Este 3 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Pero en El Salvador, lejos de estar de fiesta, los periodistas están bajo ataques de grandes proporciones.
En El Salvador, informar de manera independiente de la línea del oficialismo trae consigo estigmatizaciones, posible criminalización y amenazas para los periodistas.
Según datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 2021 cerró con 219 vulneraciones al ejercicio periodístico. Esto supone un alarmante incremento en relación a los casos registrados en 2020 (125), 2019 (77) y 2018 (65). Es decir, ser periodista en tiempos de Nayib Bukele es mucho más peligroso que en el pasado.
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Este análisis concuerda con la política casi estandarizada del gobierno de entorpecer el trabajo de la prensa. Esto lo hace por medio de ocultar información de los gastos realizados con fondos públicos, intentar silenciar a organizaciones de sociedad civil que luchan por la contraloría del Estado, capturar las instituciones que pueden hacerle contrapeso al Ejecutivo y usar el músculo del Estado para castigar a medios por su línea editorial, entre otras conductas.
Amenazas, espionaje, criminalización
Típicamente, un periodista salvadoreño que publica en medios o en sus redes sociales información que incomoda al oficialismo se encuentra con insultos y descalificaciones. Estos provienen tanto de cuentas falsas como de personajes vinculados al oficialismo y hasta de funcionarios públicos.
El mismo presidente de la República ha salido a descalificar o atacar periodistas.
Foto EDH Cortesía
El caso más reciente fue el de un tuit de Bukele en que llamó “basura” a un periodista y antropólogo que ha investigado el fenómeno de pandillas. Días después, y tras la ola de ataques que se vinieron en su contra tras el tuit del mandatario, el académico tuvo que salir del país. Y como él, al menos tres periodistas más han salido por temor a represalias por sus reportajes.
Lejos de aclarar la situación o rectificar, personajes del oficialismo como el presidente de la Asamblea Legislativa han invitado a los periodistas a salir. “¡Que les den asilo y que se vayan, hombre!, si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan”, dijo Ernesto Castro en la plenaria del 19 de abril.
Asimismo, el pasado 6 de abril, la alianza oficialista reformó el Código Penal para establecer penas de prisión de hasta 15 años para periodistas que publiquen información producida por pandillas y que pueda generar pánico o zozobra a la población.
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Organizaciones dentro y fuera del país que tutelan la libertad de prensa denuncian que esto lleva a la autocensura y a la criminalización del periodismo. Además mostraron que la redacción avalada por los diputados que Bukele controla asemeja normativas vigentes en Nicaragua o Venezuela.
Por otro lado, en noviembre de 2021, una treintena de periodistas recibió una advertencia inusual en sus correos electrónicos: que sus teléfonos celulares podrían estar siendo vulnerados por actores estatales.
Tras auditorías forenses a sus dispositivos se confirmó la presencia del software Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO y que actualmente es uno de los más invasivos en todo el mundo. Centenares de periodistas, actores de sociedad civil y políticos opositores que viven y operan bajo gobiernos autoritarios alrededor del planeta han denunciado haber sido vulnerados con el mismo software que los periodistas salvadoreños.
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Golpe al periodismo, golpe a la democracia
Wilson Sandoval, abogado y experto en transparencia, lamenta que al afectar al periodismo, se golpea a la democracia entera. Esto, pues la sociedad pierde acceso a saber qué se hace con sus recursos y pierde la oportunidad de enterarse de posibles actos de corrupción.
A su juicio, en este momento “sin duda hay una narrativa oficial que se busca imponer, bajo la lógica del amigo-enemigo. Es decir, o eres amigo del Estado o eres enemigo de este”.
Bajo esta lógica, añade, “cualquiera que piensa diferente, disiente, expresa inconformidad o reclama sus derechos, es un enemigo y por lo tanto, debe ser eliminado o suprimido. Los medios de comunicación o periodistas están en tal categoría para el Estado”.
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Ruth Eleonora López, directora del área anticorrupción de Cristosal, considera al periodismo “esencial para que la población exija cuentas” cuando se desmantelan controles entre las instituciones del Estado, como ha ocurrido en El Salvador desde el 1 de mayo de 2021.
Por ello, lamenta que haya una “marcada intención” de ocultarle a la ciudadanía las acciones del aparato público.
Además, coincide con Wilson Sandoval en que aquellos que hacen público lo que el gobierno ha pretendido ocultar son presentados como “enemigos” y son sujetos a represalias por su trabajo. Esto se debe, según la abogada de Cristosal, a que los periodistas independientes “ofrecen a la colectividad datos o situaciones que contrastan y cuestionan la narrativa gubernamental, llevando a su criminalización y estigmatización”.
Este 3 de mayo, cuando el mundo entero reconoce y celebra la libertad de prensa y principalmente la libertad de los ciudadanos de saber qué hacen los gobiernos con fondos públicos, en El Salvador los periodistas están más amenazados que nunca. Y con ellos, el derecho de la población a saber qué hace el gobierno con sus impuestos.