La actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, informó que han diseñado un plan de verificación de la situación de las personas detenidas durante el régimen de excepción.
Explicó que en ese proceso el equipo técnico de la PDDH será acompañado por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori. Las visitas las harán a los centros penales a partir de enero de 2023. Según dijo, para ese cometido ya tuvo un primer acercamiento con Brunori.
“Hemos hablado acerca de la verificación en los centros penales, hemos establecido que para enero, depende de la agenda, para la verificación penitenciaria no solo me acompañe de mi equipo de trabajo, sino con el representante Alberto Brunori, con quien tuve ya una primera reunión, me acompañará en las visitas a las cárceles”, afirmó la procuradora.
Añadió que el plan de verificación no solo contempla las visitas a las cárceles, sino también la aplicación de los “cercos” o retenes militares que desde inicios de diciembre se están ejecutando en varias ciudades del país, comenzando por Soyapango.
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Dentro del plan, la Procuradora afirma que analizarán los casos de personas que sus familiares aseguran que han sido capturadas arbitrariamente y sin tener ningún delito penal en su contra.
“Me he reunido con el director general de la Policía (Mauricio Arriaza Chicas), vamos a instaurar una mesa técnica de manejo de casos, sobre todo los casos en flagrancia, en los que dicen: mi hijo se acaba de graduar, como muchos casos que han sucedido”, afirmó.
Según dijo, se ha reunido también con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; con el director de Centros Penales, Osiris Luna; y la próxima semana prevé un encuentro con el fiscal general, Rodolfo Delgado, quienes también serán parte de la mesa técnica.
“Me interesan las personas con enfermedades terminales, metabólicas, con enfermedades crónicas, el acceso a la salud, la atención oportuna, he visto apertura”, indicó Caballero de Guevara.
Todo lo anterior deviene después de que tomara las riendas de la PDDH hace poco, en donde la buscaron familiares de las personas capturadas. Asegura que ella les ofreció investigar caso por caso y revisar la documentación que le han proporcionado.
Pero además, afirma que ha recibido a familiares de las víctimas de las pandillas, quienes afirman que ahora han perdido el temor de hablar por las amenazas que antes del régimen de excepción existían.
La Procuradora fue juramentada en el cargo en octubre pasado. Quienes la eligieron fueron el partido oficialista y sus aliados. Ante esto, organizaciones de la sociedad civil argumentan que no habrá imparcialidad en las decisiones que tome la funcionaria en cuanto a las capturas de forma arbitraria ejecutadas por las autoridades de seguridad.
Los diputados de oposición no votaron por Caballero de Guevara ni por otro candidato, justificando que todos adolecen de "independencia", lo cual fue denotado en las entrevistas que les realizó la Comisión Política, en donde mostraron que se "alinearon con las políticas del gobierno", especialmente elogiando el régimen de excepción, a sabiendas que mediante ese mecanismo decenas de ciudadanos han sido violentados en sus derechos humanos.
Caballero también fue Procuradora en 2016, pero poco tiempo después y durante su gestión fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), por nepotismo y por el uso de recursos del Estado para beneficio personal.