El Foro Nacional de la Salud (FNS) señaló este martes que la "violencia sistémica" del Estado de El Salvador contra las mujeres "se ha intensificado" en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que se ha convertido en la principal medida de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra dichos grupos.
Esta afirmación fue emitida en un comunicado en el que el FNS condenó la violación de una niña por parte de un grupo de soldados en el centro del país.
"Este repudiable acto de violencia sexual, no es aislado, sino una manifestación alarmante de la violencia sistémica infligida a las mujeres desde las mismas instituciones del Estado, situación que se ha intensificado en el marco del régimen de excepción", indicó.
El FNS condenó "enérgicamente la violación sexual perpetrada por miembros de la Fuerza Armada contra una niña de 13 años de edad, en el municipio de Mizata".
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La organización civil exigió también al Estado "garantizar la seguridad, el bienestar físico y emocional de la víctima, su familia y la comunidad".
Destacó que, "a pesar de la represión social que experimentan diariamente y bajo la amenaza de ser procesados bajo la figura del Régimen de Excepción, denunciaron valientemente este atroz crimen".
"Los abusos y violaciones sexuales perpetrados hacia las niñas, adolescentes y mujeres no pueden ser tolerados en ninguna circunstancia", subrayó.
También pidió que se investigue "otros delitos sexuales cometidos en muchas comunidades del país en manos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil".
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La causa penal contra los seis militares vinculados con este caso avanzó a la etapa de instrucción, por lo que una corte ordenó que los imputados permanezcan en prisión provisional.
Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno y entre los hechos generadores se encuentran el acoso y el abuso sexual.
Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido desde 2022 han denunciado amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %) por parte de policías y soldados.