Un debate integral para garantizar la labor periodística y la sostenibilidad de la diversidad de medios de comunicación en el país. Eso es lo que pide la Mesa de Protección a Periodistas, integrada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Universidad José Simeón Cañas (UCA), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y otras organizaciones.
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Exhortan al Estado Salvadoreño
"Las organizaciones integrantes de la Mesa exhortan al Estado Salvadoreño a que se promueva un debate serio y consciente sobre la urgencia de aprobación de políticas y leyes para proteger la labor periodística, los derechos laborales del gremio y promover la sostenibilidad del ecosistema de medios para garantizar la pluralidad y diversidad de contenidos en lugar de mantener un discurso de odio, de reformas legales mordazas y de acciones de intimidación, vigilancia y acoso contra periodistas y medios no afines al oficialismo", se lee en el comunicado de fecha 10 de enero.
A través de un comunicado, la Mesa se solidariza con los recientes despedidos del Canal 33 y expone la situación que atraviesan los medios de comunicación en el país.
Las organizaciones destacan que "la crisis del canal 33 es solo la punta del iceberg de un problema general que aqueja al sector de los medios de comunicación nacionales: prensa, tv, radio y algunos medios digitales independientes".
En ese sentido, la Mesa señala que uno de los principales problemas no resueltos es el modelo de mercado, el cual está sustentando en buena parte en la pauta publicitaria oficial que sigue siendo utilizada "como método de premio o castigo", según la linea editorial de los medios.
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Seguido de eso, apuntan que el actual gobierno mantiene dicha dinámica con el fin de "afectar la sostenibilidad de los medios".
Bajo mecanismos transparentes
Posteriormente, hacen referencia a "los principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión" publicados en 2011 por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los cuales se plantea que el Estado debe establecer leyes especiales, claras y precisas para criterios adecuados de distribución de pauta oficial", bajo mecanismos transparentes y de control externo".
"La asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial como premio/castigo constituye un mecanismo de censura indirecta que atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley", dicen tales principios.
Finalmente, subrayan que para fortalecer los derechos del gremio periodístico es necesario que el Estado defina una serie de políticas y leyes, "o al menos desarchivar las propuestas presentadas en la Asamblea Legislativa" en años anteriores. Esto en referencia a la propuesta de Ley de Publicidad Estatal presentada en 2020 y a la propuesta de Ley de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Información que fue presentada en 2018, pero que la actual legislatura archivó sin argumentos.