El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del derecho (Fespad), Henri Fino, manifestó este viernes que el verdadero interés del régimen de excepción impulsado por el Ejecutivo desde marzo del 2022 "es la perpetuidad en el poder" del presidente Nayib Bukele.
El especialista habló en la entrevista matutina de radio YSUCA sobre las políticas de seguridad pública en El Salvador y analizó que las pandillas no son el único problema delincuencial que se tiene en el país, ya que a pesar del Estado de excepción aún existen diferentes lugares donde se sigue cobrando la extorsión y se siguen dando asaltos.
¿Cuándo vamos a saber si efectivamente las cosas han cambiado en seguridad? Cuando levanten el régimen de excepción y devuelvan al Ejército a las funciones que le corresponden, reflexionó.
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Ante esa realidad totalmente contraria a lo que dice el discurso oficial, el especialista opinó que existe un interés político detrás de dicha medida de seguridad. "Yo creo que el verdadero interés del régimen de excepción es la perpetuidad en el poder del presidente (Bukele)", sostuvo.
Esto lo argumentó al exponer que el oficialismo en función del régimen de excepción ha incluido una serie de reformas a la legislación penal "que lo único que han generado" es violación a los derechos humanos. En ese sentido, Fino señaló que un claro ejemplo donde se evidencia dicho interés es la última enmienda penal aprobada por los diputados de Bukele y aliados con la se sanciona hasta con 15 años de cárcel “a las personas que obstaculicen la inscripción de candidaturas” con la justificación de que esto implica fraude.
"No es fraude electoral"
No obstante, Fino reprechó: "Eso no es fraude electoral".
A su juicio, este tipo de acciones se podrían resolver mediante la legislación electoral y los recursos. "Sino me inscriben yo tengo la facultad de impugnarla en la justicia electoral y en la justicia administrativa ordinaria", recalcó.
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El director ejecutivo de Fespad ahondó en quienes podrían verse afectados con esa modificación. "Quiere decir que cuando le expliquemos a la población de que la reelección está prohibida y eso pueda generar conciencia o un impedimento en el imaginario de la ciudadanía que va decir 'entonces no se puede', estaríamos promoviendo que no se inscriba un candidato y podríamos ser procesados por eso", interpretó.
Eso sin ignorar que los más inmediatos en el cometimiento del delito son los de las juntas electorales y el Tribunal Supremo Electoral, apuntó. "Ya me imagino al magistrado Julio Olivo haciendo el análisis constitucional sobre la inscripción del ciudadano Bukele y votando en contra, lo van a procesar", advirtió.
"En este país nadie dice nada"
El experto señaló que precisamente este tipo de cosas "se han generado a la sombra del régimen de excepción" y luego mencionó que otros ejemplos de esto son la criminalización de la protesta con las capturas de sindicalistas de Soyapango, las amenazas a organizaciones críticas del gobierno y la captura del empresario de buses, Catalino Miranda.
"Los trabajadores y trabajadoras no pueden exigir sus derechos porque se les amena que se les va aplicar el régimen, a los vendedores informales la amenaza que les hacen es o se van o les aplicamos el régimen. Este régimen ha tenido al perversa idea de tocar a figuras emblemáticas de cada uno de los sectores, por ejemplo el sector transporte no ha dicho nada sobre la captura de Catalino Miranda y ahora no creo que sea atrevan a decir que el gobierno les debe el subsidio", criticó.
"Aquí en este país nadie dice nada", concluyó el representante de Fespad.
Hasta el 30 de enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dio cuentas de 62, 975 personas capturadas bajo esta medida y acusadas de pertenecer a grupos criminales. Organizaciones nacionales e internacionales señalan miles de violaciones a derechos humanos y captura de personas inocentes.