El Salvador ostenta el primer lugar de encarcelamiento en América Latina, con una tasa de 563 por cada 100,000 habitantes, según un informe publicado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Es así como desde el año 2000 hasta hoy la población carcelaria ha aumentado de 7,000 a casi 40,000 (37,190), explica Héctor Carrillo, director de acceso a la justicia de FESPAD.
Esta problemática ya había sido revelada en un estudio académico titulado “La política, los mecanismos y los efectos del encarcelamiento masivo”, publicado en la revista Uniandes de la facultad de derechos de la Universidad de Los Andes el año pasado.
En ese informe, los investigadores Adrian Bergmann y Rafael Gude expusieron el fracaso de las políticas de seguridad aplicadas entre los años 2010 a 2019, durante la gestión de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, que han llevado al país a un encarcelamiento masivo.
“Las cifras oficiales exactas difieren ligeramente, pero en este país de 6.4 millones de personas, se llevaron a cabo alrededor de medio millón de detenciones entre enero de 2010 y diciembre de 2019”, señala el artículo universitario.
Para Carrillo, lo anterior significa que en el país no se ha logrado eliminar los factores que permiten que una persona cometa un delito.
Carrillo señala específicamente el error de las políticas de seguridad aplicadas en los últimos años y que siguen la misma línea en el gobierno de Nayib Bukele, las cuales han apostado al tema de la represión pero no a la prevención.
En la investigación realizada por Bergmann y Gude se identificaron cuatro mecanismos que han contribuido al encarcelamiento masivo.
En primer lugar, el aumento de las detenciones arbitrarias, debido a que las capturas son consideradas como un indicador de la aplicación efectiva de la ley y, en muchos casos, las autoridades tienen cuotas que cumplir en algunas jurisdicciones.
En el periodo investigado, tres de cada cuatro capturas fueron realizadas en flagrancia, es decir, a discreción del agente de autoridad, cuando presuntamente atrapa a una persona en el acto de cometer un delito, y no por orden fiscal o judicial.
Esto generó que tres de cada cuatro personas capturadas fueran puestas en libertad sin cargos en un plazo de 72 horas.
En segundo lugar, el debilitamiento de las garantías del debido proceso, con la aprobación de las “medidas extraordinarias” que incluyen la suspensión temporal de los plazos de tramitación judicial, prohibición de visitas familiares prolongadas y la falta de acceso a la asistencia efectiva legal en los juicios por videoconferencia, donde el procesado no puede comunicarse de manera directa y confidencial con la defensa, ni con el juez.
En tercer lugar, ha influido el endurecimiento de las penas. En el periodo de estudio, se añadieron 58 nuevos delitos al Código Penal y no se derogó ni uno solo. Además, se creó 12 nuevas leyes penales para áreas específicas, como las drogas y la violencia contra las mujeres.
Y por último, otro de los factores que ha influido en esta problemática, es el aumento de las penas. Para muestra, la pena máxima por homicidio agravado se ha ampliado tres veces, de treinta años en 1998 a sesenta a partir de 2014.
¿Quiénes están en la cárcel?
El estudio académico evidencia que hasta el 1 de enero de 2020 la población carcelaria era de 37, 570 personas, de las cuales el 92,4 % son hombres y el 7,6 % mujeres.
De ese total, el 73,4 % se encuentra condenado, mientras que el 26,6 % estaba bajo detención provisional, a la espera de juicio.
El 30, 6 % de los hombres están en prisión por el delito de homicidio, un 24,4 % por extorsión, robo y hurto y el 20,2 % por afiliación a pandillas y tenencia de armas.
En cuanto a las mujeres, un 45,2% están vinculadas a la extorsión, fraude, robo y hurto; un 15,2% al tráfico o posesión de droga, lo cual podría estar vinculado a sus parejas, debido a que en algunos casos son obligadas a cobrar los pagos de extorsión o introducir drogas en las cárceles, según sugiere el estudio.
De acuerdo con el informe, a partir de 2018 el encarcelamiento masivo se ha frenado levemente por la aplicación de tres procesos.
Uno, medidas alternas a la detención para delitos cuyas penas no excedan los tres años de cárcel; dos, programas para que los internos en las cárceles cumplan dos días de su condena, por cada día de servicio comunitario y trabajo penitenciario que realizan; y tres, el fortalecimiento de la capacidad de los consejos criminológicos penitenciarios para agilizar las evaluaciones de los internos.
Ese dato se ve reflejado en la última actualización de World Prison Brief data con una leve disminución de la tasa, de 617 en 2018, a 564 por cada 100.000 habitantes en 2020, sin embargo, se mantiene en el primer lugar de Latinoamérica.
Los investigadores Bergmann y Gude, sugieren que para enfrentar esta problemática es necesario hacer una reforma policial, con el fin de terminar con las detenciones masivas, buscar formas alternas a la justicia penal para enfrentar las problemáticas sociales y trabajar en la reinserción.
Por su parte, el director de acceso a la justicia de Fespad asegura que es importante abordar e invertir en la educación y la generación de empleo formal, según datos de esa institución más del 90% de la población que se encuentra en las cárceles no tuvo acceso a educación superior.