En El Salvador persiste la tendencia a limitar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana es una de las conclusiones del “Diagnóstico sobre el estado de la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador 2023”, presentado este miércoles.
El estudio realizado por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción recoge resultados de indicadores internacionales e informes de organizaciones nacionales que revelan el retroceso de las instituciones en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción.
Otra de las conclusiones es que no se registran acciones significativas de parte de las instituciones de fiscalización y control para enfrentar la corrupción.
“Al contrario, las instituciones a cargo de promover la transparencia y detectar la corrupción en nuestro país han tenido un papel poco activo o prácticamente nulo, evidenciando la falta de eficacia y de independencia para cumplir el rol que les ha sido encomendado”, dijo Jessica Estrada, directora de Transparencia de FUNDE.
Enfatizó que tampoco hay un combate efectivo a la corrupción.
“A veces parece que es una suerte de pantomima para combatir la corrupción, depende de dónde ubico casos de corrupción o de quién es la persona detrás de esos casos de corrupción”,
Jessica Estrada, directora de Transparencia de FUNDE
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, señaló que el Estado salvadoreño ha retrocedido en los estándares internacionales de transparencia.
“Hay un retroceso en la obligación del Estado salvadoreño de poner a disposición del público la información oficiosa; pero también hay un retroceso en la medida de que hay una desnaturalización del uso de la reserva”,
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal
Indicó que las instituciones tampoco rinden cuentas ni explican las decisiones públicas. “El diagnóstico lo que plantea y lo que hemos visto en los últimos años es una omisión, un incumplimiento de este deber de transparencia del Estado”, expresó.
Carlos Palomo, de la asociación TRACODA, también se refirió al retroceso en información pública por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revirtió el criterio para declarar información reservada los nombres de funcionarios públicos que están en procesos sancionatorios con la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Lamentablemente, durante el mes de noviembre la Sala de lo Contencioso modificó su criterio y nos notificó que a partir de la nueva interpretación que ellos hacen de los datos que están contenidos en las sentencias de la CCR donde se determinan responsabilidades administrativas o patrimoniales no debe de publicarse”, expresó.
Lo que calificó como “retroceso muy grave” en la fiscalización ciudadana, porque impone “un manto de privacidad” sobre el trabajo que realiza la CCR y eso promueve la corrupción.
También señala que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) implementa más criterios que privilegian la reserva de la información o la declaratoria de confidencialidad. "Un retroceso respecto del rol que jugó hace muchos años", dijo.
Además, se identifica que “continúa la paulatina reducción del espacio cívico en El Salvador, lo cual se evidencia por el declive en las puntuaciones de diversos indicadores que miden la garantía de las libertades fundamentales, sumando a los informes de organismos internacionales”, dice el diagnóstico.
Estudios internacionales y de organizaciones
El documento retoma datos del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2022, publicado en enero de 2023; el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project y el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
Incluye el informe otros acontecimientos como la expulsión de El Salvador de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), por sus siglas en inglés) en marzo de este año, luego que el comité directivo de la OGP declaró al país como inactivo, eso luego de estar bajo revisión por no cumplir con criterios mínimos de elegibilidad.
Destaca además la negativa del estado salvadoreño de permitir al Fondo Monetario Internacional (FMI) hacer públicos los resultados del examen del Artículo IV 2023, referido al estudio del estado de las finanzas que realiza anualmente a sus socios.
También se hizo un análisis de Ley de Compras Públicas, con la que se derogó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y que amplía “zonas exentas” de control. “E introduce cambios importantes al sistema, generando mayor dispersión de la que había antes”, dijo Estrada.
Se retoman también datos destacados de informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil:
- Informe de sociedad civil sobre la implementación del Capítulo II (Prevención) y Capítulo V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en El Salvador; de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
- Informe Asignación presupuestaria de instituciones de control 2023, de Acción Ciudadana
- Informe Carrera de obstáculos: confrontación de las barreras para investigar la corrupción en El Salvador, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).