya no habría más privilegios”.
Según datos proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía a la Revista Gato Encerrado, la Asamblea Legislativa tiene asignados 396 agentes PPI para los diputados propietarios y suplentes, solo cuatro menos que la legislatura anterior.
Para poner la reserva a esta información la División de Protección a Personalidades se escuda en el artículo 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que designa qué información puede ser reservada.
Carlos Palomo, presidente de la Asociación Tracoda, considera que no es procedente la reserva de información respecto de la cantidad de agentes asignados por diputado ni grupo parlamentario, “porque es información de naturaleza estadística que difícilmente supone un riesgo a la vida”.
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En este punto Wilson Sandoval, experto en transparencia, agrega que la información estadística es de carácter público según lo establece la misma Ley de acceso a la información en su artículo 10, numeral 23.
Pero en este caso Sandoval señala un detalle, aún más grave, es que la resolución al escudarse en el artículo 19 de Ley debe especificar a cuál de los ocho literales se refiere, pero además debe “justificar y explayarse en la razón del por qué está reservando la información”.
Sandoval explica que sobre ese punto, hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso, que establece que el ente que reserva la información debe justificar el por qué lo hace.
Por su parte, Ruth Eleonora López, jefa jurídica anticorrupción de Cristosal, explicó que el fundamento de la reserva debe estar incorporado en un índice para poder ser cuestionada por la solicitante ante el IAIP, pero en este caso la institución no incluyó el fundamento.
Palomo considera que una reserva de este tipo impide que la población pueda escrutar si dicho número y los montos erogados para ello son razonables y, por tanto, la capacidad de exigir rendición de cuentas sobre ese aspecto.
Sandoval explica que el hecho de poner reserva a esa información es un retroceso porque a la ciudadanía no le permite conocer cómo se están utilizando sus fondos públicos.
Pero, esta no es la única información pública que la Policía se niega a brindar a la población.
Esa institución también ha puesto reserva a los datos sobre el suministro de combustible, asesores de esa institución, número de personas detenidas, homicidios, desaparecidos, municiones y sobre la selección y contratación de agentes del PPI.