En enero de 2021, el entonces embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, manifestó en una rueda de prensa que se sentía “motivado” de que en El Salvador no hubiera periodistas encarcelados ni medios cerrados.
En su momento, Johnson, quien se acercó tanto al gobierno de Nayib Bukele que pasó por alto profundos golpes a la democracia, también pareció ignorar que más allá de que no haya detenciones o cierres, hay un clima de creciente hostilidad hacia los medios de comunicación.
Esta métrica, que se enfoca exclusivamente en detenciones, cierres e incluso muertes, resulta incompleta para evaluar la salud de la libertad de prensa de un país, especialmente si el periodismo de este lugar está bajo constante ataque del oficialismo y sus círculos.
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Un año después, ese discurso triunfalista del diplomático que representaba a Donald Trump, ya estaba siendo replicado por el oficialismo salvadoreño. Ante las críticas, el gobierno cita con orgullo que en el país no hay presos, cierres ni periodistas muertos.
Más allá del discurso
El gobierno de Nayib Bukele pretende mostrar un panorama de un país sin restricciones a la libertad de prensa.
Sin embargo, la realidad dista mucho de su discurso. De hecho, muy poco tiempo después de asumir el poder -apenas tres meses-, se dio el primer gran bloqueo a la libertad de prensa en el país, cuando periodistas de El Faro y Factum fueron impedidos de cubrir la firma del convenio de creación de la CICIES. Irónicamente, se bloqueó acceso a la prensa para la iniciativa anticorrupción del gobierno.
115 Ataques a periodistas
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, hasta el 11 de diciembre este es el balance de ataques.
Cuando El Diario de Hoy denunció este hecho y lo consideró una dura afrenta al ejercicio periodístico y al derecho de los salvadoreños a informarse, fue castigado con el retiro de la pauta publicitaria gubernamental. Este tipo de castigos, en razón de la línea editorial, están prohibidos en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de ese momento, el gobierno y sus círculos de poder iniciaron una serie de agresiones significativas a periodistas que cuestionaban la línea oficial. Misma que el aparato estatal reforzaría con millones de dólares destinados a montar medios de propaganda y pagar cientos de cuentas falsas que inundan las redes de desinformación y ataques.
Estigmatización
En abril de 2019, Donald Trump llamó a los periodistas “los enemigos de la gente”. Con este discurso, no solo sentó su postura hacia los medios de comunicación, sino que indirectamente animó a sus seguidores más fanatizados a guardar resentimiento contra cualquier persona que se “atreviera” a hacer preguntas críticas a sus planes o proyectos.
Esto, conocido como estigmatización, suele ser una de las agresiones más sutiles a los periodistas. Escudados tras de “su” libertad de expresión, funcionarios públicos hacen estos comentarios para sembrar dudas, y generar rencores y animosidad contra quienes hacen preguntas.
Por un lado, esto supone utilizar el púlpito privilegiado de los mandatarios y sus círculos para restarle credibilidad a quienes se apartan de lo que la propaganda oficial busca posicionar.
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Esta fue una práctica común durante la primera etapa de la pandemia de covid-19, cuando el presidente utilizaba valiosos minutos de sus cadenas para despotricar contra periodistas y medios que habían revelado información de tratos anómalos en las contrataciones para hacer frente al coronavirus. O periodistas y medios que daban cuenta de su política de detenciones arbitrarias con un fin supuestamente de contención de la enfermedad.
Esta actitud se ha prolongado y ahora busca pintar a los periodistas independientes como aliados de pandillas, opositores o enemigos del gobierno y de los salvadoreños. Es decir, busca poner a la gente en contra de los periodistas.
Y a más propaganda y estigmatización, más riesgo de fanatismo. Es decir, más riesgo de que sea un ciudadano común el que amenace a un periodista, como sucedió a un miembro de Revista Factum, que fue amenazado por simpatizantes de Nuevas Ideas durante su cobertura de las elecciones legislativas y municipales de 2021.
Otros ataques
A lo largo de este gobierno, ha habido violencia física contra periodistas de El Diario de Hoy y otros medios. En el caso de un periodista golpeado por un agente policial, esto no solo no fue reprochado y castigado por el gobierno, sino que hubo personas cercanas a la Presidencia, como el diputado Guillermo Gallegos de GANA, que celebraron el hecho y pintaron al agente como un “héroe nacional”.
10 salidas preventivas
Hay al menos 10 periodistas que han abandonado el país por temor a represalias por sus publicaciones.
También se ha utilizado el músculo regulador del gobierno para acosar a El Faro con auditorías abusivas y que trascienden el interés de la institución que las lleva a cabo. Esto, después de una publicación que mostraba signos de una negociación entre el gobierno y las pandillas.
Periodistas han reportado seguimientos y tomas de fotografías en las afueras de sus casas.
A finales de 2021, a los correos electrónicos de 31 periodistas llegó una advertencia de Apple señalando que sus teléfonos podrían estar siendo vulnerados por atacantes vinculados al Estado que, usando softwares de espionaje, querían intervenir sus dispositivos.
Qué enfrentan los periodistas salvadoreños
Estigmatización y acoso digital
Violencia física
Amenaza de encarcelamiento
Exilio
Espionaje
Auditorías arbitrarias
Bloqueos de información
Tras auditorías realizadas por instituciones internacionales, se confirmó que estos fueron infectados con el software Pegasus, uno de los más costosos e invasivos a nivel mundial. El fabricante de este, la empresa israelí NSO Group, afirma que solo vende el software a gobiernos, por lo que los indicios de espionaje gubernamental a periodistas son amplios.
La mordaza y el exilio
En marzo del presente año, el gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa declarar un régimen de excepción ante un aumento inusitado de homicidios.
Además de decretar una suspensión de derechos constitucionalmente protegidos (algo que se mantiene hasta el final del año), el Legislativo aprobó una serie de reformas penales que buscan incrementar penas a los delitos vinculados a pandillas.
Una de esas fue la reforma al Código Penal que establece penas de cárcel para los periodistas que publiquen información producida por pandillas que pueda generar “pánico o zozobra”. Esto fue calificado inmediatamente como una mordaza que busca silenciar a los medios en temas que socavan la credibilidad y la propaganda oficial.
La amenaza de persecución que supone esta mordaza, insultos directos del presidente y temor a represalias han llevado a 10 periodistas salvadoreños a abandonar el país. El exilio de periodistas parecía olvidado en tiempos de democracia, pero ante un oficialismo antiprensa ha hecho su retorno.
Más periodismo
Ante este clima de amenazas, la respuesta de los medios independientes de El Salvador ha sido clara: más periodismo. En medio de uno de los peores entornos para ejercer este oficio en décadas, día con día hay publicaciones que escudriñan los rincones más oscuros de la administración actual y, en ocasiones, de las pasadas.
Acuerpados por la solidaridad entre colegas, entre organizaciones y el apoyo internacional, los periodistas salvadoreños desafían los bloqueos de información y la estigmatización para mostrar qué hay detrás de las cortinas de humo y desinformación.